EFICACIA PROCESAL

Recientemente hemos tenido la grata experiencia de compartir dos jornadas de trabajo con colegas de la Secretaría Civil del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén a partir de la amable convocatoria de esa Corte.

Allí, al conocer institutos y procedimientos de la casación neuquina -bien diferentes de aquellos que existen en la Provincia de Buenos Aires y a los que próximamente dedicaremos espacio en estas columnas- tuvimos la oportunidad de comprobar de modo empírico -una vez más- la importancia del federalismo procesal al que en tantas ocasiones hemos aludido[1].

Los diseños de los distintos sistemas procesales que rigen en las diferentes provincias albergan figuras muy interesantes para ser analizadas y, eventualmente, adoptadas en otras provincias argentinas.

Hace tiempo que venimos pregonando respecto de la importancia -en estas épocas de reformas procesales- de mirarnos a nosotros mismos al momento de buscar inspiración y mecanismos que permitan el diseño de una mejor y más eficaz administración de justicia.

Si bien es cierto que no siempre figuras de unas provincias habrán de ser eficaces en otras mediante un simple trasplante normativo, no lo es menos que un instituto que funciona adecuadamente en cierto ámbito de nuestro país tiene más chances de funcionar adecuadamente en otro ámbito de la Argentina -con las adaptaciones que sean pertinentes- que un mecanismo procesal proveniente del extranjero, ámbito al que suelen acudir con avidez -por lo común- quienes son encargados de llevar adelante los trabajos preparatorios de una reforma legal en este campo.

El derecho procesal extranjero ha cautivado siempre a quien ha sido llamado para elaborar proyectos de leyes rituales.

Daría la impresión de que su origen -foráneo- fuera, por esa sola circunstancia, garantía de calidad.

Inclusive, se suele promocionar la bondad del instituto evocando el éxito que el mismo evidencia en el contexto nacional del cual se lo importa.

Nada más errado.

La mejor prueba del error de esta “falacia extranjerizante” es, justamente, la posición filosófico-político-jurídica que subyace al federalismo procesal que luce en nuestra Constitución Nacional y que enseña, en muy sintética expresión, que cada realidad provincial debe poder contar con un proceso adaptado a sus particularidades.

Siendo entonces una prerrogativa constitucional de las provincias contar con una ley procesal autóctona, que responda a sus necesidades y realidad locales, si su legislatura adopta un instituto novedoso ello sólo puede hacerse a partir de un estricto test de pertinencia que tenga en cuenta el modo en que la figura habrá de desenvolverse en un concreto contexto social y cultural.

La funcionalidad de una figura nueva nunca puede ser admitida a priori. Mucho menos, por razones de origen. Y mucho menos aún cuando su origen se encuentra en países con historia, cultura e idiosincrasias muy diferentes a las nuestras.

Ello lo observamos con total evidencia cuando se promociona con entusiasmo la incorporación a nuestro derecho procesal de figuras propias del régimen procesal estadounidense sosteniéndose “las claras ventajas” de tales institutos.

Todo ese entusiasmo se desmorona cuando se conoce la forma en la que la sociedad estadounidense funciona en general y en particular, en lo que hace a su relación con el sistema de justicia.

Hace pocas semanas tuvimos la ocasión de ver en terreno este fenómeno -el del funcionamiento del proceso norteamericano y la interacción de ciudadanos, abogados y jueces de ese país- y lo que ya sabíamos surge corroborado de manera dramática: las diferencias que existen entre esa sociedad y la nuestra en lo que hace a la forma que tienen los ciudadanos de relacionarse entre sí, con los abogados y con sus jueces en un contexto de proceso judicial (por referir sólo a uno de los aspectos involucrados en este análisis) son abismales.

No hacemos en este momento un juicio de valor respecto de esas y estas conductas. Sólo destacamos -con énfasis- que son profundamente diferentes a nuestras conductas en igualdad de situaciones.

Ergo, mal haríamos en implantar en nuestro ámbito -tan diferente socialmente- mecanismos que resultan eficaces en aquel contexto.

