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Por Carlos E. Camps.

Publicado en: RCCyC 2020 (agosto) , 5. Cita Online: AR/DOC/2280/2020

SUMARIO: a. Introducción: la pandemia del año 2020. b. La firma digital en el Código Civil y Comercial del año 2015. c. Digitalización del proceso judicial: el derecho procesal electrónico eficaz. d. Las firmas no ológrafas en el derecho procesal electrónico bonaerense dictado durante la emergencia sanitaria. d.1.Resolución 10/20 de la Presidencia de la SCBA. d.2. Acuerdo 3971/20 de la SCBA. d.3. Acuerdo 3975/20 de la SCBA. e. Cierre.

Introducción: la pandemia del año 2020.

Cuando el legislador nacional, en el año 2015, nos entregó a los argentinos un digesto civil y comercial unificado no pudo imaginar que algunas de las normas que adquirían rango de ley codificada serían esenciales, un lustro después, para dar andamiaje y validez legal a formas de conductas en interferencia intersubjetiva durante la catástrofe sanitaria de escala mundial que está causando el COVID-19.

La pandemia en la que nos hallamos inmersos, entre otras muchas graves consecuencias, generó la necesidad de adoptar políticas sanitarias gubernamentales dirigidas –en síntesis- a evitar la circulación y el contacto directo entre las personas para limitar las posibilidades de transmisión de un virus contra el cual la medicina aún no ha hallado medidas preventivas.

Se ha alterado, así, gravemente el sustrato de la conducta humana que entra en interferencia intersubjetiva, siguiendo las enseñanzas de Carlos Cossio[1].

Desde siempre, el hombre se relacionó con su prójimo cara a cara, frente a frente. De este modo se cerraban los tratos civiles y comerciales, en muchos casos sellados con un apretón de manos como demostración del firme compromiso de cumplir la palabra así empeñada. Cuando el negocio adquiría otra trascendencia, se recurría a fórmulas y ritos sacramentales para dejar una huella más perenne de la convención celebrada en el espíritu de los contratantes e, incluso, de terceros: los testigos que asistían a la celebración de tal acto jurídico.

Eso solo cambió con la intermediación del papel, la escritura y la firma.

Desde hace siglos, las formalidades rituales, gestuales y verbales de los actos de la vida civil fueron reemplazadas –casi en su totalidad- por la forma escrita que, sea solo entre particulares o sea ante ciertos sujetos investidos de fe pública, era siempre coronada por la rúbrica del autor (o algún sucedáneo de ella como la firma a ruego o la aplicación de la huella dactilar).

De ese modo, la forma escrita vino a simplificar la celebración de actos de la vida civil y favoreció el tráfico, ya que los papeles podían viajar por correo y de ese modo no era necesario que el entrelazamiento de la voluntad negocial de las partes se concretara al mismo tiempo y en un mismo lugar, aquél en el que, otrora, debían necesariamente encontrarse reunidos los contratantes cara a cara.

Este formato sustentado en el papel, la tinta y la firma, simple y primitivo, es el que aún nos rige. Es el que está regulado en la legislación de derecho privado de todas las naciones, incluido nuestro Código Civil y Comercial.

Sin embargo, este formato sigue requiriendo del vínculo humano tradicional, mediato o inmediato.

Varias personas se deben ponen en contacto, en forma directa, manifestando sus voluntades de viva voz o bien, de modo indirecto, expresándose por escrito a través de papeles -que pasan de mano en mano- en este modo de interactuar. En situaciones sencillas y cotidianas, solo estarán los contratantes (cliente y vendedor). En operaciones más complejas, además de los contratantes o grupos de éstos, aparecerán escribanos, asesores legales, asistentes administrativos, empleados de correos, carteros, etc.

Pues bien, hoy –en tiempos de aislamiento social- nos hallamos imposibilitados de utilizar este formato, el que requiere de contacto humano directo o a través de medios que, incluso, pueden ser portadores de virus (papeles).

Ello ha motivado que la sociedad utilice medios alternativos para relacionarse, cuando el modo directo se encuentra vedado por razones sanitarias.

Aparece aquí, entonces, el modo virtual.

 

La firma digital en el Código Civil y Comercial del año 2015.

Desde hace varios años la sociedad toda utiliza, junto al modo directo, este modo virtual para vincularse. Con el invalorable auxilio de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) el hombre comenzó a reemplazar el contacto cara a cara o a través de medios físicos (el papel) por medios tecnológicos que en un principio permitieron transmitir la voz de las personas y  luego las imágenes tanto de las personas como de los documentos firmados en papel. Tiempo después, recién en la fase de la completa digitalización de estas nuevas formas de intercambio de información, se halló el modo de brindar certeza y seguridad al tráfico. Certeza y seguridad que venía a competir con la certeza y seguridad que a la humanidad le había brindado desde hace centurias la rúbrica con tinta estampada en un papel. La informática brindaba medios seguros de firmar sin tinta documentos sin papel.

Aparece aquí unos de los conceptos más revolucionarios en la vida de relación de la humanidad, algo que va a modificar profundamente las formas de comunicarnos, vincularnos, negociar, crear, trabajar, investigar: el documento electrónico.

Si bien el documento electrónico existe hace varias décadas entre nosotros, más precisamente desde que dejamos de escribir de modo manuscrito o con máquinas mecanográficas para utilizar procesadores de textos, no eran muchos los ámbitos de la vida civil en los que podía funcionar válidamente en su soporte original –el medio digital-.

De allí que era necesario papelizarlo (imprimirlo) para así, aplicarle el único sistema que conocíamos para dar certeza a ese contenido: la firma ológrafa.

Como siempre ocurrió en la historia de la humanidad, fue el ámbito del derecho comercial el que primero recogió estas prácticas y observó su utilidad para facilitar el tráfico. La costumbre comercial comenzó a reconocer validez a transacciones comerciales, bancarias, financieras, etc. en base a documentos electrónicos con diferentes formatos de autenticación en reemplazo de la firma ológrafa.

Es recién con la ley de Firma Digital[2] cuando el legislador nacional recepta, como parte integrativa del derecho civil argentino no codificado, estos sistemas de firma no ológrafa dotándolos de valor legal –en ciertas condiciones- equivalente a la firma manuscrita de tradición secular.

Unos años después, el mismo legislador nacional nos brinda un Código Civil y Comercial que, ahora como parte integrativa del derecho privado codificado argentino, incluye el instituto completo del instrumento electrónico al regular uno de sus elementos clave: la firma digital.

Esta incorporación al nuevo digesto brinda definitiva recepción en nuestro derecho interno a un tipo de formato de conductas en interferencia intersubjetiva que no depende para su validez del contacto frente a frente de las personas ni tampoco de la intermediación de elementos corpóreos como el papel.

Estos formatos que hasta el inicio del año 2020 eran muy útiles por exhibir muchas ventajas respecto de las figuras tradicionales, a poco de andar durante el corriente año, con la aparición de las medidas de aislamiento social, se tornaron imprescindibles.

Lo señalábamos al inicio: el legislador del 2015 no pudo siquiera imaginar la trascendencia que tendría para la vida civil de los argentinos las figuras del instrumento y firma digitales durante la pandemia del 2020.

Forzado por la necesidad, hoy muchas actividades sociales, comerciales, laborales, administrativas, se realizan a través de medios telemáticos, documentándose digitalmente.

Hoy utilizamos necesariamente sistemas de interacción humana no presenciales tales como el home banking, e-commerce, e-learning, etc. La medicina y la psicología en muchas de sus ramas se ejerce vía remota, telemática. El streaming reemplaza el encuentro cara a cara con el otro o los otros, sea en el campo de las disertaciones académicas, el show business o la simple actividad social. El teletrabajo está funcionando de modo cada día más generalizado, aún en sectores donde ello era impensable –por caso, el tribunalicio- al mismo tiempo que se debate acerca de su marco regulatorio legal[3].

 

Digitalización del proceso judicial: el derecho procesal electrónico.

Y así llegamos al punto que nos convoca: el proceso judicial.

La actividad de administrar justicia, como la generalidad de los actos de la vida civil de los hombres, también experimentó la evolución que mencionáramos al inicio.

En el comienzo de los tiempos, fueron las palabras y los gestos sacramentales. Así se impartió justicia por mucho tiempo en la antigüedad. Fue recién en Roma, en el siglo II a.C.[4], cuando se pasó del sistema de fórmulas verbales sacramentales al de expresiones vertidas por escrito como modo de plasmar el debate que requiere la tarea de administrar justicia, donde el proceso se papeliza.

Y así llega hasta nuestro tiempo.

Por supuesto, la digitalización de la sociedad –con sus enormes ventajas- fue observada de cerca por aquellos operadores de la justicia entusiastas de las innovaciones. Esas ventajas que para la comunicación, tráfico y sistematización de la información aportaban las TIC’s fueron advertidas hace ya varios años por quienes pensaron en emplearlas para mejorar esos mismos procesos, pero ahora dentro del marco de la tarea de administración de justicia que, en el fondo, no es otra cosa que el manejo de determinada información a los fines de que un agente estatal (el juez) pueda utilizarla válidamente para fundar una decisión.

Por otro lado, las ventajas que aportan las TIC´s al proceso judicial –simplificación, automatización, celeridad, entre otras- contribuyen enormemente, cuando los sistemas son bien diseñados e instrumentados, a la eficacia procesal, mandato que hoy posee rango de derecho humano.

En ese tránsito –avanzado- hacia el expediente judicial digital se encontraban, en mayor o menor medida, todos los poderes judiciales del país cuando llegó el ASPO -Aislamiento Social Preventivo Obligatorio- dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Por regla, todos los ciudadanos debíamos permanecer en nuestros lugares de residencia atento a los motivos sanitarios expuestos por las autoridades. La no circulación (insistimos, como regla) impidió el desarrollo normal de las tareas que exigen el contacto interpersonal directo. E, incluso, se limita el contacto interpersonal mediante objetos que puedan constituir vectores de la infección –por caso, el papel-.

Como se observa –y como ya se señalara- la actividad judicial desde siempre se basó en esos dos pilares: el contacto interpersonal y el trabajo con papeles.

Ello en el circuito que integran ciudadanos que requieren respuestas del servicio de justicia, abogados –y sus colaboradores- que los asisten en sus pretensiones, empleados, funcionarios y magistrados del poder judicial que atienden y dan curso a tales pedidos, auxiliares de la justicia que intervienen en el trámite (peritos, notificadores, etc.) e incluso terceros que son convocados al juicio para colaborar en la tarea (por caso, testigos).

Toda una danza de personas y papeles que se desarrolla ora en la calle, ora en el estudio del abogado, ora en los pasillos de tribunales, ora en los despachos judiciales, mesas de entradas o salas de audiencias donde el cruce e intercambio de palabras habladas y escritas constituye el bajo continuo de esta partitura secular.

De un día para otro, esta coreografía se detuvo.

Los actores ya no podíamos salir a escena como siempre, sin embargo la justicia –como servicio esencial- debía seguir funcionando. Fue esta necesidad la que obligó a llevar la mirada hacia el derecho procesal electrónico, fenómeno que venía dando pasos desde hacía varios años, no sin dificultades. Y, siguiendo con los paralelismos teatrales, fue necesario salir “al toro”[5] y utilizar con el máximo rendimiento estos mecanismos procesales tecnológicos que permiten –entre otras cosas- tramitar todo un juicio en soporte digital, posibilitando a los protagonista ejercer sus roles sin tener contacto con otras personas ni de modo directo ni a través de elementos corpóreos como es el papel.

E, incluso, sin moverse de los lugares donde se encuentran cumpliendo el ASPO.

El problema fue que ninguno de los derechos procesales electrónicos que coexisten en nuestro país federal se encontraba completo para enfrentar este difícil desafío.

La pandemia, como lo hemos sostenido recientemente, vino a generar un efecto catalizador en la evolución de este proceso[6]. Tal como lo señalábamos en ese aporte, no solamente porque aceleró los procesos de maduración de los institutos sino porque, a nuestro juicio, mejoró el perfil de las figuras que venían siendo utilizadas por razones de conveniencia hasta marzo del 2020 y que, luego de esa fecha, pasaron a ser imprescindibles.

Vamos a dedicarnos en este aporte a analizar ciertos aspectos de la regulación procesal electrónica llevada adelante por el poder judicial argentino que más ha avanzado en este terreno, que es el de la Provincia de Buenos Aires.

La Suprema Corte bonaerense ha liderado un movimiento en pos de la incorporación de tecnologías en el proceso judicial que lleva ya muchos años. Con pasos acertados -y otros no tanto- ha impulsado desde hace mucho tiempo el desarrollo de pruebas piloto, ha diseñado institutos, ha propuesto reformas legales, ha generado software específico y ello en una gran cantidad de aspectos del derecho procesal electrónico. A nuestro juicio, es el emprendimiento, en este sentido, más amplio y ambicioso del país.

Sin embargo, la tarea no estaba concluida para marzo de 2020.

Ello dio lugar a una intensa actividad regulatoria por parte del Máximo Tribunal local, órgano del cual obtuvimos un derecho procesal electrónico de la emergencia que, también a nuestro ver y como lo adelantamos, mejora en mucho las figuras que se venían utilizando y que, si bien apareció como recurso in extremis para resolver la crisis generada por la pandemia, entendemos que da lugar a institutos y procedimientos altamente eficaces por sí mismos, independientemente del particular momento histórico en el que fueron reguladas, por lo que hacemos votos para que, superada la emergencia, tales formatos queden consagrados en el derecho de rito local.

Partiendo, entonces, de las normas del Código Civil y Comercial que entendemos clave en este contexto, vamos a observar cómo se fue modelando una parte –la que consideramos central- del derecho procesal electrónico bonaerense desde hace un tiempo y se completó durante estos tiempos de pandemia.

El digesto unificado del año 2015 regula en su Libro 1° – Parte General-, Título IV – Hechos y actos jurídicos-, Capítulo V –Actos jurídicos-, Sección 3ª -Forma y prueba del acto jurídico- lo siguiente:

ARTICULO 284.- Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.

ARTICULO 285.- Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.

ARTICULO 286.- Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

ARTICULO 287.- Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.

Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.

ARTICULO 288.- Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

A ello debe agregarse la previsión siguiente, que obra en la Sección 6ª -Instrumentos privados y particulares-, de capital trascendencia al tiempo de ponderarse la validez de alguno de estos instrumentos particulares:

ARTICULO 319.- Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.

Con estas escuetas normas el legislador introduce un formato que permite, en todas las actividades de la vida civil erigidas en base al formato papel (ya veremos que el proceso judicial es una de ellas, al punto de que es este tipo de soporte el que justifica la existencia de muchas de las cargas procesales reguladas en los ordenamientos rituales que sirvieron de base a nuestro actual derecho procesal, cargas que hoy se desvanecen en el paso del mundo papelizado al digitalizado), un cambio trascendental que, en el plano de la prestación del servicio de justicia, remodela profundamente sus características y, bien instrumentada aporta, estamos convencidos de ello, una muy importante dosis de eficacia procesal.

