El “pagaré de consumo” y la eficacia procesal.

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Vemos publicada en el portal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la sentencia “Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo” (texto completo aquí)

En este pronunciamiento, el máximo Tribunal bonaerense sienta postura –con fuerza de doctrina legal- respecto de una cuestión que hace ya mucho tiempo agita las aguas de la doctrina y, más importante aún, afecta la actividad económica en el marco de la cual se emiten títulos de crédito (en especial, pagarés) como consecuencia de un vínculo regido por el estatuto del consumo.

Nos referimos al conflicto que se da entre hacer prevalecer el formato procesal tradicional del proceso ejecutivo –por un lado- y otorgar debida protección a los derechos de consumidores y usuarios, de rango constitucional –por otro-.

El tópico ha llevado a que en los últimos tiempos existan en los juzgados de primera instancia –es excepcional el caso del departamento judicial de Azul, cuya alzada emitió fallo plenario al respecto- una gran diversidad de interpretaciones, traducidas en otros tantos criterios frente al “pagaré de consumo”, sumiéndose a toda la provincia –en lo tocante a este tema- en una incertidumbre inaceptable.

El tema es muy delicado y se vincula tanto con la defensa de los consumidores cuanto con la eficacia procesal en ese particular terreno.

Decíamos al respecto, hace ya casi dos años, que “las pautas propias y clásicas del derecho comercial aplicables a las cartulares —como los pagarés— desde siempre habían encontrado su reflejo en las reglas del juicio ejecutivo, ya en las arenas del proceso. Existía un acabado correlato, entonces, entre los caracteres del título y los recaudos para que proceda esta particular pretensión ejecutiva. Principalmente, el carácter abstracto de los títulos que impedía traer al debate del proceso de ejecución los elementos propios de la causa del negocio que le servía de base. De este modo, en el marco de los derechos plenamente disponibles, el proceso —desde tiempos inmemoriales— ganó en eficacia: el trámite para el cobro de suma líquida de dinero documentada del modo señalado era rápido, simple, con conocimiento harto restringido, limitado a los elementos externos del papel de comercio en ejecución (. . . ) Es así, en el marco de derechos plenamente disponibles —insistimos—, donde se forjó la teoría procesal de la ejecución. Y es con esa ideología imperante que se regularon las normas rituales que hoy nos gobiernan en lo que se refiere a esta importante categoría de procesos sumarios. Con el avance de la sociedad en pos de la defensa de otros tipos de derechos, ese sistema de ejecución de papeles de comercio se enfrenta a nuevos desafíos. Concretamente, servir de canal procesal para el trámite de pretensiones que no tienen en la base un derecho plenamente disponible. Y, de este modo, toda la estructura cruje: se regulan hoy sistemas protectorios a los que se considera de orden público, con lo cual desaparece la piedra angular sobre la que se construyó la mayor parte del derecho comercial: la plena disponibilidad de los derechos. Nos referimos al estatuto del consumo que —como necesaria consecuencia— inyectó una fuerte dosis de orden público al proceso civil y comercial tal como ya lo habían hecho, mucho tiempo atrás, el derecho de familia y, todavía antes, los derechos reales. De este modo, un derecho procesal generado al abrigo de las concepciones individualistas y patrimonialistas decimonónicas, y que contenía un concepto de eficacia sustentado —esencialmente— en las posibilidades de asegurar la solvencia del deudor, se resiente cuando debe servir de continente a trámites que se generan por la transgresión a derechos de diferente naturaleza. Las adaptaciones son, entonces, imprescindibles”[1].

Esas adaptaciones fueron buscándose en la jurisprudencia, en las resoluciones de los jueces que sin contar con un proceso ejecutivo adaptado a los nuevos requerimientos debía dar adecuada respuesta a los derechos de nueva entidad. Los formatos pretorianos de las soluciones podrán discutirse en cuanto a sus fortalezas o debilidades: lo que no era discutible es que la proliferación de criterios diferentes ha venido generando –como se dijo- una incertidumbre inaceptable.

La eficacia procesal tiene como base, entre otras, la claridad, la certeza, la ausencia de complejidad.