Por supuesto, no propiciamos el “cierre de fronteras” procesal. Muy importantes son las experiencias legislativas de países y regiones que evidencian mayor proximidad sea cultural -por caso, España o Italia y, en general, latinoamérica-, sea geográfica -nuestros países limítrofes- que bien pueden ser tenidos en cuenta y, si aquel test de pertinencia es superado, pueden brindarnos figuras que habrán de ser utilizadas en nuestro ámbito.

Pero, insistimos, antes de buscar afuera, revisemos dentro de nuestra casa. Aún así -quizás- haya que hacer adaptaciones para ganar en eficacia, pero seguramente no serán tantos los cambios cuando los institutos provengan de una provincia hermana.

[1]Entre otros, Camps, Carlos E., “El federalismo procesal luego de la reforma del Código Civil y Comercial”, Revista del Código Civil y Comercial, mayo 2017, La Ley.

 

La eficacia procesal -concebida como derecho humano- busca, por un lado, identificar cuáles son los particulares requerimientos, aquellos con urgencia, grave entidad o merecedores de especial protección, de la gente que acude a los tribunales y, por el otro, seleccionar, diseñar –si es necesario- y aplicar los procedimientos que más rápido y de mejor modo brinden una respuesta útil a ese reclamo.

En tal camino nos hallamos desde hace tiempo, proponiendo formas de análisis, argumentos y figuras que puedan servir para estos objetivos.

Partiendo de estas mismas intenciones –loables, por cierto- encontramos casos donde las figuras propuestas, por su diseño, desconocen innecesariamente derechos y garantías de sujetos intervinientes en los procesos, perjudicándolos e –indirectamente- perjudicando el trámite al dejar instalado el germen de la invalidez o nulidad de un trámite completo o de parte esencial de él.

Estas figuras son las que nos colocan en el lado oscuro de la eficacia procesal.

Citaremos aquí dos casos de institutos –de diferente origen y operatividad- que entendemos incluidos en esta categoría: la de figuras concebidas para ganar en eficacia pero que violan o desconocen principios también basales del proceso generando actos procesales endebles, claudicantes.

Uno de ellos es el caso de las denominadas medidas autosatisfactivas.

Se encuentren o no reguladas en normas rituales, el formato de respuesta judicial ante el solo pedido de una de las partes sin que la otra cuente con posibilidad de alegación y prueba antes o después de la adopción de la medida, es inválido por violentar -innecesariamente, insistimos- el basilar derecho constitucional y convencional de defensa en juicio, que tiene en la regla de la contradicción una de sus más prístinas manifestaciones.

El actor pide y el juez concede: el sujeto requirente, feliz. Satisfecho. Su abogado y el tribunal son, para él, la viva imagen de la eficacia. Ello así hasta que llega la noticia de que el trámite fue invalidado por una instancia judicial revisora. Y se debe devolver el dinero recibido[1]. O sucumbe –bajo el peso de la nulidad- la prestación médica obtenida autosatisfactivamente[2].

Creemos –y lo hemos dicho desde antiguo- que el argumento de la eficacia, con relación a la autosatisfactiva, es falaz: no es cierto que sea esa la única vía eficaz para proteger ciertas situaciones graves o urgentes. Con los mismos alcances y efectos protectorios y en el mismo tiempo[3] se consiguen medidas cautelares tradicionales, vinculadas siempre a un proceso de conocimiento principal en cuyo contexto se dará el debate pleno que brinda validez a la medida protectoria y provisoria obtenida con urgencia.

No es posible, en suma, construir la eficacia procesal sobre el desconocimiento del básico derecho de defensa de la contraparte. Ello agravia al demandado –en primer lugar- y también al actor, ya que lo que se consigue fácil y rápido autosatisfactivamente, del mismo modo puede caer por este grave vicio, quizás el más grave dentro del mundo del proceso judicial[4].

El otro caso de figura que busca la eficacia procesal pero desconoce otras garantías, también valiosas, es la del certiorari argentino incluida en el CPCCN en su art. 280.