En las mandas transcriptas encontramos el aval para la utilización con pleno valor jurídico de la firma digital. Con total claridad, el art. 288 establece que “en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.

Al establecerse el equivalente de la firma ológrafa tradicional, se acudió a la firma digital.

Para conocer qué cosa es exactamente una firma digital, es necesario acudir a la Ley 25.506 de Firma Digital. Su art. 2 expresa que “se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes”.

Por oposición, la firma electrónica será (art. 5, ley 25.506) el “conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez”.

Vemos entonces que solo la firma digital stricto sensu, aquella que cumple con los recaudos del art. 2 de la Ley de Firma Digital es la que puede reemplazar a la firma ológrafa, en cuyo caso se asegurará “indubitablemente” tanto autoría como integridad del instrumento electrónico.

Como vemos, no está vedado el uso de la firma electrónica. Sin embargo, ella no será un directo equivalente de la firma ológrafa como lo es la firma digital, sino que, en cada caso, será necesaria una ponderación judicial de su valor donde habrá de tenerse en cuenta, entre otros aspectos, “los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen”.

De este modo, al haber conseguido carta de ciudadanía plena en el derecho privado argentino el instrumento particular electrónico (definido como aquél generado por un medio electrónico) entendemos que si éste posee firma digital, se tratará de un instrumento privado –digital, en el caso- mientras que si posee solamente firma electrónica, estaremos frente a un instrumento particular no firmado cuyo valor dependerá del tipo de mecanismo tecnológico que, sin contar con el respaldo de un certificado digital válido y vigente, fuera empleado para identificar al autor del acto escrito.

Estas precisiones son particularmente importantes para el derecho procesal electrónico. Sabemos bien que esta parcela del derecho procesal se ocupa de analizar la conformación y validez del expediente electrónico –para utilizar una de las tantas definiciones sobre el tópico-. Y, a su vez, podemos definir muy sencillamente el expediente electrónico como el conjunto de instrumentos públicos y particulares que conforma un determinado trámite judicial.

Si vamos a la versión papel del expediente judicial, veremos que se trata de una acumulación de piezas escritas en ese soporte, de diferente naturaleza: hay instrumentos privados (todas las actuaciones que corresponden a las partes y sus letrados) y hay instrumentos públicos (todas las actuaciones que corresponden, esencialmente, a los magistrados y funcionarios así como a todo otro funcionario público judicial -oficiales de justicia, oficiales primero, peritos oficiales, ujieres, etc.-).

Pues bien, en la versión digital del expediente judicial encontraremos ahora una acumulación de instrumentos digitales (archivos normalmente alojados en servidores oficiales) que también pueden ser calificados de particulares o públicos de acuerdo al autor del que provengan.

En la caracterización de los instrumentos públicos, el código unificado no innovó demasiado.

En el tramo del digesto que venimos citando, en la Sección 4ª -Instrumentos públicos- leemos:

ARTICULO 289.- Enunciación. Son instrumentos públicos:

(…) b) los instrumentos que extienden los (…) los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes;

ARTICULO 290.- Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público:

  1. a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella;
  2. b) las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos.

ARTICULO 292.- Presupuestos. Es presupuesto para la validez del instrumento que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones. Sin embargo, son válidos los actos instrumentados y autorizados por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de sus funciones hechos conforme a la ley o reglamento que regula la función de que se trata.

Dentro de los límites de la buena fe, la falta de los requisitos necesarios para su nombramiento e investidura no afecta al acto ni al instrumento si la persona interviniente ejerce efectivamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia de legitimidad del título.

ARTICULO 293.- Competencia. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece este Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan otorgado.

ARTICULO 296.- Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:

  1. a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal;
  2. b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.

De este modo, cuando los actos jurídicos procesales –como todos sabemos, variantes de los actos jurídicos del derecho privado[7]– se vuelven digitales, es importante efectuar este análisis del tipo de instrumento que contiene cada uno de los actos escritos para, de tal modo, poder analizar qué tipo de firma no ológrafa admite legalmente.

Del juego normativo reseñado del Código Civil y Comercial, entendemos que la parte del expediente electrónico compuesta por instrumentos digitales públicos (aquellos cuyos autores son magistrados y funcionarios –lato sensu- estatales) es imprescindible que cuenten con firma digital. De lo contrario, carecerían de firma (conf. art. 288) y, como se señalara, la ausencia de firma priva de validez al instrumento público, digital o no (conf. art. 290, inc. B).

Por otro lado, esa falta de validez (derivada de la ausencia de firma digital) acarreará particularmente graves consecuencias fuera de la jurisdicción en la que fuera emitido el pretenso instrumento público. Por el art. 293, solo los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece el Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan otorgado. Esto es, aun cuando en determinada jurisdicción, la interpretación pretoriana brindase validez a instrumentos públicos (concretamente, sentencias o resoluciones judiciales) suscriptas mediante firmas que no reúnen las condiciones de la firma digital, tales actos podrían verse privados de validez si se los pretendiese hacer cumplir fuera de la provincia en la que fueron creados. El mismo conflicto, ahora de derecho internacional privado, se suscitaría para el caso de que tal documento deba surtir efectos en el extranjero: el juez de extraña jurisdicción, para realizar el análisis del valor de una sentencia de otro país habrá de cotejar el modo en que fuera confeccionada con las normas del derecho interno. Justamente, aquellas ya evocadas más arriba y que sostienen que en estos casos, el sucedáneo válido de la firma ológrafa es la digital (arts. 288 y 290 inc. B).

Ello no ocurre con el tramo de actuaciones digitales que conforman el expediente judicial y no provienen de un funcionario público. En tal caso –y nos referimos a todos los escritos y presentaciones que hacen las partes o sus letrados, así como otros tipos de registros empleados en el proceso como audios, videos, correos electrónicos, mensajes de chat, etc.-, al no tratarse de instrumentos públicos, pueden ser suscriptos con firma digital (y en su caso serán instrumentos privados digitales) o bien pueden ser simples instrumentos particulares no firmados, en cuyo caso el juez (con efectos intra proceso) podrá ponderar el tipo de firma electrónica que posee u otro mecanismo de atribución de autoría a los efectos de establecer si puede ser tenido en cuenta para el correcto desarrollo de la tarea ordenatoria o instructoria de la causa (art. 319).

 

Las firmas no ológrafas en el derecho procesal electrónico bonaerense dictado durante la emergencia sanitaria.

Luego del abordaje genérico de la cuestión, pasaremos ahora a analizar ciertos y específicos contenidos de la normativa dictada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires durante el período de vigencia del ASPO dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación a los fines de tornar posible el desenvolvimiento –aunque con muchas limitaciones operativas- de la prestación del servicio de justicia en la provincia más poblada del país.

Liminarmente, debe hacerse notar que las regulaciones de derecho procesal electrónico a las que hacemos mención se dictaron en la Provincia durante la pandemia pero, a nuestro ver, no se limitan a ella.

En este sentido, la Suprema Corte bonaerense, para lograr la adopción ágil de decisiones en un contexto de incertidumbre y permanente evolución, delegó en el Presidente del Cuerpo el dictado de reglas instrumentales mediante la Resolución 386/20 [8] del 16 de marzo.

Entre los considerandos de tal decisión puede leerse “Que asimismo en función de la dinámica de los acontecimientos, corresponde delegar en la Presidencia del Tribunal el dictado de normas que contemplen medidas excepcionales para regular los procesos, procedimientos y formas de trabajo a fin de habilitar la ampliación de las medidas aquí dispuestas, siempre y cuando no impliquen riesgos para la salud” y, con esa base, el Tribunal resolvió:

Artículo 11º: Delegar en la Presidencia del Tribunal el dictado de normas que contemplen medidas excepcionales para regular los procesos, procedimientos y formas de trabajo -incorporando la modalidad de teletrabajo en tanto sea pertinente- a fin de habilitar la ampliación de las medidas aquí dispuestas, siempre y cuando no impliquen riesgos para la salud.

Así, con ese aval, la Presidencia del Cuerpo (a cargo, en el primer tiempo de la pandemia, del Ministro Eduardo N. de Lázzari y, luego, del Ministro Daniel F. Soria) dictó una serie de regulaciones procesales –la casi totalidad de ellas relativas al derecho procesal electrónico- que no se encuentran ab initio limitadas a los tiempos de pandemia. De allí la trascendencia de estas pautas de rito que, forjadas en los tiempos de la emergencia, habrán de permanecer en funcionamiento en la medida de que, como entendemos que efectivamente ocurre, dotan de mayor eficacia procesal al trámite judicial en sí, más allá del trance por el cual atraviesa en la coyuntura.

Nótese, por caso, la diferencia en este terreno que se observa entre el derecho procesal electrónico bonaerense y el federal al momento de regular el acuerdo virtual de ambos Superiores Tribunales: cuando la Corte provincial, mediante el Acuerdo 3971/20 del 15 de abril dispone la figura del acuerdo permanente, que permite la firma digital de los Ministros en cualquier momento y lugar así como la deliberación del cuerpo mediante sistemas telemáticos, lo hace con el objeto de dotar de mayor eficacia al proceso –objetivo con vocación de permanencia-, siendo la situación de pandemia el contexto o coyuntura que contribuye a acelerar la adopción de tales mecanismos.

Con diáfana claridad podemos leer en uno de los considerandos de esta trascendente norma (sobre la que volveremos más adelante): “13º) Que, en tales condiciones, si el progreso en términos de celeridad, eficacia y transparencia que representan las innovaciones señaladas en los Considerandos 1º) a 10º) de este Acuerdo [todo lo relativo al derecho procesal electrónico], justifica de suyo su pronta implementación, la existencia de la pandemia torna ciertamente imprescindible aplicarlas, pues han de redundar en un aporte significativo para que el servicio de justicia funcione de manera compatible con la necesidad de proteger la salud de las personas y con los requerimientos impuestos a raíz de la emergencia sanitaria (cfr. Resolución SCBA 386/20 y las Resoluciones de su Presidencia SPL Nº  10/20. SPL Nº  12/20, arts. 3º  y 4°; SPL Nº  14/20, art. 7º; y SPL Nº 15/20, y concordantes)” (el resaltado no es del original).

En este punto, la regulación contrasta drásticamente con la previsión equivalente contenida en las acordadas de la Corte federal, tanto en lo que hace al formato de acuerdo de ese mismo tribunal como el que corresponde a otros cuerpos colegiados inferiores.

A lo primero, se refiere la Acordada 11/20 del 13 de abril en los siguientes términos:

4 º) Disponer que, cuando no fuera posible la celebración de acuerdos de Ministros en forma presencial -conforme a lo previsto en artículo 11 del Decreto-Ley 1285/58-, estos podrán realizarse por medios virtuales o remotos con la misma validez que la prevista en los articulas 70 y 71 del Reglamento para la Justicia Nacional. Este dispositivo solamente podrá ser utilizado en situaciones excepcionales o de emergencia. No podrá reemplazar al acuerdo presencial, semanal de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en situaciones habituales (el resaltado no es del original).

Y a lo segundo –acuerdo de órganos inferiores a la Corte-, la Acordada 12/20 del mismo día (13 de abril):

4°) Disponer que, cuando no fuera posible la celebración de acuerdos en forma presencial, éstos podrán realizarse por medios virtuales o remotos conforme a las previsiones del art. 104 del  reglamento para la Justicia Nacional- y tendrán la misma validez. Este dispositivo solamente podrá ser utilizado en situaciones excepcionales o de emergencia. No podrá reemplazar los acuerdos presenciales que deban llevar a cabo los magistrados, en los términos de lo previsto en el referido artículo 104 del Reglamento para la Justicia Nacional (el resaltado no es del original).

Sentado lo anterior, pasemos ahora a analizar tres normas dictadas por la Suprema Corte bonaerense durante la crisis sanitaria que, como ya dijéramos, dotan de mayor eficacia al proceso electrónico aplicando de modo concreto institutos aportados por el Código Civil y Comercial unificado del año 2015.

 

Resolución 10/20 de la Presidencia de la SCBA[9].

Emitida el 18 de marzo de 2020 en el marco de la autorización ya mencionada conferida por la Resolución 386/20 del Tribunal, esta norma viene a establecer reglas de funcionamiento del poder judicial provincial durante la situación de pandemia receptando las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional. A ese fin es que se estableció una “prestación mínima del servicio de justicia, que se limitará a la atención de los asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación”. De este modo, se entendió “fundamental establecer disposiciones,  instrucciones, recomendaciones y pautas de gestión excepcionales y temporales, a fin de lograr una respuesta razonable y eficaz en todo el territorio provincial”[10].

Luego, se fijan reglas de limitación a la concurrencia personal a los tribunales de litigantes, profesionales y público en general; se establecen pautas para el trabajo a domicilio de jueces, agentes y funcionarios judiciales; se adoptan medidas respecto del traslado de expedientes físicos; se menciona con detalle los efectos de la suspensión de términos dispuesta por el artículo 1º de la Resolución 386/20 de la Suprema Corte de Justicia; se autoriza a sustituir audiencias por “escritos, resoluciones electrónicas y/o videoconferencias”, esto último “cuando el órgano judicial y los intervinientes cuenten con las facilidades informáticas a tal fin y fuese posible en función del caso”; se emiten precisiones respecto del instituto de la caducidad de instancias y el cómputo de plazos hábiles; se fija el deber de los tribunales de mantener actualizada y disponible la información de las causas que tramiten ante sí en el sistema informático y se indican pautas de atención al público.

Especial atención merecen los puntos dedicados a los regímenes de notificaciones y presentaciones electrónicas, ya que es el sector del derecho procesal electrónico –junto con el de los actos procesales que emanan del tribunal- donde más importancia revisten los institutos firma digital e instrumento electrónico.

En este primer momento, se establece que los escritos que correspondan a las únicas causas que por aquel momento podían ser iniciadas (casos urgentes o de inminente prescripción de la acción) podían ser iniciadas en papel. “Sin perjuicio de ello, [también aquí se dispuso] encomendar a la Subsecretaría de Tecnología Informática y a la Secretaría de Planificación (sistema INFOREC) que analicen la factibilidad de habilitar, en la medida que las disponibilidades técnicas lo permitan, la recepción de demandas en soporte electrónico bajo la modalidad en uso prevista para los procesos de apremios municipales y cajas previsionales (Resoluciones Nº 2088/17 y 2090/17, respectivamente)”.

Tal posibilidad tuvo lugar recién luego del dictado de la Resolución de Presidencia 15/20, del 3 de abril de 2020. Esta nueva norma ratificó la forma de introducir tales presentaciones electrónicas que ya se establecía en la resolución que analizamos: “En caso de resultar operativa la ampliación de dicha modalidad, y siempre que los letrados no invoquen la autorización conferida por el artículo 48 del decreto ley Nº 7425/68, cuando se actúe por propio derecho y los patrocinados no cuenten con certificados digitales, serán aplicables para los escritos que así se inicien las pautas fijadas en el apartado 3.b.3 del presente”.

Es decir, la demanda electrónica cuya posibilidad técnica se mandaba a analizar el 18 de marzo a los cuerpos informáticos de la Corte y que estuvo en condiciones de funcionar en casi quince días, se iba a regir por el sistema de presentaciones electrónicas que en esta resolución 10 también se modificaba.