Aquí, hoy, la Suprema Corte de Justicia bonaerense viene a sentar pautas que pretenden aportar esta certeza hasta ahora ausente en el tema. Su fallo sienta una línea clara frente al conflicto interpretativo: la solución –hasta tanto no sea brindada por el legislador- debe ser de integración, no de aniquilación de un sistema (el del juicio ejecutivo) en pos de la preponderancia de un estatuto especial (el consumerista). Se debe poder seguir transitando la vía de este proceso sumario, aunque con las adaptaciones y flexibilizaciones que exige la ley de defensa del consumidor en sus pasajes específicos relativos a las condiciones que debe reunir la instrumentación de deudas de esta naturaleza.

El fallo coloca la discusión en este marco y a partir del concepto basilar (el de la integración de sistemas) es que, luego, deberán adoptarse las medidas complementarias o de detalle que sean necesarias para hacer operativo el cobro de este tipo de deudas así instrumentadas en cada una de las actuaciones abiertas al efecto.

Celebramos la sentencia de la Corte de Buenos Aires. Con ella, este aspecto procesal del derecho del consumo –la forma de ejecutar deudas de tal naturaleza- decididamente gana en eficacia.

 

[1] Carlos E. Camps, “Contratos de consumo, títulos ejecutivos y eficacia procesal”, LA LEY 29/08/2017, 1.

Mejor justicia. Menos declamaciones.

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Corría el mes de marzo cuando conocimos el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires con motivo de su envío por el Ejecutivo al Senado local a los fines de su tratamiento.

Luego, en julio, llegó el turno de su par nacional: el Ministerio de Justicia presentó el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial  generado en el marco del programa Justicia 2020, texto que se encuentra listo para ser remitido al Congreso nacional donde –de ser aprobado- se convertirá en ley.

Estos dos códigos son muy importantes: regulan la forma en que se desarrollan los juicios en materia civil, comercial y de familia en los tribunales bonaerenses –juzgados en lo civil y comercial, juzgados de familia y juzgados de paz- y en la justicia nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –juzgados civiles y comerciales-, entre otros casos. Los dos códigos que se busca modificar con estos proyectos contienen las pautas a seguir para el trámite de las sucesiones, los divorcios, los juicios de daños y perjuicios de todo tipo, de cumplimiento de contratos, de amparo, sobre cuestiones consorciales y de vecindad, de ejecución de documentos, medidas de protección contra la violencia familiar, adopciones, entre otras muchísimas cuestiones que aquejan a la gente.

A mucha gente.

En estos casos, a casi la mitad de la población del país: a los más de dieciocho millones de habitantes de ambas jurisdicciones –provincia y CABA-. Dos jurisdicciones, además, con la mayor variedad de paisajes y realidades sociales, económicas y culturales. Encontramos en estas dos jurisdicciones –al mismo tiempo- la más importante urbe argentina, el conurbano y el campo.

Como puede observarse, estos dos proyectos de ley deberían venir a cambiar la vida de muchos millones de argentinos, al mejorar la forma en que se desenvuelven los procesos judiciales a los que es necesario acudir para encontrar una adecuada protección de derechos.

Estos dos proyectos podrían haber planteado una justicia más eficaz que la que hoy tenemos: un trámite ante los tribunales más flexible y simplificado, que permita al juez brindar respuestas y soluciones acordes a las particularidades de cada caso y en un plazo adecuado a la urgencia de cada tema.

Por supuesto, para ello, es imprescindible que previamente se dote a los jueces de los recursos adecuados a los índices y tipo de litigiosidad que deben atender y, aún antes, se haya consolidado un sistema de selección, designación, promoción y remoción de jueces exclusivamente basado en la aptitud del magistrado para ejercer la función encomendada exhibiendo claramente su compromiso social con un eficaz servicio de justicia.

No vemos que ello haya sido así. No encontramos más eficacia procesal real en estos intentos de reforma.

En su lugar, tenemos declamaciones.

Escuchamos decir que “justicia lenta no es justicia”, que “debemos acercar los jueces a la gente”, que es necesario una “justicia más transparente”, se pregona “menos papel y más justicia”, que “la oralidad empodera a los jueces”, que “la reforma es buena por escuchar a todas las voces”, entre otros eslóganes.