No desconocemos la importancia de la eficacia procesal en la casación. Mucho menos en la casación federal: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cimero y señero tribunal argentino, debe poder gerenciar adecuadamente el cúmulo de causas que llegan a su decisión para poder dedicarse a ellas con la atención y detenimiento que su alta misión reclama. El atiborramiento, la sobrecarga atentan claramente contra la eficacia de esta fase del proceso.

La necesidad de resolver este problema –operativo- ha sido el factor motivante de la norma incluida en el art. 280 CPCCN. Sin embargo, creemos que del modo en que se concibió el instituto, el legislador ha otorgado a la Corte Suprema una autorización para dictar sentencias arbitrarias: el formato de respuesta que se brinda aplicando la figura del art. 280 CPCCN, creemos, no constituye derivación razonada del derecho vigente de acuerdo con las circunstancias comprobadas de la causa[5]. Mucho menos es una decisión razonablemente fundada, como hoy lo reclama el art. 3 del Código Civil y Comercial de la Nación[6].

Se trata, una vez más, de una figura que pudo haber sido eficaz en su objetivo de reducir el trabajo del Máximo Tribunal, pero que sacrifica innecesariamente la calidad de las respuestas vulnerando –entendemos- el derecho a una sentencia razonablemente fundada que indique, aunque sea escuetamente, los concretos motivos del rechazo de un recurso extraordinario federal que, para este momento, debió haber superado las vallas formales de la acordada 4/2007[7].

En suma, en estos tiempos en los que se trabaja en la reforma de normas procesales en todo el país, no debemos olvidar que para que la eficacia procesal nos muestre su rostro más diáfano debe construírsela sin sacrificar innecesariamente otros principios, reglas o garantías también protectorios.

De lo contrario, nos veremos envueltos en las penumbras de su lado más oscuro.

 

[1] Ver el ya antiguo caso “Kiper” (CS, causa “Banco de la Ciudad de Buenos Aires” sent. del 28/12/2001 [JA 2002-I-230])

[2] Saludablemente, cuando ello ocurrió en un caso del fuero de familia bonaerense, la SCBA reemplazó la inválida orden autosatisfactiva por una medida cautelar tradicional que coincidía en cuanto al contenido y alcance relativo a las prestaciones de salud que requería el paciente menor de edad (“C., M. y otra v. Osmecon Salud. Amparo”, causa Ac. 90868, sent. del 15/12/2004. Leerlo completo aqui: c90868).

[3] Y hasta quizás de oficio, de acuerdo con interpretaciones que pueden hacerse de la pretensión preventiva de daños que trae el Código Civil y Comercial unificado. Camps, Carlos C., “La pretensión preventiva de daños”, Revista del Código Civil y Comercial, número 2, agosto 2015. La Ley.

[4] La violación al derecho de defensa en juicio es una de las pocas, si no la única, razón que puede justificar una declaración de nulidad procesal de oficio. Véase el fallo “C.M.” citado en la nota 2 así como el caso que da lugar al fallo de la SCBA, causa C. 121.570, “Charlón, Emilio Alfredo. Incidente de nulidad” en autos “Asociación Médica de Lomas de Zamora S.A. Quiebra”, sent. del 8 de noviembre de 2017. Leerlo completo aquí: c121570.

[5] Concepto básico de sentencia arbitraria acuñado por la Corte nacional.

[6] Camps, Carlos E., “La sentencia ambiental razonablemente fundada”, Revista de Derecho Ambiental  N° 43 Julio/ Septiembre 2015. Abeledo Perrot

[7] Insistimos es que ello ocurre innecesariamente ya que, como explica Palacio, el trabajo de la Corte previo al dictado de una resolución en base al art. 280 es minucioso. Este tipo de providencias se adoptan –según este autor- luego del análisis del caso y ante la existencia de alguna circunstancia que lleva a su rechazo. Entendemos que muy poco costaría indicar esa o esas circunstancias –aún de modo  escueto- en el despacho de rechazo. Ello es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires cuando aplica la figura del art. 31 bis de la ley 5827. Camps, Carlos E., “El mal llamado certiorari bonaerense y la eficacia del proceso en casación”, Jurisprudencia Argentina -Abeledo Perrot-, tomo 2012-II-03.