En este cuerpo, luego de recordarse que sólo podían ser presentados escritos que requieran urgente despacho, se estableció el carácter obligatorio del soporte electrónico, con excepción –por el momento- de las demandas.

Respecto de la tan meneada categoría de actos de mero trámite, se dispuso que “en los casos que se actúe por propio derecho y  los patrocinados no cuenten con certificados digitales el escrito se firmará ológrafamente por el litigante en presencia de su abogado. Éste será el encargado de generar, suscribir e ingresar en el sistema informático de la Suprema Corte un documento electrónico de idéntico contenido al elaborado en formato papel. El ingreso en dicho sistema de una presentación de estas características implica la presentación formal del escrito y la declaración jurada del abogado de que se ha cumplido con lo previsto en el párrafo anterior y, a su vez, la asunción de las obligaciones propias del depositario del escrito firmado en forma ológrafa. El tribunal puede, de oficio o a pedido de parte, ordenar la exhibición del escrito en soporte papel, bajo apercibimiento de que la presentación se tenga por no formulada en caso de incumplimiento. Si la exhibición se hubiera tomado imposible y no mediara culpa del depositario, se citará personalmente a la parte patrocinada a fin de que ratifique la autoría de la presentación y, en su caso, se adoptarán otras medidas pertinentes a tales efectos”.

Se recepta así la buena solución a esta cuestión generada por la adopción de institutos de derecho procesal electrónico, una de las que más problemas ha causado en toda la historia de la implementación del expediente electrónico: la sencilla figura del letrado como depositario del instrumento firmado ológrafamente por la parte.

Luego, siguen previsiones respecto de los documentos que habrán de ser presentados junto con escritos electrónicos, haciendo desaparecer las cargas de acompañar tanto originales en papel como copias -en el mismo soporte- de los mismos.

En lo que hace a las notificaciones electrónicas, se adopta, asimismo, una pauta que mejora considerablemente la eficacia del sistema procesal electrónico y por la que hace tiempo venimos bregando desde la doctrina[11]: la realizarán de oficio por parte de los tribunales de la notificación electrónica de las providencias, resoluciones y sentencias judiciales que legalmente deban notificarse mediante cédula, incluso para casos en que el Código Procesal Civil y Comercial veda el formato electrónico (“Casos en los que la normativa ritual prevé su diligenciamiento en soporte papel (ref. art. 1, segundo párrafo, Anexo I del Acuerdo Nº 3845). Implementación de formato electrónico: en los casos que las normativas adjetivas establezcan que la notificación de la sentencia definitiva o equiparable a ésta se efectúe en formato en papel (v.gr. arts. 137, inc. 12 y 143 del Decreto Ley Nº 7425/68, supletoriamente art. 16 Ley Nº 11653; 7 Ley Nº 14142), la misma se realizará en forma electrónica”).

A continuación, se fijan reglas para las cédulas en papel que resulte imprescindible librar y diligenciar.

En síntesis, esta norma consagra –creemos- pautas de máximo rendimiento para la firma electrónica de los letrados, permitiéndoles realizar ya todo tipo de presentaciones, sean de inicio o de trámite, sea o no apoderado, sea que vayan acompañadas de documentación o no, superando años de discusión en torno a la figura del abogado patrocinante y el modo en que éste podía actuar en juicio conjuntamente con la parte a la que asiste y que no posee certificado de firma digital.

Asimismo, la directiva de la notificación electrónica y de oficio en todos los casos es recibida con beneplácito.

 

Acuerdo 3971/20 de la SCBA[12].

Dictado el 15 de abril de 2020, este Acuerdo es la primera norma emitida por Suprema Corte que se dirige a regular el derecho procesal electrónico que aplica el mismo tribunal superior en el desarrollo de sus tareas.

Como lo hemos señalado antes[13], ello no es menor: por primera vez el Máximo Tribunal bonaerense se autoimpone un formato de actuación digital de manera generalizada, tanto para su fajina jurisdiccional como en sus funciones de gobierno y, de tal modo, el principal órgano legisferante –hasta ahora- en materia procesal electrónica de la Provincia pasa a ser usuario del mismo, experimentando los cambios en su propia sede y tarea.

Esta circunstancia, creemos, retroalimenta de modo virtuoso el circuito creación – aplicación del derecho procesal electrónico. Y, quizás, esta haya sido la razón de la mayor calidad –entendida ésta como mayor eficacia- de las normas procesales digitales dictadas durante la emergencia.

En este acuerdo, como lo adelantamos, se adoptan medidas durante la pandemia pero no motivadas exclusivamente por ella. Con lo cual, no tenemos dudas de que el nuevo formato de los acuerdos y decisiones de la Corte se instalan con vocación de permanencia. Ello viene ratificado, entendemos, por la tercera norma a la que habremos de referirnos en el final de estas líneas.

La norma principia mencionando las dos circunstancias que le dan motivo: 1) el proceso de actualización tecnológica para la mejora del servicio de justicia dispuesto por la Suprema Corte y 2) las condiciones en que dicha actividad debe desarrollarse en el actual contexto de grave emergencia sanitaria.

Luego de aludir a la normativa dictada en pos de la actualización tecnológica en procura de la mejora del servicio de justicia y de indicar que ello tuvo siempre por norte una mayor “celeridad,  economía y seguridad de los trámites judiciales” (conceptos, todos ellos, abarcados por la eficacia procesal), la Corte destaca la especial importancia que tienen estos institutos e innovaciones en lo que hace al trabajo de ella misma como órgano de justicia, permitiendo “incrementar  la eficacia y la capacidad de respuesta en el ejercicio de sus funciones” al instituirse “reglas adecuadas, que al mismo tiempo que favorezcan la actualización tecnológica, perfeccionen las buenas prácticas que informan el proceso de deliberación en el seno de la Corte”.

La Corte bonaerense estableció el nuevo sistema admitiendo la coexistencia con el viejo sistema (“modalidad tradicional”) de modo transitorio “hasta nueva decisión del Tribunal”. Decisión que, entendemos, se encamina al apagón del sistema clásico para dejar como única opción el digital. Ello es dicho con todas las letras en lo que hace al acuerdo virtual, ya que –luego de regularlo- en el art. 10 se puede leer “El presente régimen prevalecerá sobre toda otra  norma emanada de la Suprema Corte que fuere incompatible. Ello sin perjuicio de su coexistencia con el régimen de acuerdos presenciales, con firma en soporte papel y en días determinados, que se mantendrá hasta tanto se decida su terminación…”. Exactamente lo opuesto a lo que resolviera la Corte federal en el punto, como ya lo señaláramos.

De este modo, la Suprema Corte de Justicia dispone que ella misma, en pleno, “y, cuando correspondiere, las Salas que la integran, el presidente, los secretarios y subsecretarios y todo otro funcionario que disponga el presidente del Tribunal, podrán suscribir con el uso de la firma digital todos sus actos jurisdiccionales y de superintendencia, conforme al presente régimen”.

A los fines de potenciar la eficacia de la decisión adoptada aprovechando las facilidades que la firma digital aporta, el Tribunal se declara en estado de acuerdo continuo para la producción y firma de sus actos.

Para ello, expresamente autoriza a los integrantes y funcionarios de los órganos referidos a la firma “incluso fuera de la sede o asiento físico de sus despachos”. Ello así porque la firma digital puede realizarse remotamente.

Y también acepta que los Ministros puedan “rubricar los respectivos votos en su versión definitiva cualquier día hábil, aún en horas inhábiles”. Ello así porque la firma digital puede realizarse en cualquier momento. En este punto, luego, la Corte habrá de introducir cambios mediante la Acordada 3976/20[14] del 28 de mayo de 2020, admitiéndose la firma de los Jueces “cualquier día hábil o inhábil, aún en horas inhábiles”.

Así, lo relativo a la firma de las decisiones por los Ministros.

En lo que hace al momento de su perfeccionamiento, alude a la firma de Secretario:

ARTÍCULO 4°. A los fines del presente régimen,  el  trámite  de rúbrica del acto jurisdiccional o de superintendencia que correspondiere se considerará perfeccionado en el momento en el que, reunida la mayoría de  votos concordantes, y concluida la firma de los miembros  de la Suprema Corte o de las Salas, lo suscriba el secretario o subsecretario interviniente.

Aquí también se incluirá un cambio mediante la Acordada 3976. Se diferencian los actos jurisdiccionales de los actos de gobierno del Tribunal. Para los primeros, la firma del Secretario puede ser en hora hábil o inhábil, pero siempre de día hábil. Mientras que para el gobierno, esa intervención perfeccionadora del acto puede realizarse tanto en días hábiles como inhábiles.

En su art. 7 se instaura la posibilidad del acuerdo virtual:

ARTÍCULO 7°. Sin perjuicio de las previsiones establecidas en los artículos anteriores, a fin de proveer lo conducente para mejor prestación del servicio de justicia, la Suprema Corte, con la frecuencia que fuere necesaria y por convocatoria del Presidente, podrá celebrar reuniones presenciales o a distancia, acudiendo a las tecnologías de la comunicación disponibles. El soporte técnico para la realización de tales reuniones y de sus deliberaciones estará a cargo del personal que al efecto asignare el presidente.

En suma, vemos aquí el formato adoptado para la celebración de acuerdos virtuales por parte de la SCBA, así como de firma digital de sus actos decisorios. Como se pudo observar, el sistema requirió de ajustes a poco de andar, los que fueron introducidos mediante la reforma aludida que, además de aportar modificaciones autorizó a la emisión de un texto ordenado, lo que también se cumplió[15].

Obsérvese que la mayoría de estas previsiones, acuñadas en una norma reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia, vienen a disponer formas que contrarían el texto expreso del vigente Código Procesal Civil y Comercial local.

Por caso, la reunión telemática de los jueces del Máximo Tribunal provincial, la firma de la sentencia por parte de los Ministros en diferentes momentos, la fecha cierta del acto dada por la intervención del Secretario, entre otras, contravienen la letra de la ley ritual vigente. Sin embargo, como lo hemos repetido hasta el hartazgo, la validez de estas regulaciones de la Corte local encuentra su anclaje en las normas y doctrina constitucionales y convencionales de la eficacia procesal. En tanto doten de mayor eficacia al proceso, allí radicará su validez sin interesar que, en el caso, introducen institutos o conductas contra legem.

 

Acuerdo 3975/20 de la SCBA[16].

Esta norma se dicta el 17 de abril de 2020. Si bien surge durante la pandemia, se trata de un caso paradigmático de norma que no es de emergencia, ya que viene a saldar una deuda antigua del Tribunal, como era la reforma y actualización del viejo Acuerdo 2514 destinado a regular todo lo atinente a la forma de escritos, resoluciones y expedientes judiciales[17].

Por supuesto, el factor que más había contribuido a poner de relieve lo desactualizado de esa norma eran los avances en el terreno del derecho procesal electrónico, en particular, lo atinente a la firma electrónica de escritos judiciales y firma digital de decisiones tribunalicias.

El auge regulador de estas cuestiones que se instaló durante la pandemia, terminó de acelerar los tiempos de trabajo en el proyecto de reforma de la Ac. 2514 y fue así como a mediados de abril de este año contamos con las nuevas disposiciones.

No vamos a detenernos en el detalle del Acuerdo 3975. Remitimos a lo escrito en otro lugar[18]. Sólo habremos de rescatar de su articulado lo estrictamente relativo al uso de las firmas no ológrafas, ya que esta norma es la que dispone el formato de la totalidad de los documentos que van a conformar el expediente digital, así como sus aspectos derivados (registro, publicidad, etc.).

La norma indica que además de los datos de identificación de los profesionales (que incluye teléfono celular de contacto), “en los escritos rubricados en formato electrónico, el sistema informático brindará también la identificación del firmante”. Se indica que los escritos electrónicos serán confeccionados “respetando el diseño prefijado en el sistema informático”.

En cuanto a la producción de actos judiciales (resoluciones, actuaciones y diligencias), señala (art. 5) que “serán generadas y rubricadas digitalmente, salvo cuando circunstancias graves y excepcionales  o la especial naturaleza del trámite impidan esa modalidad, en cuyo caso podrán ser suscriptas ológrafamente. En este último supuesto las firmas deberán ser aclaradas con sello o letra imprenta. El Actuario o personal con jerarquía no inferior a oficial primero deberá digitalizar las referidas actuaciones e incorporarlas  al sistema de gestión judicial dentro del siguiente día hábil de suscriptas o superado el impedimento. En el supuesto de formato digital, el sistema informático brindará los datos del magistrado o funcionario una vez que se haya firmado, como así también la referencia a los escritos que, en su caso, se proveen. En las actuaciones generadas en el sistema informático, la firma del Secretario luego de la del magistrado será innecesaria cuando las normas no lo exijan expresamente como requisito”.

Surge de aquí bien clara la consecuencia natural del uso de firma digital: el carácter innecesario de la intervención del actuario certificando la autenticidad de la firma del juez cuando se realiza con este formato. Como vimos, la firma del Secretario se mantiene cuando la norma la requiere, como en el supuesto de las resoluciones y sentencias de la Corte, a los fines de su perfeccionamiento.

Justamente, en lo que hace a la fecha del acto se prevé:

Artículo 7°. Las resoluciones  y sentencias  judiciales  se tendrán  por firmadas digitalmente  en la fecha y hora que registre  el sistema informático, el que asentará el momento exacto en que ellas fueron rubricadas en dicho sistema, así como la identificación del magistrado y/o funcionario signatario.

En el caso de tribunales colegiados, las resoluciones y sentencias judiciales que requieran de la suscripción de dos o más magistrados, se tendrán por perfeccionados en la fecha y hora de la firma del último, o del secretario si correspondiere. Idéntico criterio aplicará en el supuesto de instituirse Acuerdos plenarios. En tales supuestos, los Sistemas de Gestión Judicial garantizarán la reserva del contenido de los proyectos de votos, así como de todo otro intercambio de opiniones entre los magistrados intervinientes que hubiesen realizado antes de la toma de decisión colegial.

Asimismo, en lo que hace a los momentos en los que pueden ser firmados estos actos procesales por jueces distintos de los de la Suprema Corte (lo que se regula por la Acordada 3971 ya vista) leemos:

Artículo 8°. Las resoluciones y sentencias podrán ser firmadas todos los días hábiles, en hora hábil o inhábil. Por excepción podrán firmarse fuera de la sede o asiento físico de los despachos oficiales, conforme a la modalidad de trabajo a distancia que autorice la Suprema Corte.

Los supuestos de habilitación de días inhábiles, turnos y ferias judiciales se regirán por la normativa específica.

A los fines de lo dispuesto en el art. 43 de la ley 5827, las Cámaras de Apelaciones quedan habilitadas a firmar sentencias y resoluciones todos los días hábiles, incluso con arreglo a la modalidad a distancia, aplicándose en lo· pertinente lo previsto en el Acuerdo Nº 3971.