Eslóganes que suenan bien, son efectistas, expresan conceptos con los que nadie puede estar en desacuerdo, pero que no se traducen -en los proyectos- en medidas concretas que aseguren el cambio de la justicia que tenemos hoy por otra, una justicia nueva que brinde respuestas eficaces a la gente del modo en que lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los dos ejes principales de ambas reformas –las dos reconocen su origen en el mencionado plan Justicia 2020- han sido, por un lado, la obligación de que los juicios sean orales, esto es, que muchos de los pasos judiciales que hoy pueden hacerse por escrito deban desarrollarse en audiencias en las que debe estar presente el juez y, por el otro, que los trámites sean electrónicos –las presentaciones de los abogados, las notificaciones, las sentencias, etc.-.

Estos dos grandes cambios, por sí solos, no hacen más eficaz a un proceso judicial.

Es más: esos cambios –la oralidad y el expediente electrónico- aplicados de modo compulsivo sin tener en cuenta el impacto en el funcionamiento de los tribunales hoy existentes puede llevar al colapso del sistema de justicia, generando efectos contrarios a los que se buscan y donde las principales víctimas serán las personas más vulnerables, paradójicamente aquellas que en estos proyectos –mediante un nuevo eslogan- es a quienes se dice proteger.

La justicia de la provincia de Buenos Aires muestra ejemplos de lo que ocurre cuando se dictan leyes que obligan a los tribunales a funcionar aplicando el sistema de oralidad y no se tiene en cuenta la cantidad –y complejidad- de juicios que se inician ni el tiempo que realmente insume un proceso por audiencias (ver Hora clave para el futuro de la eficacia procesal bonaerense). A poco de andar –como ya ha pasado en el fuero civil y comercial, en el laboral y en el de familia- los tribunales se ven desbordados; las audiencias empiezan a fijarse dentro de muchos días, incluso meses y hasta años; faltan peritos para realizar las pruebas esenciales; las sentencias dictadas bajo la presión de la sobrecarga caen en su calidad; las demoras se hacen crónicas; las medidas urgentes no pueden ser adoptadas en el tiempo que deberían serlo; sobrevienen acuerdos de partes condicionados por estas disfuncionalidades; las indemnizaciones se deprecian y toda la justicia se deteriora.

Otro tanto puede decirse de la incorporación del expediente digital cuando son conocidos los inconvenientes que hoy genera la puesta en marcha de ese sistema (ver, por caso, Feria, presentaciones electrónicas y plazos procesales). Las reformas aquí mencionadas no superan esos inconvenientes.

No planteamos la imposibilidad de cambiar: planteamos la inconveniencia de cambiar de este modo, sin un análisis completo y previo del sistema judicial con el que se habrán de aplicar estas nuevas normas. Se ha dado como ejemplo de sistema donde la oralidad funciona el caso de Uruguay. Siendo que se trata de un país cuya población no llega a los cuatro millones de habitantes, esa sola diferencia –respecto de los dieciocho millones de personas, población a la que se aplicarán estas dos reformas- exige, para que aquella afirmación sea pertinente en este contexto y no se vuelva un nuevo eslogan, un grado mayor de detalle en su cita (p. ej., comparación de niveles de litigiosidad, cantidad de jueces en relación a la población, etc.).

Las reformas a la justicia civil que se proponen en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, sin tener en cuenta el modo en que habrán de impactar en la realidad de los tribunales, no podrán lograr el objetivo de mejorar la calidad de las respuestas de los jueces.

La gente no tendrá una justicia más eficaz.

Sólo quedarán los eslóganes.

Debates sobre un nuevo proceso civil en la provincia de Buenos Aires

 

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La discusión acerca del futuro del derecho procesal bonaerense está instalada.

Las deliberaciones que pudieron haber tenido lugar puertas adentro, en el ámbito del Ministerio de Justicia provincial, protagonizadas por unos pocos -los integrantes de la comisión redactora- y que diera lugar al proyecto elevado al Poder Legislativo convive, hoy, con el debate que -frente al Proyecto concluido- se suscita especialmente en los grupos de operadores del sistema, destacándose el rol crítico de magistrados y funcionarios judiciales que serán los encargados de la eventual aplicación de las normas que se propician si éstas consiguen el rango de ley positiva.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso la celebración de una muy interesante Jornada de diálogo sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial donde se oyeron las voces tanto de los redactores de la propuesta -algunos de ellos- exponiendo las, según su postura, bondades del nuevo régimen junto a la de otros actores del sistema señalando los cuestionamientos que, a su entender, pueden hacerse a la normativa que se propicia.