En la provincia de Buenos Aires, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 3886/2018 dictado por la Suprema Corte de Justicia prevista para el primer día del mes de junio de 2018, la forma de trabajar de los abogados y de los juzgados habrá de cambiar profundamente: las presentaciones ante el tribunal deberán realizarse, por regla, de manera remota y mediante formato digital.

La norma dictada viene a cerrar un proceso evolutivo que se inició con experiencias piloto mediante las cuales eran los letrados quienes voluntariamente adherían al sistema al decidir utilizar el recurso de la presentación electrónica para hacer peticiones en determinados órganos judiciales seleccionados al efecto (ver Acuerdo SCBA 1827/2012). Es decir, en el marco de un proceso donde la regla –secular- era la de la presentación en papel, se instala una fase de prueba con presentaciones electrónicas. Luego, se pasó a la etapa de la convivencia  o coexistencia de sistemas hasta llegar, hoy, con la norma dictada de inminente aplicación, a la instauración de la regla opuesta de aquella de la que partimos: las presentaciones judiciales deben ser electrónicas -ello como principio- quedando las presentaciones en soporte papel ubicadas en el plano de la excepción.

Se trata de un paso importantísimo para el derecho procesal electrónico de la Provincia de Buenos Aires. Es una medida decisiva en el camino hacia el expediente judicial electrónico.

Corresponde, ahora, observar si la forma utilizada por la norma para adoptar esta modalidad de actuación profesional –nada menos que el modo de requerir ante los estrados judiciales- se observa respetuosa de la regla de la eficacia procesal. Creemos que esta es la debida pauta de control de validez de las normas que, como la que motiva estas reflexiones, exhiben contenidos procesales[1] . Si bien este confronte persigue, como fin último, lograr que los formatos procedimentales sirvan para dar concreta, efectiva y útil vigencia a los derechos de fondo en juego también –como parte de ello- la debida adecuación de los trámites a estas reglas contribuye a dotar de certeza, sencillez, racionalidad y previsibilidad a los mecanismos que se implementan con aquel objetivo.

Cualidades éstas –certeza, sencillez, racionalidad y previsibilidad- que son especialmente exigibles en el marco del derecho procesal electrónico, campo donde debemos sumar las inquietudes que naturalmente genera el ingreso del proceso judicial a la dimensión digital[2].

La Ley Buenos Aires –en una edición especial dedicada a abordar esta reglamentación que puede hallarse aquí– publica este mes una serie de trabajos muy valiosos.

Allí escriben los abogados Gastón E. Bielli, Andrés L. Nizzo, Gabriel H. Quadri, Carlos J. Ordóñez y Matías D. Álvarez Chaffer.

Destaco muy especialmente la mirada que estos autores tienen y brindan sobre la cuestión.

Todos son jóvenes colegas. Esto –la cuestión etaria- no es un dato intrascendente en este contexto: se trata de profesionales que conviven cómodamente con el formato digital. Muchos de ellos son gamers, otros bloggers, todos utilizan con naturalidad y asiduidad las redes sociales. Esto es, usan y disfrutan sin inconvenientes los nuevos formatos. Se manejan en ese mundo con soltura. Y, justamente por ello, saben qué puede funcionar mejor o de otro modo.

Asimismo, son abogados.  Algunos son profesionales independientes, otros se desempeñan como funcionarios judiciales, pero todos conocen el derecho y en especial, el derecho procesal. Además saben el modo en que el oficio se ejerce en lo cotidiano –de un lado y del otro de la Mesa de Entradas- y, por ello, pueden ver anticipadamente cómo va a impactar el cambio tecnológico en los procesos judiciales tal como hoy están regulados.

Finalmente, les preocupa el modo en que se intenta modificar la forma de ejercer el derecho. Buscan que la novedad traiga ventajas y no inconvenientes en la implementación. Creen fervientemente en que el cambio es para mejorar y aportan ideas y tiempo –en conferencias, en tareas de asistencia a colegas, en cursos- para que los abogados vean facilitada su labor en estos momentos de mutaciones y adaptaciones.