Pues bien, en el caso de esta norma observamos el modo en que genéricamente y aggiornando normativa que ya hace bastante tiempo requería de una actualización, la Corte provincial recepta las firmas no ológrafas a las que ahora alude el nuevo digesto de derecho privado para así otorgar validez al material del que está conformado el expediente electrónico: los instrumentos digitales, tanto cuando la autoría provenga de los sujetos públicos como de los privados que forman parte del proceso judicial.

 

Cierre.

Para concluir, no podemos menos que celebrar el modo en que el derecho procesal electrónico se ha abierto camino en los difíciles tiempos de pandemia en la Provincia de Buenos Aires.

Creemos que con estas acordadas, el tránsito evolutivo hacia el expediente electrónico –en lo que hace a la regulación de los elementos básicos para su correcto funcionamiento – ha llegado a la fase final.

Y ello ocurrió cuando se establecieron reglas generales y adecuadas de utilización de la firma digital que contempla el art. 288 del Código Civil y Comercial en todas las instancias del trámite, tal como surge de las normas emitidas por el Superior Tribunal de Justicia bonaerense a las que se alude en este aporte.

Sólo resta, por un lado, avanzar en la consolidación de conceptos que hasta hace poco constituían elucubraciones futuristas y hoy ya son mecanismos que operan en la realidad judicial (por caso, las notificaciones a través de sistemas de mensajería o, incluso, redes sociales o bien, el uso de firmas electrónicas simples por parte de ciudadanos que no cuentan con certificado de firma digital) y, por otro, concluir con los ajustes necesarios de las plataformas informáticas para que todas estas figuras y procedimientos digitales, además la eficacia en el plano normativo, constitucional y convencional gocen de eficacia en la práctica cotidiana del derecho, aquél que se desarrollaba exclusivamente en  los pasillos y despachos judiciales y hoy puede tener lugar, también, en el ciberespacio.

 

Notas:

[1] COSSIO, Carlos, Problemas escogidos de la Teoría Pura del Derecho, Kraft, Buenos Aires, 1952.

[2] Ley 25.506. Sancionada: Noviembre 14 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 11 de 2001.

[3] https://www.lanacion.com.ar/politica/diputados-aprobo-proyecto-teletrabajo-claves-nueva-regulacion-nid2386183

[4] El proceso civil en roma tuvo dos tramos:  el denominado Ordo iudiciorum privatorum desde el origen hasta el siglo III d.c. y el llamado de Extraordinaria cognitio, desde el siglo III hasta la caída (siglo V). Dentro del “Ordo”, se señalan dos fases: desde el inicio hasta el año 140 a.c., el sistema de Legis Actiones y desde ahí en adelante, el de Procedimiento Formulario. El cambio se produce con la Lex Aebutia de Formulis (140 a.c.), luego confirmada por la Lex Julia Iudiciorum Privatorum. Desde ese momento, el proceso civil romano incorpora la escritura y, creemos, el soporte papel –o similar-. A partir de allí y hasta el día de hoy, el mundo occidental ha construido su derecho procesal en base al soporte papel.

[5] Leemos por allí que “hacer un toro” es salir a escena por urgencia ya sea como reemplazo de algún actor o en una función inesperada. El toro es aprenderse la letra rápidamente, en poco tiempo y salir al “ruedo” a representar. https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071115094410AAgjlLo

[6] Camps, Carlos E., “Eficacia del derecho procesal electrónico bonaerense y pandemia”, LLBA 2020 (mayo) , 1 • AR/DOC/1525/2020

[7] Palacio nos ilustra al respecto: “Los mencionados actos reciben la denominación de actos procesales, y cabe definirlos como aquellos hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la iniciación, el desarrollo o la extinción del proceso. Se trata, como se advierte, de una especie dentro de la categoría genérica de los actos jurídicos, y pueden provenir del órgano judicial (o arbitral) o de sus auxiliares , de las partes (o peticionarios), o de sus auxiliares, de los funcionarios del ministerio público y de los terceros que se encuentran vinculados a un determinado proceso a raíz de una designación, citación o requerimiento destinados al cumplimiento de uno o más actos”. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, tomo II, Cuarta edición actualizada por Carlos Enrique Camps, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2017.

[8] Esta resolución 386/20 contempla, asimismo, una muy interesante previsión a los fines de –superada la emergencia sanitaria- poder adoptar medidas “correctivas” o “saneadoras” de las circunstancias anómalas que pudieras generarse durante este particular período: Artículo 13º: Expresar que una vez superada la actual situación de emergencia sanitaria, la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General – en coordinación con los distintos operadores del sistema-, adoptarán las disposiciones necesarias tendientes a superar los inconvenientes que la presente pueda haber ocasionado en el servicio de justicia.

[9] Resolución de Presidencia 10/20. La Plata, 18 de marzo de 2020.

VISTO: La Resolución Nº 386/20 dictada el 16 de marzo del corriente año por la Suprema Corte de Justicia, y

CONSIDERANDO: Que, por la referida Resolución, se resolvió disponer el asueto en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con suspensión de los términos procesales, desde el día 16 de marzo hasta el 31 de marzo próximo sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan, ello en el marco de la serie de medidas tendientes a prevenir la expansión de la enfermedad conocida como COVID-19 (art. 1º, Res. cit.).

Que, entre otras acciones, se estableció durante el citado período la prestación mínima del servicio de justicia, que se limitará a la atención de los asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación (art. 2).

Que, de modo complementario, se delegó en la Presidencia del Tribunal el dictado de normas que contemplen medidas excepcionales para regular los procesos, procedimientos y formas de trabajo -incorporando la modalidad de teletrabajo en tanto sea pertinente- a fin de habilitar la ampliación de las medidas allí dispuestas, siempre y cuando no impliquen riesgos para la salud (art. 11).

Que, por Resolución de Presidencia Nº 132/20 se habilitó a la Comisión para el seguimiento y control de la situación epidemiológica en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (creada por Res. Nº 129/20), a convocar a participar a la Asociación Judicial Bonaerense, Colegios de Magistrados y Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de oír y evaluar propuestas sobre la temática involucrada.

Que, en consecuencia, valorando especialmente la situación extraordinaria en la que  nos   encontramos,   resulta   fundamental establecer disposiciones,  instrucciones, recomendaciones y pautas de gestión excepcionales y temporales, a fin de lograr una respuesta razonable y eficaz en todo el territorio provincial.

Que, finalmente, y en el marco de la convocatoria arriba mencionada, cabe destacar que se ha obtenido consenso entre los diversos participantes de la Mesa de Trabajo creada por Resolución Nº 3272/15 (y ampliada por Resoluciones Nº 1074/16 y Nº 2808/18), así como con la Asociación  Judicial Bonaerense,  Colegios de Magistrados y Abogados de la Provincia de Buenos Aires (en el marco de la Resolución Nº 129/20), en relación a las acciones propiciadas, lo que permite vislumbrar su adecuada implementación.

POR ELLO, el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de sus atribuciones y las conferidas por el artículo 11 de la citada Resolución Nº 386/20,

RESUELVE:

Artículo 1º: Establecer las siguientes disposiciones, instrucciones y recomendaciones tendientes a proteger y preservar la integridad y la salud de las partes, profesionales, auxiliares de justicia, público en general, agentes, funcionarios y magistrados judiciales, respecto de la infección causada por el virus COVID-19 (coronavirus), las que tendrán carácter excepcional y vigencia hasta el 31 de marzo del corriente año:

1)             Limitación de la concurrencia a los tribunales:

  1. a) Pautas generales para litigantes, profesionales y público en general: Hacer saber a  los   litigantes,   profesionales   y   al   público   en   general que deberán canalizar todo trámite,  gestión,   información   u   otras actuaciones que sean necesarias y urgentes por medios telemáticos, conforme las normativas vigentes y las que, con carácter excepcional, se establecen en la presente de modo complementario o modificatorio.

El acceso a las dependencias del Poder Judicial se limitará a la persona que ha sido citada o es parte procesal, siempre que la petición que requieran no pueda realizarse o evacuarse por medios electrónicos o telefónicos. Sólo mediando causa justificada por razones de salud, imposibilidad física o tratándose de personas que requieran de acompañamiento o apoyo, podrá acceder al edificio acompañado de otra persona.

  1. b) Pautas generales para los jueces, agentes y funcionarios:

b.1) Trabajo en domicilio

b.1.1) Personas incluidas: Disponer que, en este marco de circunstancias excepcionales, toda persona que sea dispensada de concurrir a su lugar de trabajo en virtud de las reglamentaciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia y/o su Presidencia (Resoluciones Nº 149/20, 165/20, Nº 271/20, Nº 386/20 y demás que se establezcan), no tenga manifestación o sintomatología de la enfermedad y pueda -en razón de las funciones que realiza- prestar servicios desde su domicilio utilizando la tecnología apropiada, deberá hacerlo. Sus actos gozarán de plena validez.

Los jueces que hallándose en turno fuesen dispensados de asistir a su lugar de trabajo en función de cualquiera de las reglamentaciones dictadas al efecto por esta Suprema Corte o su Presidencia en el marco de la emergencia, deberán ser subrogados en los términos del artículo 4 de la Resolución Nº 386/20. Ello no los exceptúa de realizar trabajo remoto, en las condiciones del párrafo anterior.

Los responsables de designar las personas que prestarán los servicios de trabajo remoto, deberán realizar una utilización responsable y razonable de la referida herramienta laboral, garantizando el derecho a la jornada limitada de los empleados y funcionarios. A su vez, las personas que trabajen en su domicilio deberán utilizar los servicios de acceso remoto de la Suprema Corte de Justicia de manera responsable dentro del ámbito del cumplimiento de sus funciones laborales.

b.1.2) Aspectos    técnicos    informáticos.    Instructivos    y asistencia: Aprobar las pautas técnicas informáticas necesarias para que puedan llevar adecuada y normalmente la tarea las personas alcanzadas por el apartado anterior, las que como Anexo I forman parte de la presente.

Encomendar a la Subsecretaría de Tecnología Informática que realice los instructivos pertinentes de toda la operatoria para las personas involucradas en la  presente y preste asistencia para evacuar cualquier inquietud que se suscite.

b.1.3) Traslados de expedientes físicos. Prohibición. Se prohíbe el traslado de los expedientes en soporte papel a los domicilios de las personas que se encuentren alcanzadas por el presente apartado, debiendo accederse a las constancias del expediente mediante los soportes digitales disponibles.

En el caso que no exista constancia digitalizada de  un  escrito, resolución u otra actuación procesal indispensable para cumplir con la tarea respectiva desde el domicilio, las personas que se encuentren prestando servicios en el organismo jurisdiccional y/o en cualquier dependencia judicial, deberán escanear el soporte papel respectivo e incorporarlo a los sistemas de gestión disponibles. Excepcionalmente podrá recurrirse a algún otro mecanismo técnico distinto al indicado.

2)             Actuaciones Procesales:

  1. a) Actuaciones procesales en general: Sin perjuicio de la suspensión de términos dispuesta por el artículo 1º de la Resolución 386/20 de la Suprema Corte de Justicia y a los fines de tutelar la salud de las personas y familias vinculadas con la actividad judicial, disponer la suspensión de las actuaciones procesales que hayan sido ordenadas por los organismos jurisdiccionales, salvo aquellas relativas a movimientos bancarios (v.gr. apertura de cuentas, pedidos de saldos, giros, transferencias) y aquellos actos procesales que los magistrados consideren urgentes, siempre que la celebración de la actuación procesal no conlleve riesgo para la salud de las personas. En este caso, deberá darse estricto cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

Esta suspensión  incluye  aquellas actuaciones que  deban  llevarse a cabo fuera de la sede del organismo.

  1. b) Actuaciones procesales en particular:

b.1) Audiencias:

b.1.1)       Pautas generales para las audiencias:

b.1.1.1)    Suspensión. Disponer la suspensión de la celebración de audiencias fijadas por los órganos jurisdiccionales, salvo aquellas  que sean  urgentes y no conlleven riesgo para la salud de las personas.

b.1.1.2)    Sustitución de las audiencias por escritos, resoluciones electrónicas y/o videoconferencias: Autorizase de manera excepcional a los magistrados, en el marco del régimen procesal respectivo, a sustituir la celebración del acto procesal oral por:

(i)             El  procedimiento  escrito procurando  que   las   partes   efectúen sus peticiones e intervenciones mediante una presentación electrónica o en papel cuando la primera no sea factible (v.gr. en este último caso en el fuero penal).

(ii)            Videoconferencias. Ello así, cuando el órgano judicial y los intervinientes cuenten con las facilidades informáticas a tal fin y fuese posible en función del caso.

b.1.1.3)    Reprogramación de audiencias: Cuando la sustitución del acto oral no sea factible, se reprogramarán las audiencias que tuvieran fecha designada durante el período establecido en el párrafo primero del artículo 1, especialmente en procesos seguidos a personas que no se encuentren privadas de su libertad. Las  audiencias que sean reprogramadas deberán tener prioridad en la agenda del órgano judicial, circunstancia que será controlada por la Subsecretaría de Control de Gestión.

b.1.1.4)    Celebraciones excepcionales. Recaudos. En los casos en que excepcionalmente deban celebrarse audiencias, deberán arbitrarse los  siguientes recaudos mínimos:

(i)             Concurrencia al acto de una cantidad mínima de personas, procurando sustituir, sin afectación de derechos y cuando los medios lo permitan, la concurrencia física por el contacto mediante videoconferencia.

(ii)            Evitar aglomeraciones de personas en un mismo espacio físico y,  a tal efecto, no dar lugar a que haya una gran afluencia de partes e intervinientes esperando la celebración de juicios y vistas en una zona común.

(iii)           Evitar la participación de personas de alto riesgo (enfermos, personas mayores, etc.). En su caso, garantizar su intervención a través de videoconferencias u otros medios telemáticos.

(iv)           Restringir temporalmente la asistencia de público, limitándola a aquel número de personas que permita mantener una distancia de seguridad de un metro como mínimo.

(v)            Tener especial consideración de la dimensión y ventilación de los espacios     físicos     disponibles     para     ello,     dando      estricto cumplimiento      a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

(vi)           Si   alguno   de    los    asistentes    a    la    vista    o    juicio  mostrase sintomatología se le invitará a abandonar la sala, facilitándole medios de protección adecuados, adoptando las medidas de prevención correspondientes y, en su caso, suspendiendo la celebración del acto.

b.1.2)       Pautas específicas para el fuero penal

Sin perjuicio de la aplicación -en lo pertinente- de las pautas generales previstas en el apartado anterior, atento las particularidades de los fueros Penal y el de Responsabilidad Penal Juvenil, se disponen las siguientes recomendaciones:

b.1.2.1.) Normas generales para todas las audiencias:

Evitar la concurrencia de las personas privadas de la libertad a cualquier órgano o dependencia del Poder Judicial procurando llevar adelante el contacto con las mismas a través de videoconferencia.

b.1.2.2) Audiencias de debate oral. Juicio por Jurados:

Se suspenderán la celebración de debates con Jurados Populares que tuvieren fecha designada para los días alcanzados por el plazo establecido en el párrafo primero del artículo 1°.

b.2) Visitas carcelarias: Estese a lo establecido por la Resolución SDH Nº 48/20. Los contactos con las personas alojadas en unidades penitenciarias dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires podrán ser llevados a cabo mediante videoconferencia.