También, leemos en el reciente e interesante trabajo de Jorge Rojas “Dimensión convencional de la reforma procesal civil” reflexiones relativas al proyecto bonaerense que compartimos.

Por último, en el día de hoy, publicamos una edición especial de La Ley Buenos Aires dedicada al futuro del proceso civil a partir de estas iniciativas legislativas. Allí, junto con Hernán Quadri y Javier Heredia proponemos líneas de análisis que, entendemos, no habrían sido atendidas al momento de la concepción del texto presentado al Senado bonaerense.

Es nuestro sincero propósito contribuir al debate que se encuentra en franco desarrollo persiguiendo, en todos los casos, un mejor proceso judicial para la gente.

 

Hora clave para el futuro de la eficacia procesal bonaerense

 

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Se encuentra ya en la legislatura bonaerense para su estudio y tratamiento el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia argentina más importante en cuanto a población, a variedad de paisajes y economías, a cantidad y tipo de conflictos.

Hablamos de la norma por la que se rige el funcionamiento de la justicia en materia civil, comercial, de familia, de la justicia de paz -en la mayor parte de su competencia- y que también se aplica, de modo supletorio, en el fuero laboral y contencioso administrativo.

Y todo ello, respecto de una población de más de diecisiete millones de habitantes.

La importancia de la reforma en análisis es innegable.

En el mes de marzo, el Poder Ejecutivo local remitió al Senado un proyecto generado por una Comisión integrada por representantes de variados estamentos.

El cuerpo normativo propuesto recoge y plasma las directivas que provienen del programa porteño Justicia 2020 motorizado desde el Ministerio de Justicia del gobierno nacional y que desde hace varios años viene colonizandoa la justicia provincial, evidenciando un mayor interés por presentar logros estadísticos a cualquier precio que por generar un verdaderamente nuevo y más eficaz modo de administrar justicia, que parta de un real conocimiento de las posibilidades y necesidades de los órganos involucrados en el proceso y con el foco puesto en la calidad de la respuesta jurisdiccional.

El plan nacional Justicia 2020, de este modo, endiosa a la oralidad y le adjudica el rol de la panacea judicial.

Olvida (o, quizás, desconozca) las experiencias bonaerenses frustradas de intentos de procesos orales que, divorciados de la realidad, llevaron al colapso y disolución de los tribunales creados con tal impronta. Ello ocurrió en la década del 70 con el caso de la ley 7861 dejada de lado unos pocos años después[1], en los 90 con la ley 11453 del fuero de familia que duró -en su formato colegiado- un poco más de un decenio sucumbiendo en el 2007 y, en la década que corre, con la disolución de los tribunales del trabajo y su reemplazo, una vez más, por juzgados unipersonales.

En todos los casos la falta de previsión de recursos y de órganos suficientes hizo que fuera necesario “triplicar” los órganos judiciales con el recurso de “desarmar” el tribunal oral de instancia única que había sido diseñado con una clara intención de justicia oral, rápida y “cercana a la gente”.

Quienes conocemos la realidad judicial bonaerense sabemos que tales bellas intenciones quedaron en ese plano, el de la intención, frente al desmesurado aumento de la litigiosidad y la fijación de audiencias a futuro con tiempos de espera inaceptables.

Pues bien, este proyecto vuelve a la carga con el discurso de la oralidad sanadora redoblando aún más la apuesta planteada en el plan de “sometimiento voluntario” de Justicia 2020, aumentando el deber de celebrar audiencias y amenazando a cada paso con sanciones a los jueces sin preverse ningún tipo de ajuste o adecuación de las estructuras judiciales y recursos existentes[2].

La situación de gravedad así generada en el fuero civil y comercial y en el de familia se ve potenciada, por variados factores, en el caso de la justicia de paz provincial.

El caso, como no podía ser de otra manera, generó la reacción de los jueces de los fueros más afectados[3]. Si bien la Comisión redactora estuvo integrada por representantes del cuerpo de magistrados, es evidente que éstos no han sabido (o no han querido) llevar al debate otras voces, otras realidades y otras inquietudes que no fueran las que adhieren de modo ciego al dogma de Justicia 2020.

Pues bien, hoy el futuro del proceso no penal en la provincia de Buenos Aires está en manos del Senado.