Por todo ello, dedico estas palabras a destacar el inteligente análisis que los mencionados colegas han hecho del Acuerdo 3886 y expreso mi coincidencia con las observaciones que realizan.

Invito, pues, a leer in extenso los trabajos mencionados y a reflexionar acerca de cómo estamos transitando esta fase intermedia hacia un proceso electrónico eficaz.

[1] Camps, Carlos E., “Eficacia como estándar hermenéutico para la validez de normas procesales: breves reflexiones sobre el caso del arbitraje en el Código Civil y Comercial”, Revista del Código Civil y Comercial, junio 2016, La Ley.

[2] Camps, Carlos E., Notificaciones electrónicas, Erreius, Buenos Aires, 2017.

 

 

En pocas horas más concluirá la feria judicial de verano.

En jurisdicciones donde se encuentre implementado un sistema de presentaciones electrónicas como el que rige en la Provincia de Buenos Aires, una gran número de escritos se tendrán por presentados el primer minuto de la primera hora del horario de tribunales del día 1° de febrero.

Esta cantidad de presentaciones es, comparada con la que habitualmente se encontraban en las mesas de entradas cuando solamente podían ser introducidas en soporte papel y presentadas por alguien -el letrado, algún asistente del estudio o la parte misma- en persona y para lo cual debía concurrir a los tribunales durante el receso y, finalmente, conseguir que se le permitiera ingresar pedidos no urgentes, muchísimo mayor.

Este fenómeno puede ser visto desde dos ángulos, desde los dos extremos de esta nueva forma de comunicación entre la justicia y los asistentes técnicos de las partes.

Del lado de los letrados, consideramos que la ventaja es fenomenal: una mesa de entradas judicial siempre abierta y accesible desde cualquier lugar del planeta vía web, para remitir –luego de ingresar al sistema mediante los mecanismos de autenticación que en cada caso se establecen- escritos al órgano judicial en el que tramita el proceso a toda hora de todo día del año.

Y esta ventaja, además de fenomenal es real y actual: ya, inmediatamente, se generan y palpan los beneficios para el ejercicio de la profesión por la comodidad y libertad que brinda esta forma de interactuar con el juzgado (a continuación veremos si podemos pregonar lo mismo respecto de los efectos, en el actual contexto, respecto de una adecuada defensa de los derechos de sus asistidos).

Del lado del órgano judicial, la situación ventajosa –atendiendo a una eficaz  prestación del servicio de justicia- no resulta tan clara.

En circunstancias como la descripta –y que se habrán de repetir, en menor escala, luego de la feria de invierno y, también, después de cada feriado puente o extendido- la administración de justicia se encuentra con un aluvión de presentaciones –las que pudieron remitirse vía web desde que concluyó el horario judicial del último día hábil de diciembre de 2017 hasta el inicio del primer día hábil de febrero de 2018- que se generaron mediante un sistema nuevo (el que permite el derecho procesal electrónico[1]) al que en muchas jurisdicciones se le deberá brindar respuesta en base a un sistema viejo: el que contempla el derecho procesal tradicional, de raíz decimonónica, basado en la papelización casi absoluta y que en modo alguno contemplaba –ni siquiera imaginaba- la posiblidad de que los abogados ejercieran su profesión a distancia.

Muy concretamente, a la parva de presentaciones que se considerarán presentadas el primer día hábil de febrero[2] (y que, en realidad, se acumularon en los servidores oficiales durante todo enero), el juez deberá darles respuesta en tres días hábiles, de acuerdo a normas como la del art. 34.3.a] del CPCCBA.

Dejamos aquí de lado las cuestiones urgentes, ya que de poseer esta naturaleza tal petición tuvo que haber sido atendida durante la feria judicial mediante la figura de la habilitación de días inhábiles[3].

Esta situación de atiborramiento de trabajo al inicio del año judicial genera inexorablemente una necesidad de respuesta diferente para evitar disfuncionalidades y demoras.