  1. c) Caducidad de la instancia: A los efectos del cómputo del plazo de caducidad previsto en el artículo 311 del decreto ley 7425/68, habiéndose declarado asueto judicial y suspensión de términos, repútense inhábiles los días comprendidos en el período fijado en el artículo primero, párrafo primero del presente, de conformidad con lo establecido por el artículo 152 del mismo cuerpo adjetivo.

3)             Modificación excepcional de los regímenes de notificaciones y presentaciones electrónicas: establecer excepcionalmente y por el período establecido en el párrafo primero del artículo 1, las siguientes pautas modificatorias y/o complementarias   a   los   regímenes   de   notificaciones    y    presentaciones electrónicas (Acuerdos Nº 3845 y Nº 3886, respectivamente):

  1. a) Escritos de inicio (ref. art. 1 y 3, Anexo Único, Acuerdo Nº 3886; Acuerdo Nº 3397). Casos urgentes o de inminente prescripción de la acción. Ampliación de modalidad informática: hacer saber a los letrados que solo deberán presentar aquellos escritos de inicio que requieran urgente despacho o en los que sea inminente la prescripción de la acción (arts. 2546, Código Civil y Comercial de la Nación; 36, decreto nº 43/19, reglamentario de la Ley Nº 13.951), los que deberán ser recepcionados por las Receptorías de Expedientes o los Juzgados de Paz respectivos.

Sin perjuicio de ello, encomendar a la Subsecretaría de Tecnología Informática y a la Secretaría de Planificación (sistema INFOREC) que analicen la factibilidad de habilitar, en la medida que las disponibilidades técnicas lo permitan, la recepción de demandas en soporte electrónico bajo la modalidad en uso prevista para los procesos de apremios municipales y cajas previsionales (Resoluciones Nº 2088/17 y 2090/17, respectivamente).

De resultar factible, deberán informar en forma urgente a la Presidencia los tipos de procesos que podrían incluirse y el plazo en que podría ponerse a disposición de los letrados tal facilidad.

En caso de resultar operativa la ampliación de dicha modalidad, y siempre que los letrados no invoquen la autorización conferida por el artículo 48 del decreto ley Nº 7425/68, cuando se actúe por propio derecho y los patrocinados no cuenten con certificados digitales, serán aplicables para los escritos que así se inicien las pautas fijadas en el apartado 3.b.3 del presente.

  1. b) Presentaciones electrónicas:

b.1)          Recepción sólo de peticiones urgentes: hacer saber a los litigantes y profesionales que deberán presentar sólo aquellos escritos que requieran urgente despacho.

b.2)          Recepción sólo de escritos en soporte electrónico. Excepciones limitadas (ref. arts. 1 y 3, Anexo Único del Acuerdo Nº 3886): hacer saber a los litigantes y profesionales que deberán efectuar todas las presentaciones en soporte electrónico.

Los órganos judiciales no recibirán escritos en soporte papel a excepción de los supuestos contemplados en los incisos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Nº 3886.

b.3)          Escritos   que    no    se     consideren     de     “mero trámite” (Acuerdo Nº 3842). Modo de presentación (ref. art. 3, inc. 3, Anexo Único del Acuerdo Nº 3886): en los casos que se actúe por propio  derecho  y  los patrocinados no cuenten con certificados digitales el escrito se firmará ológrafamente por el litigante en presencia de su abogado. Éste será el encargado de generar, suscribir e ingresar en el sistema informático de la Suprema Corte un documento electrónico de idéntico contenido al elaborado en formato papel. El ingreso en dicho sistema de una presentación de estas características implica la presentación formal del escrito y la declaración jurada del abogado de que se ha cumplido con lo previsto en el párrafo anterior y, a su vez, la asunción de las obligaciones propias del depositario del escrito firmado en forma ológrafa. El tribunal puede, de oficio o a pedido de parte, ordenar la exhibición del escrito en soporte papel, bajo apercibimiento de que la presentación se tenga por no formulada en caso de incumplimiento. Si la exhibición se hubiera tomado imposible y no mediara culpa del depositario, se citará personalmente a la parte patrocinada a fin de que ratifique la autoría de la presentación y, en su caso, se adoptarán otras medidas pertinentes a tales efectos.

b.4)          Documentos acompañados con las presentaciones electrónicas (ref. art. 4, tercer párrafo, Anexo Único del Acuerdo Nº 3886): eximir de la carga que tienen los letrados que representan o patrocinan a los solicitantes de acompañar la documentación original en papel dentro del siguiente día hábil de formulada la presentación electrónica.

b.5)          Copias en papel de escritos o documentos (ref. art. 5, segundo párrafo, Anexo Único del Acuerdo Nº 3886): eximir de Ja carga que tienen los letrados que representan o patrocinan al peticionario, si la presentación original fue efectuada en soporte electrónico, de acompañar las copias en papel al órgano judicial dentro del siguiente día hábil desde que aquella se formuló.

b.6)          Mantenimiento de las presentaciones en formato electrónico (art. 8, Anexo Único del Acuerdo Nº 3886) en caso que el expediente deba ser remitido a un órgano de extraña jurisdicción y no exista convenio con esta Suprema Corte que permita enviar aquél en formato electrónico, el órgano jurisdiccional efectuará las gestiones necesarias para requerir al organismo receptor -como medida excepcional- que visualice las constancias del expediente en formato electrónico en la Mesa de Entradas Virtuales (MEV) o de modo alternativo generar  desde el Sistema “Augusta” un PDF de la causa y enviarlo adjunto vía correo electrónico oficial.

  1. c) Notificaciones electrónicas:

c.1)          Notificación oficiosa y urgente. Los órganos judiciales realizarán de oficio la notificación electrónica de las providencias, resoluciones y sentencias judiciales que legalmente deban notificarse mediante cédula. Sólo  se  notificarán aquellas que se consideren urgentes.

c.2)          Casos en los que la normativa ritual prevé su diligenciamiento en soporte papel (ref. art. 1, segundo párrafo, Anexo I del Acuerdo Nº 3845). Implementación de formato electrónico: en los casos que las normativas adjetivas establezcan que la notificación de la sentencia definitiva o equiparable a ésta se efectúe  en formato en papel (v.gr. arts. 137, inc. 12 y 143 del Decreto Ley Nº 7425/68, supletoriamente art. 16 Ley Nº 11653; 7 Ley Nº 14142), la misma se realizará en forma electrónica.

Sólo cuando la cédula tenga que ser cursada a un domicilio real se diligenciará en formato papel. Respecto de aquellas diligencias que, de acuerdo a la normativa vigente, puedan ser llevadas a cabo exclusivamente por personal policial, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones procurará efectuar las gestiones necesarias para requerir la colaboración de la Comisarías respectivas. En caso de no contarse con la colaboración peticionada, aquella deberá efectivizar el diligenciamiento de todas formas, dándose estricto cumplimiento a las medidas sanitarias pertinentes.

c.3)          Devolución de las cédulas en soporte papel (art. 8, inciso “a”, último párrafo, Anexo I del Acuerdo Nº 3845): la devolución de las cédulas en soporte papel luego de practicada la diligencia se realizará por medios electrónicos, escaneando las constancias respectivas e incorporándolas en el Sistema de Gestión Judicial.

c.4)          Adjunción de copias a las cédulas en formato papel (art. 8, inc. “b”, último párrafo, Anexo I del Acuerdo Nº 3845 y Acuerdo Nº 3397). En el caso que tengan que adjuntarse copias a la cédula en formato papel, se permitirá su remisión por medios electrónicos a los organismos encargados de practicar las notificaciones. En esta hipótesis, el interesado en practicar la comunicación deberá asegurarse que  las copias están incorporadas en formato electrónico. Del mismo modo, si la notificación se efectúa por Secretaría, será obligación de los funcionarios designados en cada órgano incorporar las copias al Sistema de Gestión Judicial.

Los organismos encargados de practicar las notificaciones en formato papel serán los encargados de imprimir tanto la cédula como las copias electrónicas remitidas por el órgano judicial actuante para su posterior diligenciamiento.

c.5)          Mandamientos (art. 9, Anexo I del Acuerdo Nº 3845). Las reglas previstas en el punto anterior, serán aplicables a los mandamientos.

c.6)          Comunicaciones  entre  órganos  y  con  entidades  públicas   (art. 9, Anexo I del Acuerdo Nº 3845). Todas las comunicaciones entre órganos judiciales en el marco de un proceso se realizarán por medios electrónicos.

En caso que se requiera la remisión del expediente, ello se suplirá con la indicación en el despacho respectivo que el mismo se encuentra a disposición en el Sistema de Gestión Judicial, conforme a la modalidad informática prevista para las ferias judiciales.

También se realizarán en formato electrónico todos los requerimientos dirigidos a organismos públicos municipales, provinciales y nacionales o privados cuando se encuentre disponible el uso de herramientas electrónicas y las disposiciones específicas que rijan el vínculo con tales entidades no establezcan una modalidad diferente. En este último caso, el órgano jurisdiccional procurará efectuar las gestiones necesarias para requerir al organismo receptor -como medida excepcional- que visualice las constancias del expediente en formato electrónico en la Mesa de Entradas Virtuales (MEV) o de modo alternativo generar desde el Sistema “Augusta” un PDF de la causa y enviarlo adjunto vía correo electrónico oficial.

  1. d) Disponibilidad y actualización de información:

El órgano judicial tendrá la responsabilidad de mantener actualizado y completo el registro de información de las causas que tramiten ante sí en el sistema informático disponible, procurando la actualización inmediata de los datos y actuaciones, a los efectos de garantizar el efectivo acceso a la información de los intervinientes en el proceso -salvo en el supuesto de actuaciones o trámites reservados-.

En los fueros de familia, penal y responsabilidad penal juvenil, se facilitará en forma extraordinaria a los letrados un acceso directo para la consulta de las causas en las que intervengan. A los fines de habilitar tal mecanismo, deberán efectuar, en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónica, una  presentación telemática en la causa respectiva que manifieste su voluntad de acceder a las constancias allí obrantes, la que permitirá su inclusión automática en el listado o set de causas  de cada letrado. Se publicará un listado de contactos telefónicos en la página web de la Suprema Corte de Justicia para el caso que los letrados no cuenten con el número de expediente respectivo.

  1. e) Condiciones de atención al público. Reglas Generales.

e.1) Atención telefónica y telemática: Se priorizará  la  atención telefónica y telemática en los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, se publicará un listado de contactos telefónicos en la página web de la Suprema Corte de Justicia para cualquier duda y/o consulta que tengan los magistrados, funcionarios y agentes en relación a la implementación de la presente.

e.2) Atención Presencial: Sólo se atenderán aquellos casos que acrediten y justifiquen que han sido citados por el órgano judicial o que tienen un procedimiento abierto, siempre que la petición que requieran no pueda realizarse o evacuarse por medios electrónicos, telemáticos o telefónicos.

Si fuera necesario, se establecerán los tumos imprescindibles para garantizar la prestación del servicio, debiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar los contactos directos con el personal y observar estrictamente las recomendaciones sanitarias pertinentes.

Recomendar para la atención en ventanillas o mesas de entradas el establecimiento de medidas de separación adecuadas para conservar la distancia física aconsejada (v.gr. mamparas, mesa adicional interpuesta o similares).

Artículo 2. Solicitar a la Asociación Judicial Bonaerense y a los Colegios de Abogados y de Magistrados y Funcionarios departamentales, la difusión de las medidas adoptadas para favorecer el cumplimiento eficaz de lo aquí dispuesto.

Artículo 3. Regístrese, comuníquese vía e-mail y publíquese en la página Web de la Suprema Corte de Justicia, encomendando a la Dirección de Comunicación y Prensa su difusión en los medios de comunicación masiva y Publíquese en el boletín oficial.

Anexo Único

Pautas para modalidad de Trabajo Domiciliario

  1. Una vez informada a la Subsecretaría de Tecnología Informática los agentes, funcionarios o magistrados alcanzados por la modalidad de teletrabajo y que hayan sido autorizados a trabajar desde sus domicilios, se les ofrecerá dos modalidades de trabajo:
  2. Escritorio Remoto: se le creará un usuario y clave personal para realizar el acceso remoto a la PC que tiene asignada en el organismo al que pertenece. El usuario y clave será informado a la cuenta de correo electrónico personal y oficial.
  3. Utilización del Portal de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas: a través de este servicio los funcionarios y magistrados podrán realizar presentaciones electrónicas en causas de su organismo, donde posteriormente, el personal que asista al organismo, deberá incorporar dicha presentación al Sistema Augusta.
  4. Subrogancia: para estos casos se hará la configuración necesaria en el Sistema Augusta de idéntica manera a como se realiza en el período de feria judicial.
  5. La Subsecretaría de Tecnología Informática dejará disponible en el sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia, los instructivos con los pasos necesarios para realizar lo descripto en los apartados “a” y “b” del punto 1° del presente. Los mismos incluirán los teléfonos de las Delegaciones de Tecnología Informática para que las consultas sobre este servicio sean evacuadas en forma local y directa. Dicha práctica ayudará a no saturar el servicio brindado a usuarios externos por el Centro de Atención Telefónica a Usuarios.
  6. La Subsecretaría de Tecnología Informática capacitará a todo el personal de sus Delegaciones en lo relativo a las dos modalidades propuestas de trabajo domiciliario.

[10] El art. 1º establece expresamente que las disposiciones que contiene esta resolución “tendientes a proteger y preservar la integridad y la salud de las partes, profesionales, auxiliares de justicia, público en general, agentes, funcionarios y magistrados judiciales, respecto de la infección causada por el virus COVID-19 (coronavirus)” “tendrán carácter excepcional y vigencia hasta el 31 de marzo del corriente año”. De esto puede colegirse que la vigencia temporal se aplica a aquellas medidas que solamente tengan por objetivo la preservación de la salud de las personas durante el ASPO, mientras que las disposiciones y figuras que, además, aporten mayor eficacia al proceso, habrán de continuar en vigencia por este solo –y esencial- fundamento.

[11] Camps, Carlos E., Notificaciones electrónicas, Erreius, Buenos Aires, 2017.

[12] SCBA, Acuerdo 3971/20. La Plata, 15 de abril de 2020.

VISTO: El proceso de actualización tecnológica para la mejora del servicio de justicia dispuesto por esta Suprema Corte y las condiciones en que dicha actividad debe desarrollarse en el actual contexto de grave emergencia sanitaria; y,

CONSIDERANDO:  1º)       Que la Suprema Corte de Justicia, mediante normas de índole reglamentaria con base en las atribuciones que, como cabeza del Poder Judicial, le confieren las disposiciones constitucionales y legales (arts. 160, 164, 168 de la Constitución Provincial, 32 inc. “s” de la ley 5827, e.o.), ha implementado una serie de programas de innovación en sus procesos de trabajo que incorporan las herramientas que brinda la tecnología de la información y las comunicaciones, con el propósito de favorecer una mayor celeridad,  economía y seguridad de los trámites judiciales.