Es de esperar que los legisladores puedan escuchar todas las voces y, frente a las experiencias del pasado, realicen -como lo han hecho en ocasiones anteriores- ajustes al proyecto para lograr una ley que facilite la obtención del objetivo central: un proceso eficaz para beneficio de la gente.

 

 

 

[1]Tenemos, por un lado, que en la década del 70 se dictó en la provincia de Buenos Aires la ley 7861, por la que se intentó implantar la oralidad en el fuero civil y comercial de manera progresiva –comenzando por unos pocos departamentos judiciales– y fragmentaria -limitándola a ciertos procesos donde prevalecían las cuestiones de hecho– a partir de la instauración de tribunales colegiados de instancia única (al estilo de los propios del fuero laboral). Para evaluar sus resultados contamos con el testimonio de un observador calificado: el profesor Morello: “Lamentablemente –dice el maestro platense– la experiencia del proceso civil bonaerense se frustró a poco de andar, por diversos y complejos motivos”. Y agrega “Al vertiginoso aumento de los procesos se sumaron como concausas o efectos, otros datos que exhibió la realidad: carencias o insuficiencias de la infraestructura judicial; escaso número de órganos; la designación de jueces que no asumieron con sensibilidad la especialización y el delicado manejo de este instrumental que obligaba a más trabajo, horas y dedicación que el procedimiento escriturario de doble instancia; inocultado disfavor de las autoridades; el incumplimiento de peritos y demás auxiliares; la falta de cooperación de los abogados y sobremanera, las corruptelas y el abuso en el fracturamiento de las audiencias y en el consentimiento en la desarticulación e integración de los tribunales; la distorsión del principio de concentración; la postergación en la expedición del veredicto y de la sentencia y la fijación de un número copioso de audiencias diarias que humanamente se hacía imposible motorizarlas con la responsabilidad e idoneidad mínimas imprescindibles o, más comúnmente, como contrapartida la inusitada demora en la designación de la vista de la causa..”. Cierra Morello, con una exhortación que, creemos, debe ser tenida en cuenta hoy más que nunca, cuando se intenta volver sobre esta forma –oral– de instrucción de causas civiles: “Debemos empeñar todos los esfuerzos tendientes a generar las condiciones adecuadas para que la próxima experiencia sea fructífera, aprovechando la dura lección pasada” (Morello, Augusto Mario y otros, Códigos procesales en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados, t. II, 1982, Ed. LEP – Abeledo Perrot, págs. 602 a 605).

La cita es del tomo I de nuestra obra Derecho Procesal Civil y Comercial Eficaz, Erreius, Buenos Aires, 2018, p. 115.

[2]“La Comisión ha entendido que el Proyecto no apareja mayores costos ni requiere nuevas disponibilidades presupuestarias respecto del Código actualmente en vigencia” reza la exposición de motivos.

[3]https://www.eldia.com/nota/2019-5-21-19-13-0-problemas-para-implementar-el-proyecto-de-reforma-del-cpcc-de-los-juzgados-civiles-y-comerciales-politica-y-economia

El derecho procesal colectivo ante el desafío de la eficacia.

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En la página oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se encuentra publicado un anteproyecto de ley de procesos colectivos (https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anteproyecto-de-Ley-Procesos-Colectivos-FINAL.pdf). O, también, ver aquí.

Muy a nuestro pesar -ya que desde hace muchos años venimos bregando por la regulación legal positiva del derecho procesal colectivo- consideramos que este anteproyecto está lejos de cumplir con las exigencias constitucionales y convencionales de eficacia procesal, operativas -para el caso- respecto de los mecanismos protectorios de esta particular categoría de derechos.

El anteproyecto, entendemos, crea un sistema de derecho procesal colectivo integrado por institutos y mecanismos rituales menos idóneos para la eficaz protección de los derechos colectivos de base que aquellos que podemos hallar en el derecho procesal colectivo vigente, aun cuando no se encuentre legislado en su integridad: sus previsiones -en conjunto- contienen figuras que o bien resultan ajenas al derecho procesal colectivo vernáculo o bien agravan o dificultan la actuación del sujeto que busca la protección derivada de una afectación a un derecho colectivo.

No somos los primeros en manifestarnos en contra de este proyecto. Ver aquí la nota de ONGs dedicadas a la defensa de este tipo de derechos, con experiencia en la litigación específica.