Claramente, hoy, quedará en manos de cada juez organizar la tarea para que el impacto de esta circunstancia –absolutamente previsible- no sea tan alto en el desempeño cotidiano de la dependencia, generando atrasos en los juzgados que no lo tienen o agudizando el que pueda existir.

Desde la mirada de la eficacia procesal entendemos que resultaría más adecuado un abordaje más integral –y previo- de este tipo de problemáticas. Esto es, no dejar solo al juez para que resuelva como pueda aquello que es previsible.

Y tan previsible es su acaecimiento como la necesidad de idear estrategias para evitarlo.

Entre esas estrategias –que resultarían aplicables, en general, a toda esta transición hacia el proceso digital[4]– podríamos incluir la adaptación de aquellas previsiones legales relativas a dos aspectos centrales de los actos procesales: la dimensión temporal y la espacial.

La dimensión espacial ha sido ya impactada fuertemente con la aparición de los domicilios procesales electrónicos así como con las mesas de entradas virtuales y la subasta electrónica –por dar los casos más emblemáticos[5]-. Muchísimas normas legales hoy vigentes relativas al lugar  de realización de actos procesales colisionan con el nuevo diseño de estas figuras. Y deben ser adaptadas.

En lo que hace al tema de estas reflexiones, la nueva dimensión temporal de los actos procesales debe contemplar necesariamente el efecto del derecho procesal electrónico en este punto.

Lo que va a ocurrir el primer día de febrero debería hacernos pensar sobre la necesidad de generar un sistema de plazos diferente, que contemple estas situaciones excepcionales pero previsibles que, por otro lado, resultan fomentadas por el sistema y, cierto es, exhibe claras ventajas para el ejercicio profesional de los letrados.

Ello así para que los juzgados cuenten –en casos de este tipo, de esperable aumento temporario de escritos a despacho-  con herramientas normativas o reglamentarias que les permita dar respuesta adecuada (de eso se trata la eficacia procesal) al especial cúmulo de peticiones de trámite general, contemplando en todos los casos –como se dijo- la posibilidad de atender de manera inmediata un requerimiento cuando la situación de urgencia lo justifique.

[1] Camps, Carlos E., Tratado de derecho procesal electrónico, Obra colectiva, Carlos Enrique Camps -Director y coautor-, La Ley, Buenos Aires, 2015.

[2] En Buenos Aires, de acuerdo a lo que establece el art. 6 de la Resol. 1827/12 de la SCBA, que literalmente reza: “Artículo 6 (momento en que opera la presentación): La presentación se tendrá por efectuada en la fecha y hora en la cual el documento digital ingresó al Servidor de Presentaciones Electrónicas y quedó disponible para el organismo de destino. En aquellos casos en los cuales la presentación electrónica se registre fuera de los días u horas hábiles, se tendrá como fecha al primer día hábil siguiente a la presentación electrónica, y como horario de presentación a la hora de apertura de atención judicial”.

[3] Para lo cual, también se han previsto formatos especiales. Ver la Resol. 1253/17 de la SCBA. Allí se diseñan los mecanismos para efectuar presentaciones urgentes durante las ferias judiciales. Y, para las presentaciones no urgentes, en el art. 3 se ratifica la aplicabilidad del art. 6 de la Resol. 1827/12 trasncripto.

[4] Camps, Carlos E., “Nuevo paso de la Corte Nacional en la senda del proceso electrónico”, Temas de Derecho Procesal, octubre de 2017. ERREIUS.

[5] Camps, Carlos E., “Hacia el proceso electrónico”, La Ley, 1° de febrero de 2016.