2°) Que el empleo de tales herramientas, entre sus diversos campos de aplicación, apunta a la mejora permanente de la gestión de los órganos judiciales. En el caso de esta Corte, contribuye a incrementar  la eficacia y la capacidad de respuesta en el ejercicio de sus funciones.

3º) Que, en ese  sentido,  en  vista  de  sus  atributos  de integridad y autenticidad (arts. 2, 6, 11 y eones., ley 25.506), se advierte la conveniencia de generalizar la firma digital en el ámbito de la Suprema  Corte de Justicia.

4º) Que, además, las  funcionalidades  de  los  sistemas  de gestión de documentos digitales permiten agilizar el procesamiento de la información y el tratamiento de los asuntos a decidir, tareas que, en el caso de este Tribunal, dada su cantidad y la heterogeneidad de las materias que integran su competencia, adquieren una gran complejidad.

5°) Que, por  consiguiente,  es  preciso  instituir  reglas adecuadas, que al mismo tiempo que favorezcan la actualización tecnológica, perfeccionen las buenas prácticas que informan el proceso de deliberación en el seno de la Corte.

6º) Que lo señalado exige, en primer término, abrir un canal alternativo a la circulación secuencial con firma de los expedientes en soporte papel. Con todo, tal como se hiciera con el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas (v. Acuerdos SCBA Nº 3399, Nº 3540,  Nº  3733; Nº 3845 y Nº 3886, e.o., y las Resoluciones  SCBA Nº 707/16 y, en especial,  Nº 1647/17, art. 1º), razones operativas hacen necesario mantener  la coexistencia del nuevo régimen con la modalidad tradicional, transitoriamente y flexibilizando su uso, hasta nueva decisión del Tribunal.

7°) Que, con el  objeto  de  aprovechar  las  utilidades  que  provee la tecnología, y en consonancia con el mandato constitucional de asegurar la tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const.  Prov.), corresponde adoptar una modalidad de acuerdos que reconozca un pleno efecto a aquel postulado, en todo cuanto concierne a la producción y rúbrica de sus actos.

8º) Que, merced a la modalidad de actuación bajo acuerdo continuo, cualquier clase de actos de la Suprema Corte o de sus Salas (art. 30, segundo párrafo, ley 5827; Resolución SCBA Nº 211/04), producto de la mayoría de votos concordantes, podrá firmarse todos los días hábiles de la semana, incluso en horas inhábiles, solución que cabe extender respecto de las firmas de los demás funcionarios intervinientes. Ha de autorizarse, en consecuencia y con alcance general, rubricar sentencias o decisiones administrativas bajo este régimen, todas las jornadas hábiles de cada semana,  sin necesidad de decretar acuerdos extraordinarios ni habilitaciones de días y horas ad hoc.

9°) Que, en segundo lugar, la optimización del quehacer de la Suprema Corte conduce a generalizar el empleo de la firma digital de documentos no sólo desde el despacho de sus miembros sino también a distancia.

1Oº) Que, por otra parte, en atención al uso creciente de las plataformas de comunicación en línea, cabe contemplar la práctica creciente de reuniones de trabajo a distancia de esta Corte, instrumento idóneo para evaluar propuestas, intercambiar pareceres o preparar la decisión de cuestiones de conveniente tratamiento en simultáneo por todos sus miembros, sin perjuicio de las reuniones presenciales que semanalmente fueren a celebrarse.

11º) Que, en adición a todo lo expuesto, y a mayor abundamiento, deben tenerse presente la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud respecto de la infección causada por el virus COVID-19 (coronavirus), las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Res.2020-393-GDEBA­ MSALGP y Res.-2020-394-GDEBA-MSALGP-), el estado de emergencia sanitaria dispuesto en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires (Dec.-2020- 132-GDEBA); las medidas adoptadas por los Poderes Ejecutivo Nacional y Provincial en el marco de la crisis sanitaria (DNU PEN 260/20; 297/20, 325/20, 355/20, entre otros, y Decr. Prov. Nº 132/20, 180/20, 203/20; entre otros); y el propio desarrollo de la crítica situación epidemiológica .

12º) Que en ese marco se han dispuesto una serie de restricciones a la circulación y de medidas de aislamiento social que inciden de manera objetiva y directa sobre la regularidad de la prestación de la administración de justicia.

13º) Que, en tales condiciones, si el progreso en términos de celeridad, eficacia y transparencia que representan las innovaciones señaladas en los Considerandos 1º) a 10º) de este Acuerdo, justifica de suyo su pronta implementación, la existencia de la pandemia toma ciertamente imprescindible aplicarlas, pues han de redundar en un aporte significativo para que el servicio de justicia funcione de manera compatible con la necesidad de proteger la salud de las personas y con los requerimientos impuestos a raíz de la emergencia sanitaria (cfr. Resolución SCBA 386/20 y las Resoluciones de su Presidencia SPL Nº  10/20. SPL Nº  12/20, arts. 3º  y 4°; SPL Nº  14/20, art. 7º; y SPL Nº 15/20, y concordantes).

14º) Que, para garantizar su eficiente puesta en práctica, el régimen que se reglamenta en este Acuerdo será aplicado en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta las características propias de cada una de las áreas jurisdiccionales y de superintendencia del Tribunal. Coexistirá con la modalidad de acuerdo y firma en formato papel de los actos, admitiéndose empero que pueda canalizarse bajo el sistema de acuerdo continuo, aprobado por el presente.

15°) Que han tomado intervención la Secretaria de Planificación, así como la Subsecretaria de Tecnología Informática y la Dirección de Servicios Legales.

POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia, en uso de sus atribuciones (arts. 15, 164, 168 y eones., Const. Prov.; 30, 32 inc. “s” y eones. de la ley 5827; 834 -disposiciones transitorias- del C.P.C.C.; 5° del C.P.P.),

ACUERDA:

ARTÍCULO 1 º. La Suprema Corte  de Justicia y, cuando correspondiere, las Salas que la integran, el presidente, los secretarios y subsecretarios y todo otro funcionario que disponga el presidente del Tribunal, podrán suscribir con el uso de la firma digital todos sus actos jurisdiccionales y de superintendencia, conforme al presente régimen.

A los efectos del presente régimen, la Suprema Corte se declara en estado de acuerdo continuo para la producción y firma de sus actos, lo que incluye a las Salas del Tribunal.

ARTÍCULO 2°. Los integrantes de los órganos y los funcionarios comprendidos en el artículo anterior podrán firmar, incluso fuera de la sede o asiento físico de sus despachos, los distintos actos que deban emitir.

ARTÍCULO 3°.    Con  arreglo  a  lo dispuesto  en el artículo  1º, una  vez concluida la deliberación conforme a la secuencia resultante del orden de votación, y consolidado el texto de los actos a suscribir bajo la modalidad aquí regulada, éstos serán puestos a circulación por las Secretarías o Subsecretarias intervinientes entre los miembros de la Suprema Corte o de sus Salas, quienes podrán rubricar los respectivos votos en su versión definitiva cualquier  día hábil, aún en horas inhábiles.

ARTÍCULO 4°. A los fines del  presente  régimen,  el  trámite  de rúbrica del acto jurisdiccional o de superintendencia que correspondiere se considerará perfeccionado en el momento en el que, reunida la mayoría de  votos concordantes, y concluida la firma de los miembros  de la Suprema Corte o de las Salas, lo suscriba el secretario o subsecretario interviniente.

ARTÍCULO  5°.      El trámite de rúbrica de los actos del Presidente de la Suprema Corte se considerará perfeccionado cuando, una vez firmado por dicha autoridad, lo suscriba el secretario o subsecretario. Tales actos, al igual que los emanados de los secretarios o subsecretarios, podrán firmarse todos los días hábiles, en cualquier hora, hábil o inhábil.

ARTÍCULO 6°. El presente régimen será de aplicación a los  magistrados que integren la Suprema Corte por vacancia, licencia, excusación, recusación u otro impedimento de alguno de sus miembros titulares.

ARTÍCULO 7°. Sin perjuicio de las previsiones establecidas en los artículos anteriores, a fin de proveer lo conducente para mejor prestación del servicio de justicia, la Suprema Corte, con la frecuencia que fuere necesaria y por convocatoria del Presidente, podrá celebrar reuniones presenciales o a distancia, acudiendo a las tecnologías de la comunicación disponibles. El soporte técnico para la realización de tales reuniones y de sus deliberaciones estará a cargo del personal que al efecto asignare el presidente.

ARTÍCULO 8°. De todo  lo  resuelto  con  arreglo  al  sistema establecido en el presente régimen, todos los miércoles de cada mes a las doce (12) horas, o el día hábil inmediato posterior de ser aquél inhábil, se elaborarán listados por cada Secretaria que deberán reflejarse en un Acta de asuntos decididos. Este documento será suscripto por el Presidente de la  Suprema Corte.

ARTÍCULO 9°.           Los Sistemas de Gestión de la Suprema Corte contendrán un mecanismo electrónico de registro de los actos jurisdiccionales y de superintendencia emanados del Tribunal o de sus Salas con arreglo a la modalidad de acuerdo prevista en los artículos precedentes. Un mecanismo análogo se organizará respecto de los actos del Presidente.

ARTÍCULO 10°. El presente régimen  prevalecerá  sobre  toda otra  norma emanada de la Suprema Corte que fuere incompatible. Ello sin perjuicio de su coexistencia con el régimen de acuerdos presenciales, con firma en soporte papel y en días determinados, que se mantendrá hasta tanto se decida su terminación.

A los fines de la firma digital de los actos de la Suprema Corte o de sus Salas bajo el presente régimen, no será aplicable el orden de precedencia establecido en el Acuerdo Nº 2027 (acápite A. l).

ARTÍCULO 11°. Se     encomienda             a              todas       las            Secretarias y Subsecretarias de la Suprema Corte, a coordinar con la Subsecretaría de Tecnología Informática y las Vocalías de los ministros lo necesario para la más eficaz puesta en funcionamiento del presente régimen.

ARTICULO 12º. Por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles judiciales a contar desde el día de la publicación en el sitio web de la Suprema Corte del presente Acuerdo, los actos alcanzados por esta norma serán registrados según el régimen anterior. Durante dicho plazo deberá elaborarse el registro electrónico referido en el artículo 9° para su efectiva puesta en funcionamiento.

ARTÍCULO 13º.   Para el cumplimiento  del requisito establecido  en el primer párrafo del artículo anterior, deberá hacerse la impresión del acto a registrar y emitirse la certificación por el actuario que lo firma de su fidelidad con relación a los registros electrónicos.

ARTÍCULO 14º: El presente régimen  será  aplicado  en  forma gradual y progresiva de acuerdo a las características propias de cada una de las áreas jurisdiccionales y de superintendencia de la Suprema Corte.

En el supuesto de actos de superintendencia que se dicten en coordinación con el Procurador General, la firma digital de éste será consignada en documento digital por separado.

ARTÍCULO 15º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia y comuníquese por vía electrónica.

[13]  Camps, Carlos E., “Eficacia del derecho procesal electrónico bonaerense y pandemia” cit.

[14] SCBA, Acuerdo 3976/20. La Plata, 28 de mayo de 2020.

VISTO: EL Acuerdo Nº 3971, que regula la modalidad de actuación en Acuerdo continuo de esta Suprema Corte (considerando  8 y sgtes y art. 1º del Ac. Cit.) y;

CONSIDERANDO:

1º)        Que,  con  la  adopción  de  la modalidad  antes referida, esta Suprema Corte tuvo en miras incrementar la eficacia y la capacidad de respuesta en el ejercicio  de sus funciones, instituyendo  reglas adecuadas que perfeccionen  las buenas prácticas en el proceso de deliberación en su seno, dada su cantidad y la heterogeneidad de las materias que integran su competencia, las cuales adquieren además una gran complejidad.

2°) Que en ese marco, con el propósito de favorecer  una  mayor celeridad, economía y seguridad jurídica, que componen el mandato constitucional de asegurar la tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const. Prov.), es conveniente adecuar las previsiones relativas al momento de producción y rúbrica de los actos por los miembros del Tribunal.

3°) Que, para la modalidad de  actuación  bajo  acuerdo continuo en la faz jurisdiccional de esta Suprema Corte o de sus Salas (art. 30, segundo párrafo, ley 5827; Resolución SCBA Nº 211/04),  corresponde  posibilitar que la rúbrica de los actos a cargo de sus miembros se lleve a cabo  todos los días, sean hábiles e inhábiles, incluso en horas inhábiles. El trámite respectivo quedará perfeccionado con la firma del Secretario o Subsecretario interviniente quien deberá rubricarlo en día hábil, sea en hora hábil o inhábil.

4°) Que en el caso de los  actos  de  superintendencia  emanados de esta Suprema Corte o de sus Salas, corresponde adoptar una solución de más amplio alcance, estableciéndose que el acto quedará perfeccionado con la firma Secretario o Subsecretario quien estará autorizado a la rúbrica en días hábiles o inhábiles, en hora hábil o inhábil. Similar previsión corresponde adoptar  con  los actos firmados por el Presidente del Tribunal o por los Secretarios o Subsecretarios.

5º) Que, si bien  la  modalidad  de  acuerdo  continuo minimiza la necesidad de habilitaciones puntuales de días y horas quedan exceptuados de la habilitación genérica que aquélla supone los días comprendidos en las ferias judiciales de cada año, razón por cual de ser necesario deberá acudirse en tal caso a habilitaciones de días y horas ad hoc.

6º) Que ha tomado intervención la Secretaria de Planificación.

POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia, en uso de sus atribuciones (arts. 15, 164, 168 y eones., Const. Prov.; 30, 32 inc. 11s 11 y eones. de la ley 5827; 834 -disposiciones transitorias- del C.P.C.C.; 5° del C.P.P.).

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 3° del Acuerdo N° 3971, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3°. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º, una vez concluida la deliberación conforme a la secuencia resultante del orden de votación, y consolidado el texto de los actos a suscribir bajo la modalidad aquí regulada, éstos serán puestos a circulación por las Secretarías o Subsecretarías intervinientes entre los miembros de la Suprema Corte o de sus Salas, quienes podrán rubricarlos en su versión definitiva cualquier día hábil o inhábil, aún en horas inhábiles.

El trámite quedará perfeccionado con la firma del secretario o subsecretario interviniente, conforme lo dispuesto en el artículo siguiente”.

ARTÍCULO 2°. Modificar el artículo 4 del Acuerdo N° 3971, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 4°. A los fines del presente régimen, el trámite de rúbrica del acto que correspondiere se considerará perfeccionado en el momento en el que, reunida la mayoría de votos concordantes y concluida la firma de los miembros de la Suprema Corte o de las Salas, lo suscriba el secretario o subsecretario interviniente.

En los casos de actos jurisdiccionales el secretario o subsecretario interviniente deberá rubricarlos en día hábil, sea en hora hábil o inhábil.

Tratándose de actos de superintendencia, el secretario o subsecretario interviniente podrá rubricarlos incluso en día y hora inhábiles.”