Por citar sólo algunos aspectos críticos, se relega la protección procesal de los derechos colectivos a un segundo plano legislativo respecto de la protección de los derechos individuales, aún cuando los colectivos son derechos con rango constitucional expreso y además, constituye una categoría incluida -también de modo explícito- en el Código Civil y Comercial del año 2015. Ello se observa cuando el Poder Ejecutivo nacional -a través del ministerio respectivo y en el marco de un mismo programa, el ampliamente promocionado Justicia 2020- lleva adelante la elaboración de un proyecto de reforma del código procesal civil y comercial orientando su articulado a regular el tradicional proceso individual y excluyendo, por ende, de la principal norma ritual nacional a las reglas del proceso colectivo -a diferencia de otros textos, como el código procesal de la provincia de Santa Cruz o, incluso, el anteproyecto Kaminker- las que ubica en una ley aparte.

Ya abocados a la lectura del anteproyecto de ley de procesos colectivos, es evidente como se prioriza la defensa del derecho individual (homogéneo, en el caso) al dedicársele la detallada y minuciosa regulación base (todo el extenso título segundo), dejando en un plano de inferioridad la consideración y regulación del trámite de las pretensiones colectivas. La propuesta en análisis pone el foco en estos particulares derechos individuales y pierde de vista el hecho de que -discúlpesenos la afirmación de lo obvio- el proceso colectivo, para ser efectivo, debe atender a la prioritaria y urgente defensa del derecho colectivo. El individual homogéneo recibe esta forma peculiar de protección ritual par ricochet, esto es, por la simple razón de que en su génesis se encuentra comprometida la afectación de un derecho colectivo.

Luego, ya ingresando en la somera ponderación de los institutos y figuras contempladas en el anteproyecto, notamos con preocupación que se agravan los requisitos para cumplir con la legitimación activa, tanto si la pretensión la esgrimen afectados individuales como si lo hacen organizaciones de protección o defensa de derechos colectivos. Cuando en el polo pasivo de la pretensión se ubica el Estado, este anteproyecto mantiene prerrogativas plasmadas en leyes preexistentes cuestionadas en doctrina y, en muchos casos, absolutamente incompatibles con las pautas constitucionales y convencionales del proceso eficaz que busca la adecuada protección de los derechos colectivos.

Se regulan las medidas cautelares -pieza clave para la eficacia procesal en general y, en especial, la ambiental- de modo absolutamente limitante, generando un sistema para el derecho procesal colectivo mucho menos eficaz que el que rige en general y al que podría acudirse -por caso- a través de la pretensión preventiva de daños regulada en el Código Civil y Comercial sin distinción de tipo de derechos a proteger (individual o colectivo).

Se utilizan institutos ajenos a nuestra cultura jurídica (por caso, la opción para salir de la clase o categoría, propia de la class action norteamericana) en lugar de inclinarse por mecanismos previstos en las elaboraciones de la doctrina más cercana a nuestra idiosincrasia (por caso, el Anteproyecto del Instituto Iberoamericano). El intento de injertar en nuestro medio este tipo de figuras provenientes de sistemas con otra base jurídica, cultural, histórica, etc. es cuestionable no sólo por la ajenidad respecto a nuestra forma de ser sino, además, porque genera pasos procesales que tornan más complejo el trámite en lugar de simplificarlo. La eficacia procesal es sinónimo de simplificación. Sabido es que cuanto más tortuoso es el procedimiento, más posibilidades hay de que los trámites se tornen intrincados, de que el expediente se estanque y de que los plazos se alonguen -además de generarse un clima propicio para las conductas procesales dilatorias y reñidas con la buena fe-. En todos estos casos, la mayor complejidad y la demora judicial van a ir en detrimento del polo débil de la relación procesal que, en esta materia, habrá de ser -por lo general- quien reclama por los derechos colectivos conculcados y no, en cambio, el sujeto que se opone a la pretensión plurisubjetiva.