En los primeros días de enero leíamos la siguiente carta de lectores, publicada en el diario La Nación del sábado 6 de enero de 2018:

La feria judicial

A propósito de la nota “La injusticia de la feria judicial”, quisiera señalar que en el Fuero Civil, al que pertenecemos y conocemos, durante la feria funcionan cuatro juzgados, tres de ellos con competencia en asuntos de familia (menores, alimentos, capacidad) que resuelven casos urgentes. Las seis horas diarias son de atención al público; la mayoría de los empleados, funcionarios y jueces continúan trabajando más allá del horario e incluso los fines de semana, como quienes escriben estas líneas. Creer que el acceso permanente a la Justicia, como derecho, se resuelve con un cambio de horario revela el desconocimiento del sistema. Para su buen funcionamiento requiere la creación de más juzgados, centros de mediación efectivos y recursos del Estado eficientes dirigidos a la niñez, adultos mayores, personas con capacidad restringida y personas de escasos recursos. Los judiciales (empleados, funcionarios y jueces) nos esforzamos día a día (y muchos de ellos más allá del horario) para brindar el mejor servicio de justicia, a pesar de los obstáculos mencionados, que no son los únicos, y esta es en parte la razón de por qué no ha colapsado aún el fuero. Creer que el sistema de Justicia va a mejorar con los cambios que propone el autor de la nota es ignorar el problema real.

José Abram Luján – DNI 17.786.903 – María Fernanda Dorador – DNI 23.221.255

He aquí la opinión de dos ciudadanos respecto de lo afirmado unos días antes en el mismo periódico, en una nota en la que se cuestionaba la permanencia de la feria judicial, proponiéndose su eliminación.

Ello se enmarca en un movimiento –cada vez con mayor repercusión mediática- por el que se intenta instalar la idea de que eliminando las ferias judiciales y poniendo a trabajar a los tribunales durante ese tiempo, la justicia habrá de mejorar.

Al igual que los autores de la carta referida, entendemos que “creer que el sistema de Justicia va a mejorar con los cambios que propone el autor de la nota es ignorar el problema real”.

Para mejorar la justicia de los fueros civil y comercial y asimilables -excluyendo la materia penal, con un procedimiento y prácticas particulares sobre el que nos abstenemos de opinar por ubicarse fuera del ámbito de nuestra especialidad- se debe ganar en eficacia.

Y la búsqueda de la eficacia procesal no se trata simplemente de eliminar ferias, reducir recesos o habilitar días y hora inhábiles. Es algo más complejo que eso. La sola medida propuesta de eliminar ferias no mejorará las cosas sino que, con seguridad, habrá de empeorarlas: un juzgado ineficaz pasará, ahora, a ser ineficaz full time.

El desafío es otro: lograr que el juzgado se vuelva eficaz.

Un juzgado eficaz, entre otras virtudes, se organizará de diferente modo, aplicará oralidad en los casos en que se justifique, tendrá la posibilidad de discriminar qué pretensión requiere de una respuesta inmediata y protectoria y la dispondrá cuando corresponda –aún de oficio si procede-, resolverá en tiempo razonable el resto de los trámites de acuerdo con los requerimientos derivados la complejidad del caso –siempre en la confianza de que se han tomado las decisiones de adelanto de tutela que el tipo de derecho en juego imponga-, etc.

Ello puede ser llevado a cabo perfectamente sin eliminar las ferias judiciales. Por el contrario, nada asegura que la mentada eficacia se logre con solo eliminar las ferias.

Las ferias judiciales como hoy están concebidas constituyen una forma de organización  del trabajo en los tribunales y, por vía indirecta, de los profesionales del derecho que ante ellos litigan.

Aún con ellas vigentes se debe exigir –insistimos- eficacia procesal. La protección y amparo que los ciudadanos necesitan de los tribunales debe ser eficaz.

El sistema debe funcionar de modo que las respuestas eficaces se brinden siempre, independientemente de los períodos de feria y más allá de ellas: son muy frecuentes –aunque nunca divulgadas- las tareas judiciales que se realizan por fuera del horario diario e, incluso, durante fines de semana y, en muchísimos casos, las ferias judiciales para dar esas respuestas eficaces a las que venimos aludiendo.

Como siempre ocurre, lo que es noticia y brinda argumentos para quienes proponen medidas como las que aquí nos ocupan, son los casos de demoras y respuestas judiciales ineficaces y frustratorias de derechos. Estos casos –que no son la mayoría dentro de los tribunales- evidencian una mala forma de gestionar. Y tales prácticas viciosas no se resolverán simplemente aumentando el tiempo laboral al eliminar ferias.