ARTÍCULO 3°: Incorporar al Acuerdo N° 3971 el artículo 4° bis, el que contiene el siguiente texto:

“Artículo 4° bis. Se exceptúa de lo prescripto en los artículos 3° y 4° a los períodos comprendidos en la feria judicial. En tales supuestos, para dictar actos jurisdiccionales deberán habilitarse días y horas”.

ARTÍCULO 4°: Modificar el artículo 5° del Acuerdo N° 3971, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5° El trámite de rúbrica de los actos del Presidente de la Suprema Corte se considerará perfeccionado cuando, una vez firmado por dicha autoridad, lo suscriba el secretario o subsecretario. Tales actos, al igual que los emanados de los secretarios o subsecretarios, podrán firmarse los días hábiles e inhábiles, en cualquier hora, hábil o inhábil”.

ARTÍCULO 5°: Autorizar al Presidente del tribunal a publicar un texto ordenado del Acuerdo aquí modificado.

ARTÍCULO 6º: Regístrese, póngase en conocimiento de la Procuración General, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia y comuníquese por vía electrónica.

[15] Resolución de Presidencia 29/20. La Plata, 28 de mayo de 2020.

VISTO: El Acuerdo Nº 3976 por el cual se reforman algunos preceptos de su símil Nº 3971, con el objeto maximizar la celeridad, economía y seguridad jurídica en la producción y rúbrica de los actos que suscriben los miembros de esta Suprema Corte de Justicia; y la atribución mediante la que se autoriza al Presidente del Tribunal a publicar un texto ordenado del Acuerdo; y,

CONSIDERANDO: Que la claridad y previsibilidad de las reglas son atributos inherentes a la seguridad jurídica.

Que, por ello teniendo en consideración la facultad conferida por el artículo 5° del Acuerdo Nº 3976, corresponde la elaboración y publicación de un texto ordenado del Acuerdo Nº 3971, el cual forma parte de la presente como Anexo Único.

Que ha informado en el ámbito de su competencia la Secretaria de Planificación.

POR ELLO, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de sus atribuciones (arts. 62 y eones., Ley Nº 5827) y las facultades conferidas por el artículo 5 del Acuerdo Nº 3976.

RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar el texto ordenado del Acuerdo Nº 3971, el que integra la presente como Anexo Único, y autorizar su publicación.

Artículo 2°: Regístrese, póngase en conocimiento de la Procuración General, publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web de la Suprema Corte de Justicia y comuníquese vía electrónica lo aquí resuelto, encomendando a la Dirección de Comunicación y Prensa su difusión en los medios de comunicación masiva.

Anexo Único

Texto ordenado Acuerdo Nº 3971

ARTÍCULO 1º: La Suprema Corte de Justicia y, cuando correspondiere, las Salas que la integran, el presidente. los secretarios y subsecretarios y todo otro funcionario que disponga el presidente del Tribunal, podrán suscribir con el uso de la firma digital todos sus actos jurisdiccionales y de superintendencia, conforme al presente régimen.

A los efectos del presente régimen, la Suprema Corte se declara en estado de acuerdo continuo para la producción y firma de sus actos, lo que incluye a las Salas del Tribunal.

ARTÍCULO 2°: Los integrantes de los órganos y los funcionarios comprendidos en el artículo anterior podrán firmar, incluso fuera de la sede o asiento físico de sus despachos, los distintos actos que deban emitir.

ARTÍCULO 3°: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 º, una  vez  concluida la deliberación conforme a la secuencia resultante del orden de votación, y consolidado el texto de los actos a suscribir bajo la modalidad  aquí  regulada,  éstos serán puestos a circulación por  las  Secretarías  o  Subsecretarías  intervinientes  entre los miembros de la Suprema Corte o de sus Salas, quienes podrán rubricarlos en su versión definitiva cualquier día hábil o inhábil, aún en horas inhábiles.

El trámite quedará perfeccionado con la firma del secretario o subsecretario interviniente, conforme lo dispuesto en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 4°: A los fines del presente régimen, el trámite de rúbrica del acto que correspondiere se considerará perfeccionado en el momento en el que, reunida la mayoría de votos concordantes y concluida la firma de los miembros de la Suprema Corte o de las Salas, lo suscriba el secretario o subsecretario interviniente

En los casos de actos jurisdiccionales el secretario o subsecretario interviniente deberá rubricarlos en día hábil, sea en hora hábil o inhábil.

Tratándose de actos de superintendencia, el secretario o subsecretario interviniente podrá rubricarlos incluso en día y hora inhábiles.

ARTÍCULO 4° bis: Se exceptúa de lo prescripto en los artículos 3º y 4º a los períodos comprendidos en la feria judicial. En tales supuestos, para dictar actos jurisdiccionales deberán habilitarse días y horas.

ARTÍCULO 5°: El trámite de rúbrica de los actos del Presidente de la Suprema Corte se considerará perfeccionado cuando, una vez firmado por dicha autoridad, lo suscriba el secretario o subsecretario. Tales actos, al igual que los emanados de los secretarios o subsecretarios, podrán firmarse los días hábiles e inhábiles, en cualquier hora, hábil o inhábil.

ARTÍCULO 6°: El presente régimen será de aplicación a los magistrados que integren la Suprema Corte por vacancia, licencia, excusación, recusación u otro impedimento de alguno de sus miembros titulares.

ARTÍCULO 7°: Sin perjuicio de las previsiones establecidas en los artículos anteriores, a fin de proveer lo conducente para mejor prestación del servicio de justicia, la Suprema Corte, con la frecuencia que fuere necesaria y por convocatoria del Presidente, podrá celebrar reuniones presenciales o a distancia, acudiendo a las tecnologías de la comunicación disponibles. El soporte técnico para la realización de tales reuniones y de sus deliberaciones estará a cargo del personal que al efecto asignare el presidente.

ARTÍCULO 8°: De todo lo resuelto con arreglo al sistema establecido en el presente régimen, todos los miércoles de cada mes a las doce (12) horas, o el día hábil inmediato posterior de ser aquél inhábil, se elaborarán listados por cada Secretaría que deberán reflejarse en un Acta de asuntos decididos. Este documento será suscripto por el Presidente de la Suprema Corte.

ARTÍCULO 9°: Los Sistemas de Gestión de la Suprema Corte contendrán un mecanismo electrónico de registro de los actos jurisdiccionales y de superintendencia emanados del Tribunal o de sus Salas con arreglo a la modalidad de acuerdo prevista en los artículos precedentes. Un mecanismo análogo se organizará respecto de los actos del Presidente.

ARTÍCULO 10°: El presente régimen prevalecerá sobre toda otra norma emanada de la Suprema Corte que fuere incompatible. Ello sin perjuicio de su coexistencia con el régimen de acuerdos presenciales, con firma en soporte papel y en días determinados , que se mantendrá hasta tanto se decida su terminación.

A los fines de la firma digital de los actos de la Suprema Corte o de sus Salas bajo el presente régimen, no será aplicable el orden de precedencia establecido en el Acuerdo Nº 2027 (acápite A.l).

ARTÍCULO 11º: Se encomienda a todas las Secretarías y Subsecretarías de la Suprema Corte, a coordinar con la Subsecretaría de Tecnología Informática y las Vocalías de los ministros lo necesario para la más eficaz puesta en funcionamiento del presente régimen.

ARTICULO 12º: Por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles judiciales a contar desde el día de la publicación en el sitio web de la Suprema Corte del presente Acuerdo, los actos alcanzados por esta norma serán registrados según el régimen anterior. Durante dicho plazo deberá elaborarse el registro electrónico referido en el artículo 9° para su efectiva puesta en funcionamiento .

ARTÍCULO 13°: Para el cumplimiento del requisito establecido en el primer párrafo del artículo anterior, deberá hacerse la impresión del acto a registrar y emitirse la certificación por el actuario que lo firma de su fidelidad con relación a los registros electrónicos.

ARTÍCULO 14º: El presente régimen será aplicado en forma gradual y progresiva de acuerdo a las características propias de cada una de las áreas jurisdiccionales y de superintendencia de la Suprema Corte.

En el supuesto de actos de superintendencia que se dicten en coordinación con el Procurador General, la firma digital de éste será consignada en documento digital por separado.

[16] SCBA, Acuerdo 3975/20. La Plata, 17 de abril de 2020.

VISTO: El avance en la utilización de herramientas tecnológicas en la gestión judicial que esta Suprema Corte de Justicia viene desarrollando a través del Acuerdo Nº 3733 y demás reglamentaciones (Acuerdos Nº 2398, Nº 3230, Nº 3845, Nº 3886 y Nº 3891, entre otros); la necesidad de actualización de las normas vinculadas al régimen general de escritos, resoluciones y expedientes judiciales (Acuerdo Nº 2514); y la emergencia sanitaria en curso (DNU N’ 297/20, Nº 325/20 y Nº 355/20;  Decretos provinciales Nº 132/20 y 203/20; y Resoluciones de Corte Nº 386/20 y de Presidencia SPL Nº 10/20, 14/20 y 18/20 que adhieren a dicha emergencia), imponen maximizar en el uso de tecnologías de la información y comunicación, como medio para favorecer la prestación del servicio de justicia y;

CONSIDERANDO: 1º) Que, por Acuerdo Nº 3971 esta Suprema Corte se declaró en estado de acuerdo continuo, habilitando suscribir con el uso de la firma digital todos sus actos jurisdiccionales y de superintendencia, conforme al régimen allí previsto (art. 1º, Res. cit.).

2º) Que dicha norma, y la situación de emergencia sanitaria en curso, toman aconsejable la instrumentación de medidas estructurales que estaban planificadas y que, en el contexto actual, se vuelven imprescindibles. Ello así, en tanto facilitan el proceso de emisión y registración de las diversas decisiones judiciales de forma más segura y eficiente, así como el avance hacia el expediente digital.

3°) Que, en este sentido, oportunamente, la Mesa de Trabajo creada por Resolución Nº 3272/15 (y ampliada por Resoluciones Nº 1074 /16 y Nº 2808/18) propuso la actualización del Acuerdo Nº 2514, coincidiendo en la necesidad de introducir modificaciones en dicha norma reglamentaria a fin de incorporar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles.

4º) Que, por Resolución Nº 2805/18, se puso a consideración de los magistrados y funcionarios de los organismos jurisdiccionales de todos los fueros e instancias y de las Secretarias  Actuarias de esta Corte la propuesta formulada por la citada Mesa de Trabajo, habiéndose recibido una importante cantidad de sugerencias o comentarios (arts. 1 y 2, Resol. cit.).

5°) Que, en ese marco y tomando en consideración aquellas opiniones se ha considerado necesario actualizar la normativa. En relación con las exigencias comunes para la presentación de cualquier clase de escritos, se ha introducido el deber de los profesionales actuantes de denunciar el número único de causa y su número de teléfono celular de contacto, dadas las ventajas funcionales y operativas que reporta para el trabajo cotidiano de todos los sujetos involucrados.

6°) Que, en consonancia con lo apuntado, también se precisa que los escritos electrónicos serán confeccionados respetando el diseño prefijado en el sistema informático.

7º) Que en paralelo es preciso establecer  la obligatoriedad de la firma digital de todas las providencias simples , resoluciones interlocutorias, sentencias definitivas, actuaciones y diligencias judiciales, salvo cuando circunstancias graves y excepcionales o la especial naturaleza del trámite impidan esa modalidad.

8°) Que las resoluciones judiciales de órganos unipersonales se tendrán por firmadas digitalmente en la fecha y hora que registre el sistema informático, el que asentará -para cada trámite- el momento exacto en que ellas se rubricaron en dicho sistema, así como la identificación del magistrado o funcionario signatario. En el caso de decisiones de tribunales colegiados y Acuerdos plenarios se adopta una solución acorde a la estructura de tales órganos.

9º) Que también se establece que las resoluciones judiciales sean firmadas en día hábil, aún en horas inhábiles, y que los libros de sentencias consten en un registro electrónico, modalidad  que no sólo permitirá simplificar y automatizar la tarea sino optimizar los limitados recursos humanos y materiales existentes.

1Oº) Que, en lo atinente a los expedientes judiciales, si bien deberán tramitar en formato digital como regla, no es posible soslayar la convivencia transitoria del expediente digital con las actuaciones originadas oportunamente en soporte papel. Por ello, para evitar la sobrecarga de tareas en los organismos jurisdiccionales, las actuaciones obrantes a la fecha únicamente en formato papel en los expedientes judiciales, no deberán ser digitalizadas (arts. 18 y 22, Anexo único).

11º) Que, en virtud de la ineludible coexistencia de los expedientes digitales y los mixtos, se han fijado reglas tendientes a regular ambas situaciones. En este punto, es importante aclarar que algunas de las regulaciones aquí establecidas (v.gr., índice digital de todas las actuaciones y movimientos del proceso; individualización o desglose electrónica), han sido desarrolladas o introducidas en la práctica de la gestión del expediente de manera informática.

12º) Que el régimen que se establece en el presente Acuerdo reviste carácter general, por lo cual será de aplicación complementaria a las reglas vigentes en materia de presentaciones y notificaciones electrónicas o normativas especiales dictadas o que en el futuro puedan establecerse para procesos o situaciones particulares.

13º) Que, por otra parte, a fin de disminuir el uso de papel, se ha estimado apropiado establecer mecanismos alternativos para el caso en que el expediente deba ser remitido a un órgano público de extraña jurisdicción y no exista Convenio con esta Suprema Corte que permita enviarlo por medios electrónicos.

14º) Que, finalmente, además del consenso de los participantes de la Mesa de Trabajo, citada en el tercer considerando, y de las opm10nes de los magistrados y funcionarios participantes de la consulta efectuada (Res. Nº 2805/18), han tomado intervención la Secretaria de Planificación, así como la Subsecretaria de Tecnología Informática y la Dirección de Servicios Legales.

POR ELLO, la Suprema Corte, en ejercicio de sus atribuciones (arts. 32, inc. “s” de la ley 5827; y 834 -disposiciones transitorias­ del C.P.C.C.).

ACUERDA:

Artículo 1º: Aprobar el nuevo “Reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales” que, como Anexo Único, forma parte integrante del presente y que se aplicará en forma obligatoria a todos los procesos.

Artículo 2°: Hacer saber que el régimen que se establece en el presente es de carácter general, siendo de aplicación complementaria a las normas vigentes en materia de presentaciones y notificaciones electrónicas o las demás de carácter específico, dictadas o que en el futuro puedan establecerse, para procesos o situaciones particulares.

Artículo 3°: El presente Acuerdo comenzará a regir con alcance general el día 27 de abril de 2020. En el caso de los fueros penal y de la responsabilidad penal juvenil lo será a partir del día 1° de junio de 2020, a excepción de los aspectos que fueren de aplicación antes de esa fecha, conforme lo establezcan las normas dictadas por la Suprema Corte.

Cumplido el plazo previsto en el artículo 5° del presente, quedará derogado en su integridad el Acuerdo Nº 2514 y toda otra normativa que se oponga a lo aquí dispuesto.