No existen en este anteproyecto reglas especiales relativas a los honorarios de los letrados que intervienen en procesos colectivos. La cuestión no es baladí: el abogado en estas causas está sometido a un estricto control de representatividad adecuada -inexistente en otros tipos de procesos- y además, en su tarea cotidiana, se enfrenta a cuestiones particularmente complejas -en lo jurídico y en lo técnico-, a arduas negociaciones con demandados normalmente poderosos, a manejo de intereses plurisubjetivos del propio grupo al que representa, a efectos expansivos de la sentencia que obtiene, en fin, avatares profesionales que no son debidamente receptados por las pautas arancelarias normales y requieren de previsiones especiales para dar lugar a regulaciones más justas, acordes con la entidad y efectos del trabajo que realiza. No olvidemos la directa incidencia que esta cuestión tiene en el acceso a la justicia colectiva.

El anteproyecto no recepta pautas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativas a temas varios (por caso, la caducidad de instancia, la ejecución, ciertas excepciones, etc.) que han sido analizadas y divulgadas por la doctrina. Se derogan normas que contienen pautas protectorias relativas a derechos colectivos y, por otro lado, el anteproyecto remite a leyes que (como vimos) consagran privilegios estatales incompatibles con la vigencia de derechos colectivos.

Es valiosa, no hay duda, la intención del Poder Ejecutivo de dar inicio a un proceso normativo largamente postergado como es el relativo a la regulación legal del proceso colectivo. Ahora bien, frente al texto propuesto, la evaluación positiva de lo hecho se torna dificultosa. Más allá de algún contenido normativo general e inocuo, las particularidades destacadas a partir de esta primera mirada al texto que propone el programa Justicia 2020, poseen -creemos- la suficiente entidad para predicar del anteproyecto su falta de ajuste tanto con el derecho procesal colectivo vigente como con el paradigma de eficacia procesal que necesariamente hoy debe respetar toda norma y práctica procesal para no resultar descalificada por contrariar al derecho humano correlativo.

La casación frustrada

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Durante la feria de enero de este año 2019 nos enteramos de la derogación de la ley 26.853 [1], aquella que -integrando un grupo de normas dictadas con el propósito de “democratizar la justicia”[2]– creaba en el ámbito de la justicia nacional cámaras de casación en materias no penales (contencioso-administrativo, laboral y civil y comercial, art. 1) y vías de revisión específicas (recursos de casación, de inconstitucionalidad y revisión, arts. 2 a 4).

La ley que deroga la aludida norma es la 27.500, publicada el 10 de enero de 2019.

Al dejar sin efecto el sistema casatorio referido (órganos, recursos y trámite), repone in totum el tradicional mecanismo que opera desde antiguo en la Cámara Nacional Civil y en la Cámara Nacional Comercial -el recurso de inaplicabilidad de ley- y que diera lugar al dictado de un valiosísimo conjunto de fallos plenarios que conforman una especial doctrina legal respecto del derecho común y procesal[3].

Sin desconocer que la preocupación de quienes, desde la política, propiciaron y sancionaron la ley 26.853 no radicaba en dotar al sistema procesal nacional de un régimen casatorio de derecho común y procesal con un órgano específico a cargo de tan esencial tarea para, de este modo, ganar en eficacia en este particular ámbito de la teoría de la impugnación, lo cierto es que -de todos modos- se lograba ese efecto[4].

La ley 26.853, aun cuando carecía de un adecuado régimen transitorio de implementación, generaba una estructura especial, un órgano judicial ubicado por encima de las Cámaras nacionales y por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encargado -como se dijo- del control casatorio de derecho común y procesal.

Un tribunal de casación como el que existe en todas las provincias argentinas (en estos casos, su superior tribunal o suprema corte) y que lleva adelante la tarea esencial de revisión de los fallos de tribunales de segunda o única instancia, con grandes ventajas relativas a la eficacia procesal a las que ya hemos aludido en oportunidades anteriores[5].

Pues bien, ello no pudo ser.

El sistema, luego de la ley 27.500, vuelve a ser el anterior a mayo de 2013.

En rigor de verdad, el recurso de inaplicabilidad de ley del sistema nacional –que funciona como mecanismo de convocatoria a plenario- nunca dejó de regir.

La Corte Suprema de Justicia fue la que -luego de unos días de zozobra a partir de la sanción de la referida ley 26.853 cuyo art. 12 derogaba el art. 303 del CPCCN, justamente el que contenía la norma que establecía el carácter obligatorio de los fallos plenarios- mediante la acordada 23 del 2013 suspendió la vigencia del sistema hasta tanto no se pusieran en funcionamiento los órganos específicamente diseñados (cosa que nunca ocurrió).