La clave está en la mejora de la calidad de la gestión.

Una correcta gestión tribunalicia deberá organizar cada una de las dependencias de modo de brindar el grueso de esas respuestas eficaces durante el tiempo hábil y prever –como hoy están previstos- mecanismos para que existan también respuestas eficaces y protectorias para los casos que las reclamen durante las ferias: jueces de turno, guardias judiciales, etc.

Con el advenimiento del derecho procesal electrónico, se desvanece otro de los argumentos que se utilizan para proponer la eliminación de las ferias, cual es la necesidad de contar con más tiempo con el juzgado abierto para la atención al público. En los tribunales, la atención al público se vincula –en su casi absoluta totalidad- a la presentación de peticiones y consulta de estados de trámite por parte de los letrados de las partes. Hoy todo ello puede hacerse de modo remoto durante todas las horas de todos los días del año desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de asistir al edificio donde funciona un tribunal abierto.

Por supuesto que la mejora de la gestión tribunalicia que busque la eficacia procesal es una tarea ardua que involucra no solamente a los actores principales –jueces y funcionarios judiciales- sino también –y de modo esencial- a los poderes judiciales de los que dependen, que deben proveer de políticas de acompañamiento y control de gestión donde se planifique debidamente –por agentes que conozcan a fondo el particular funcionamiento de una oficina judicial-, se fijen indicadores cualitativos y cuantitativos de trabajo judicial, se fijen metas de cumplimiento ajustadas estrictamente a la tarea de una dependencia concreta –ponderando tanto la masa de trabajo existente, como el tipo de tareas y la dotación de recursos humanos y de infraestructura con los que cuenta-, se monitoreen avances, se brinden las apoyaturas necesarias y, luego de toda esa batería de medidas y asistencia, se observen –y hasta sancionen- los incumplimientos y demoras injustificadas.

Quitar las ferias judiciales es una medida rápida y simple. De ese modo, todas las dependencias del poder judicial estarán abiertas más tiempo. Sin embargo, como dice la carta de lectores, ello no soluciona “el problema real”. Ello, por sí solo, no logrará lo verdaderamente importante: que el poder judicial trabaje mejor al prestar un servicio de justicia más eficaz.

Los ciudadanos, todos, necesitamos en forma imperiosa de un juez comprometido con los mandatos de la eficacia procesal y que cuente con la preparación y los recursos suficientes para brindarla, no un juez que simplemente pase más horas sentado en su despacho.

Ancianos, chicos, personas y familias desgarradas por la pobreza o por situaciones que afectan su salud o generan discapacidad… he aquí -junto con otros sectores de nuestra sociedad- a grupos de prójimos que requieren de un trato especial, de un cuidado diferente.

Se trata de sectores vulnerables que hoy -muchos de ellos- cuentan con estatutos de protección internacional y, mejor aún, con una cada vez mayor visibilización de sus problemáticas y necesidades.

Falta todavía que el sistema de protección oficial brinde las respuestas concretas que reclama cada una de las personas inserta en esos grupos para que puedan gozar en plenitud de los derechos que les corresponden.

Desde lo judicial, los procesos deben -en este campo- atender PRIORITARIAMENTE las problemáticas que subyacen a las demandas en las que están en juego este tipo de intereses. En tal formato de respuesta de los jueces está la médula -jurídica y humanitaria- de la eficacia procesal.

Como valioso aporte en esa senda, celebramos la aparición de la obra Tratado de la vulnerabilidad, importante obra colectiva -en la que hemos tenido el enorme gusto de participar- sobre estas cuestiones de imprescindible abordaje.

 

En el número de diciembre de La Ley Buenos Aires se publica la segunda parte de la edición especial dedicada a analizar las cuestiones que genera este importante cambio normativo, con directo impacto en temas de alta trascendencia como son la retribución del trabajo de los abogados, el costo del proceso y la calidad de la defensa de los derechos de la gente.