Artículo 4°: El presente, así como el Acuerdo Nº 3971, serán implementados en modo compatible con el diseño de las etapas y herramientas de gestión previstas para la emergencia que atraviesa la Administración de Justicia a raíz de la pandemia COVID-19, ya dispuestas y con las que oportunamente aprobare la Suprema Corte.

Artículo 5°: Encomendar a la Subsecretaría de Tecnología Informática que realice los ajustes técnicos necesarios para la efectiva implementación de este régimen. La Secretaría de Planificación y la Subsecretaría de Control de Gestión participarán en la parametrización de los sistemas de gestión.

Sin perjuicio de lo cual, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles judiciales a contar desde el día de la publicación del presente Acuerdo en el sitio web de la Suprema Corte, los actos alcanzados por esta norma serán registrados según el régimen anterior. Durante dicho plazo deberá elaborarse el registro electrónico referido en el artículo 9º, así como completarse las previsiones tecnológicas establecidas en los artículos 6, 7, 10 y 14 a 17, todos ellos del Anexo Único, para su efectiva implementación .

Artículo 6°: Encomendar al Instituto de Estudios Judiciales, en coordinación con la Subsecretaría de Tecnología Informática, la organización de actividades de capacitación a distancia relativas a esta nueva reglamentación.

Artículo 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de este Tribunal y comuníquese por vía electrónica.

ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO PARA LOS ESCRITOS, RESOLUCIONES, ACTUACIONES, DILIGENCIAS Y EXPEDIENTES JUDICIALES

  1. Escritos Judiciales

Artículo 1°. En todos los escritos del proceso los profesionales deberán consignar sus nombres y apellidos, el teléfono celular de contacto, Nº de CUIT y condición impositiva, los datos de inscripción en la matrícula y previsionales, número único, asignado al iniciarse el expediente, y carátula completa del juicio, mención de la parte a quien representan o por quien peticionan e indicación expresa de los domicilios constituidos.

En los escritos rubricados en formato electrónico, el sistema informático brindará también la identificación del firmante.

Artículo 2°. Los escritos electrónicos serán confeccionados respetando el diseño prefijado en el sistema informático, de conformidad con las siguientes pautas:

  1. a) Tamaño de hoja A4.
  2. b) Espaciado de 1,5 líneas, utilizándose la opción de márgenes simétricos.
  3. e) Margen izquierdo en el anverso de 5 cm y margen derecho de 1,5 cm. (los que se invertirán en el reverso).
  4. d) Margen superior de 5 cm y el margen inferior de 2 cm.
  5. e) Tipos de letra: Arial, Times New Romano Courier New.
  6. f) Tamaño de letra 12.
  7. g) En caso de incorporarse notas a pie de página, deberá emplearse idéntica fuente a la del texto del cuerpo principal, tamaño 1O e interlineado sencillo.

Los escritos en papel se ajustarán al formato anterior y deberán confeccionarse en procesadores de texto, no permitiéndose las presentaciones efectuadas en manuscrito o confeccionadas con máquinas de escribir, con excepción de aquellos supuestos en que existan razones urgentes debidamente justificadas que así lo impongan.

Las copias en papel de los escritos presentados electrónicamente y las impresiones de las actuaciones judiciales que se encuentran en este último soporte (art. 8 del Anexo Único del Acuerdo Nº 3886), deben efectuarse en hoja tamaño “A4”, respetando el diseño del documento original.

Artículo 3°. Si los órganos judiciales recibieren un escrito que no observare alguna de las exigencias prescriptas, se deberá indicar al peticionario el incumplimiento, bajo apercibimiento de tener por no efectuada la presentación si no subsanare el defecto dentro de los tres (3) días siguientes.  Sin perjuicio de ello, en estos casos los órganos judiciales podrán dar curso a las peticiones que no admitieren demora en su proveimiento.

Artículo 4°. El cargo mecánico se insertará sólo en aquellos escritos, notas y demás actuaciones presentados en soporte papel.

Para aquellos efectuados en soporte electrónico, dicho requisito se tendrá por cumplido de conformidad con lo estatuido en la reglamentación específica sobre presentaciones electrónicas.

A las copias en papel que deban agregarse a una cédula  a diligenciarse en dicho formato, no se les estampará cargo ni se agregarán a las actuaciones, permaneciendo en la respectiva Secretaría por un plazo mínimo de dos (2) meses, quedando bajo la responsabilidad del titular del organismo la elección del sistema que permita el resguardo y conservación.

  1. Resoluciones, actuaciones y diligencias judiciales

Artículo   5°.   Las  resoluciones   y  sentencias,  así  como   las demás actuaciones y diligencias judiciales serán generadas y rubricadas digitalmente, salvo cuando circunstancias graves y excepcionales  o la especial naturaleza del trámite impidan esa modalidad, en cuyo caso podrán ser suscriptas ológrafamente. En este último supuesto las firmas deberán ser aclaradas con sello o letra imprenta. El Actuario o personal con jerarquía no inferior a oficial primero deberá digitalizar las referidas actuaciones e incorporarlas  al sistema de gestión judicial dentro del siguiente día hábil de suscriptas o superado el impedimento.

En el supuesto de formato digital, el sistema informático brindará los datos del magistrado o funcionario una vez que se haya firmado, como así también la referencia a los escritos que, en su caso, se proveen.

En las actuaciones generadas en el sistema informático, la firma del Secretario luego de la del magistrado será innecesaria cuando las normas no lo exijan expresamente como requisito.

Artículo 6°. Para la confección de toda resolución o sentencia, y en general cualquier tipo de actuación judicial, se aplicará por defecto la plantilla proporcionada por el sistema informático, que establecerá el formato siguiente:

  1. a) Tamaño: A4, con el diseño preestablecido de hoja oficial.
  2. b) Espaciado: 1,5 líneas, utilizándose la opción de márgenes simétricos.
  3. c) Tipo de letra: Times New Roman, para todos los órganos judiciales de primera e instancia única; Arial para las Cámaras de Apelación y el Tribunal de Casación Penal y Courier New para la Suprema Corte de Justicia.
  4. d) Tamaño de letra: 12.

En caso de incorporarse notas a pie de página, deberá emplearse idéntica fuente a la del texto del cuerpo principal, tamaño IO e interlineado sencillo.

Artículo 7°. Las resoluciones  y sentencias  judiciales  se tendrán  por firmadas digitalmente  en la fecha y hora que registre  el sistema informático, el que asentará el momento exacto en que ellas fueron rubricadas en dicho sistema, así como la identificación del magistrado y/o funcionario signatario.

En el caso de tribunales colegiados, las resoluciones y sentencias judiciales que requieran de la suscripción de dos o más magistrados, se tendrán por perfeccionados en la fecha y hora de la firma del último, o del secretario si correspondiere. Idéntico criterio aplicará en el supuesto de instituirse Acuerdos plenarios. En tales supuestos, los Sistemas de Gestión Judicial garantizarán la reserva del contenido de los proyectos de votos, así como de todo otro intercambio de opiniones entre los magistrados intervinientes que hubiesen realizado antes de la toma de decisión colegial.

Artículo 8°. Las resoluciones y sentencias podrán ser firmadas todos los días hábiles, en hora hábil o inhábil. Por excepción podrán firmarse fuera de la sede o asiento fisico de los despachos oficiales, conforme a la modalidad de trabajo a distancia que autorice la Suprema Corte.

Los supuestos de habilitación de días inhábiles, turnos y ferias judiciales se regirán por la normativa específica.

A los fines de lo dispuesto en el art. 43 de la ley 5827, las Cámaras de Apelaciones quedan habilitadas a firmar sentencias y resoluciones todos los días hábiles, incluso con arreglo a la modalidad a distancia, aplicándose en lo· pertinente lo previsto en el Acuerdo Nº 3971.

Artículo 9°. Los Sistemas de Gestión Judicial contendrán un mecanismo electrónico de registro de todas las sentencias definitivas, interlocutorias con fuerza de tales o que decidan artículo, y de las regulaciones de honorarios, aun cuando se encontraren incluidas en los actos anteriores.

Con dicho registro electrónico se entenderá cumplido el recaudo previsto en el artículo 169 de la Constitución Provincial.

Artículo 10°. En el supuesto de tribunales colegiados, el sistema informático  facilitará  la   confección  electrónica  del  acta o  libro  de Acuerdo establecido  en los artículos  266, 267, 287, 288 y concordantes  del CPCC, 44, 45 y concordantes de la Ley Nº 5827, 1, 2 y 3 del Acuerdo Nº 600  y las restantes normativas especiales.

III. Expedientes Judiciales

a)Formato digital

Artículo 11º Los expedientes tramitarán en formato digital.

A tal fin, será responsabilidad del Actuario el registro completo de información en el sistema de gestión judicial, relativa a expedientes en trámite por ante los organismos en los que desempeñen funciones, procurando la actualización inmediata de las actuaciones que se vayan generando  a  los efectos de garantizar el efectivo acceso a la información,  salvo en el supuesto de actuaciones o trámites reservados,

Las medidas tendientes a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos que obren en los sistemas de gestión judicial serán canalizadas  a través de las reglamentaciones específicas.

Artículo 12º. En caso que el expediente deba ser remitido a un órgano de extraña jurisdicción y no exista convenio con esta Suprema Corte que permita    enviar    aquél    en    formato    electrónico,   el    órgano jurisdiccional efectuará las gestiones necesarias para requerir al organismo receptor que visualice las constancias del expediente en formato electrónico en la Mesa de Entradas Virtuales (MEV) o de modo alternativo generar desde el Sistema “Augusta” un archivo PDF de la causa y enviarlo adjunto vía correo electrónico oficial.

De no ser ello posible, el órgano jurisdiccional deberá imprimir todas las  actuaciones  telemáticas  con  anterioridad  a la remisión, certificando el Actuario su autenticidad e integridad con relación a los registros informáticos.

Este último mecanismo también se utilizará en los supuestos que, en función de la especial naturaleza del trámite, sea necesario imprimir una copia de una resolución judicial. En ningún caso se firmarán ológrafamente por los emisores.

Artículo 13º. Será aplicable para los expedientes digitales, en lo pertinente, las normas contenidas en el acápite “b” del presente capítulo III, sin perjuicio de aquellas específicas que se disponen seguidamente.

Artículo 14º. El Sistema de Gestión Judicial contará con un mecanismo electrónico que garantizará la integridad, el orden cronológico e individualización de todas las actuaciones que se incorporen al expediente digital. Ni éste ni sus respectivos legajos en soporte papel deberán ser individualizados en forma numérica correlativa (“foliados”). Sin perjuicio de ello, aquel sistema incluirá un índice digital de todas las actuaciones y movimientos del proceso que permita su localización y consulta.

Artículo 15º. Cuando un magistrado disponga el desglose de actuaciones firmadas digitalmente, ello se concretará directamente en el sistema informático por el Secretario y/o personal con jerarquía no inferior a oficial primero del organismo jurisdiccional, dejándose debida constancia y con una clasificación específica en dicho sistema.

Artículo 16º. Cuando se ordene testar una frase contenida en un documento electrónico debidamente firmado, el magistrado podrá ordenar su clasificación específica en el sistema informático y la generación de uno nuevo en el que se ejecute el testado por parte del Actuario y/o personal con jerarquía no inferior a oficial primero, quien firmará digitalmente el documento resultante.

Artículo 17º. El Sistema de Gestión Judicial proveerá un mecanismo electrónico para individualizar y vincular las actuaciones conexas o incidentales que prevea la normativa ritual (recursos de queja, legajos de apelación, cuadernos de prueba, etc.) al expediente principal.

Con dicho registro electrónico se entenderá cumplida la formación de tales actuaciones conexas o incidentales que contemple la normativa adjetiva.

  1. b) Formato mixto

Artículo 18º. Hasta tanto se cumpla con lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 del presente, se consideran mixtos los expedientes que, originados y procesados primigeniamente en soporte papel, continúan tramitando en formato digital.

Sólo las actuaciones de estos expedientes mixtos que obren o se realicen en formato papel, deberán observar las siguientes reglas:

  1. a) Serán compaginados en cuerpos que no excedan de doscientas

hojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos y documentos que constituyan una sola pieza. En todos los casos se dejará constancia de la formación de un nuevo cuerpo.

  1. b) Se utilizarán carpetas con broches pasantes.
  2. e) Estarán provistos de una carátula y contracarátula para resguardar a la última actuación agregada. En la carátula se indicará el número único de la causa, nombre de las partes, el objeto del juicio y el órgano jurisdiccional donde tramiten. Cuando los litigantes fuesen más de uno por parte, la carátula podrá limitarse al nombre del primero de ellos, con el agregado “y otro/s”.
  3. d) El Actuario del órgano jurisdiccional deberá garantizar la integridad de los expedientes en formato mixto cuando deban ser remitidos a otros órganos o dependencias.
  4. e) Toda modificación en la individualización o desglose de alguna

actuación deberá ser dispuesta expresamente por el titular del juzgado o tribunal, dejándose constancia en la primera hoja afectada por el cambio de la decisión que lo ordena. Cuando se reincorporen piezas que fueron desglosadas se deberá hacerlo en el lugar en que originariamente estaban agregadas.

  1. f) Los documentos deberán agregarse en forma que permita íntegramente su lectura.
  2. g) Toda la documentación que se agregue con una presentación judicial deberá ser individualizada aun cuando en el despacho inmediato sea dispuesto su desglose.
  3. h) Los cuadernos de prueba del expediente mixto llevarán una carátula de distinto color a la de este último. Cuando deban ser incorporados al expediente mixto se agregará primero el cuaderno de la parte actora y luego el de la demandada.
  4. Disposiciones generales

Artículo 19º. El régimen que por el presente se establece reviste carácter general, siendo de aplicación complementaria a las reglas vigentes en materia de presentaciones y notificaciones electrónicas o normativas especiales dictadas o que en el futuro puedan establecerse para procesos o situaciones particulares.

Artículo 20º. Requiérase de los señores jueces el cumplimiento estricto de las reglas enunciadas en los apartados precedentes. Las Cámaras de Apelación, el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte podrán devolver a los juzgados y tribunales de procedencia los expedientes que no  respeten estas directivas, salvo cuando el error fuera intrascendente o subsanable  por sí o la petición o caso no admita demora, fuera sensible o urgente.

Artículo 21º. La Subsecretaría de Tecnología Informática deberá monitorear constantemente el estado del sistema e informar inmediatamente a la Presidencia del Tribunal cualquier caída, ralentización o malfuncionamiento significativo de los Sistemas de Gestión Judicial.

Artículo 22º. De conformidad con lo precisado en el artículo 18, las actuaciones en soporte papel de los expedientes mixtos no deben ser digitalizadas.

[17] Artículo 2°: Hacer saber que el régimen que se establece en el presente es de carácter general, siendo de aplicación complementaria a las normas vigentes en materia de presentaciones y notificaciones electrónicas o las demás de carácter específico, dictadas o que en el futuro puedan establecerse, para procesos o situaciones particulares.

[18]   Camps, Carlos E., “Eficacia del derecho procesal electrónico bonaerense y pandemia” cit.

 

Imagen de PRADIP KUMAR ROUT en Pixabay