Mediante esa “suspensión” “resucitaron” los fallos plenarios -que de acuerdo con la letra de la ley, habían caído-  y podían seguir siendo utilizados como complemento de la ley positiva.

Y también en ese momento, hace más de cinco años (aunque con parte de la doctrina enrolada en una posición diversa) recobró vigencia el sistema de convocatoria a nuevos fallos plenarios mediante la figura del viejo y conocido recurso de inaplicabilidad de ley.

Tanto ello fue así que, ahora, la ley 27.500 en su art. 6 reza: “Las sentencias plenarias dictadas por las cámaras federales de apelaciones o las cámaras nacionales de apelaciones durante el período de vigencia de la ley 26.853 conservarán su obligatoriedad en los términos del art. 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.

Pocos fuimos los que, desde una faz estrictamente técnico-procesal y convencidos de la mayor eficacia que el nuevo régimen aportaba, celebramos la llegada de un mecanismo de control casatorio como el que incorporó la ley 26.853.

La mayoría de la doctrina lo rechazó.

Por caso, el anteproyecto Kaminker propone la derogación de tal norma y una vuelta al conocido -y recientemente reinstaurado- formato del recurso de inaplicabilidad de ley -aunque con algunos cambios[5]-.

Entendemos que tal será, asimismo, la senda que habrá de seguir el texto del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que hoy se encuentra en elaboración en el Ministerio de Justicia de la Nación.

Lamentamos que se haya frustrado la posibilidad de que la importante justicia ordinaria nacional cuente con un tribunal específico y distinto de aquellos que dictan las sentencias a revisar, que cumpla la trascendente misión del control casatorio de derecho común y procesal, nutriéndose de la experiencias de las casaciones provinciales en la producción de doctrina legal relativa a este mismo tipo de derechos.

 

[1] Solo “sobrevivió” su art. 13 (ver art. 4 de la ley 27.500), aquél donde se alude al número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los funcionarios del Ministerio Público que actuarán ante ella.

[2] Pueden buscarse en internet las crónicas de la época relativas a esta intención del Poder Ejecutivo y las diferentes leyes que para tal fin se propusieron y sancionaron.

[3] Camps, Carlos E., Derecho Procesal Civil y Comercial Eficaz, Erreius, Buenos Aires, 2018, tomo I, p. 792 y ss. y tomo 2, p. 964 y ss.

[4] Nuestra preocupación por la eficacia procesal en el marco del control casatorio no es nueva. Hace muchos años publicábamos un trabajo titulado “El mal llamado ‘certiorari bonaerense’ y la eficacia del proceso en casación”, JA 2012–II–913; en Derecho Procesal Civil y Comercial Eficaz nos dedicamos a este tópico en la p. 796 y ss.; recientemente publicamos el post Eficacia procesal en la casación: el modelo de Neuquén; entre otros aportes sobre el específico punto.

[6] En la parte pertinente de la “Breve exposición de motivos” se consigna “XVII. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY. Se deroga la Ley 26.853 relativa a la casación.  Este recurso ha sido simplificado respecto de sus antecedentes: a) La decisión sobre admisibilidad recae en el Presidente de la Sala “a quo”.  b) La entrega simultanea del material de conocimiento y listado de cuestiones a los jueces. c) Respuesta de los jueces en treinta días. d) Decisión por mayoría”.

 

Derecho Procesal Eficaz

 

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Antes de que finalice este 2018, quiero agradecer muy especialmente la generosidad y el afecto de todos aquellos que me han hecho llegar sus saludos, felicitaciones y recomendaciones por la salida de mi tratado Derecho Procesal Eficaz.

Hoy hace un mes que publiqué la novedad en mis redes sociales y la devolución ha sido emocionante: no solamente he recibido mensajes de mi familia, amigos y compañeros -a quienes tuve siempre a mi lado durante todo el proceso de producción de la obra- sino también de personas a quienes no veo hace mucho -ex alumnos, ex compañeros de trabajo, asistentes a charlas, etc.- e, incluso, de mucha gente que no conozco!

A todos, absolutamente a todos, gracias.

En el 2019 seguiremos trabajando por un proceso mejor, más eficaz, más útil para todos.

Los invito a trabajar juntos.

¡Feliz 2019!