Tecnología, gestión judicial y proceso civil.

 

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Presentación: estado actual del tema.

Resulta ya imposible mantenernos indiferentes a los cambios que la tecnología ha introducido en el proceso judicial argentino[1].

La incidencia de las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) resulta hoy un hecho palpable tanto en el trámite de las causas del fuero civil y comercial como en lo que hace a los aspectos especiales de ciertas pretensiones -las llamadas pretensiones informáticas[2].

Este desembarco de lo digital en los tribunales ha generado toda una nueva gama de problemáticas específicas de las que se ocupa el Derecho Procesal Electrónico[3].

En esta ocasión, habremos de detenernos en el primero de los aspectos señalados: la profunda revolución en la forma de desarrollar un proceso judicial que significa la adopción del formato digitalizado.

Aparece aquí un nuevo paradigma: el del proceso electrónico.

Y, como manifestación concreta de este concepto técnico-procesal, surge la idea -en pleno desarrollo- del expediente digital.

Desde hace ya bastante tiempo observamos esta transfiguración del proceso. En general han sido los Superiores Tribunales de Justicia de nuestro país los que han tenido la iniciativa de modificar las prácticas procesales para introducir lentamente cambios que, en conjunto, lleven al aludido destino final del proceso electrónico.

En tales ámbitos se generó la normatividad aplicable –siempre varios pasos adelante respecto de la legislación procesal, mucho menos permeable a reaccionar con rapidez a las demandas de la hora actual-, se pusieron en práctica los cambios -con diferentes formatos de implementación, a veces aplicando las novedades en los procesos que tramitaban ante el mismo superior tribunal, a veces como pruebas pilotos en otros órganos de justicia inferiores- y se habilitaron las estructuras y recursos técnicas -diseño o control de software específico, acondicionamiento, mantenimiento y monitoreo de servidores oficiales donde se alojan los sistemas, las bases de datos y se practican los back up imprescindibles de los datos- para que el proceso electrónico empiece a desplazar, paulatinamente, al proceso tradicional, aquél que todos conocemos y que se corporiza en el secular expediente en papel.

Se trata de un fenomenal salto cualitativo. Es indudable que el reemplazo es ventajoso. Y, en lo que hace a la relación tecnología – proceso judicial, la época en que este cambio se produce no puede ser más propicia. Hoy se reclama del proceso judicial, además de las genéricas garantías tradicionales -igualdad, defensa en juicio y debido proceso- algo más: la eficacia procesal[4].

Y el derecho procesal electrónico puede aportar eficacia al proceso. Y mucha. Sólo que, para ello y como todo instrumento, debe ser bien utilizado.

En el caso de herramientas procesales -como, en este caso, las herramientas procesales electrónicas- deben ser bien diseñadas por quienes emiten normas, bien implementadas por los encargados de la instrumentación concreta, bien interpretadas por los jueces en los casos de conflictos concretos y, en suma, bien aplicadas por los operadores todos.

De lo contrario, algo que de por sí evidencia claras ventajas puede llegar a verse desvirtuado, fruto de su inadecuado traslado al concreto campo de la litigación judicial.

Es momento, pues, de observar cuál es el impacto concreto de estas tecnologías en el proceso judicial. Para ello, crucial resulta indagar en la nueva forma que ha adoptado el oficio forense a partir de la incidencia de lo electrónico en la vida cotidiana del expediente.

La gestión judicial -en la que intervienen tanto los operadores internos, integrantes del poder judicial, como los externos, profesionales independientes- es lo que primero se ha de modificar con estas nuevas prácticas. Y todo ello, finalmente, incidirá en una nueva forma de administrar justicia. Lo deseable es que se trate de una nueva forma más simple, respetuosa de garantías básicas del proceso y, claro, más eficaz.

 

Domicilios y notificaciones electrónicas.

Comencemos por analizar la cuestión relativa a los domicilios electrónicos y algo inmediatamente atado a ello: las notificaciones electrónicas.

Se trata de una de las primeras manifestaciones -en el tiempo- del derecho procesal electrónico. Tanto en el sistema procesal de la Nación como en el de la provincia de Buenos Aires se incorporó una carga adicional a los letrados de los litigantes: constituir un domicilio virtual o electrónico al cual, luego, habrían de practicarse ciertos anoticiamientos a través del novedoso sistema de la notificación electrónica.

Ello funcionó –y funciona- como un casillero virtual en servidores oficiales –gerenciados por dependencias técnicas de los superiores tribunales- en el cual se depositan comunicaciones electrónicas relativas a novedades de la causa. En el sistema de la Nación, la operatoria descripta sigue siendo regulada por las normas que dictó oportunamente la Corte Suprema de Justicia. En el de provincia, se pasó de un sistema de prueba piloto –voluntario- propuesto por el Superior Tribunal a, luego, un cambio normativo en el Código Procesal provincial en este punto. Ello hizo que se disiparan las dudas respecto de la validez del régimen que fuera creada por acordadas judiciales en colisión con previsiones de la ley procesal, planteos que –por el contrario- tuvieron lugar en la órbita nacional[5].

El sistema de domicilios y, especialmente, de notificaciones electrónicas posee diferente fisonomía y funcionamiento en los dos ámbitos mencionados. Dejando ya de lado el tipo de origen normativo de uno y otro, es importante analizar –por lo dicho más arriba- la eficacia que aporta al proceso uno y otro mecanismo.

De esa compulsa y sin perjuicio de señalarse inconvenientes operativos menores que se han ido superando con el tiempo y con la mayor familiariedad en el uso, notamos que el sistema nacional evidencia mayores ventajas cuando el tema es puesto bajo la lupa de la mentada eficacia procesal digital.

En la provincia de Buenos Aires, el diseño normativo de la figura excluye el uso de la notificación por medios electrónicos  para la sentencia de mérito. Esta exclusión no encuentra justificación alguna y sí, por el contrario, impide optimizar una fase crucial del proceso cual es el momento en que debe ser conocida por las partes la decisión principal.

Asimismo, en cuanto al momento en que se considera cumplido el efecto notificatorio: en el sistema provincial se adoptó el mecanismo de la notificación ficta (el día de nota siguiente al del ingreso del aviso digital a la casilla oficial) mientras que en la Nación, se lo equipara con la notificación por cédula (se notifica el día de la recepción o bien el inmediato hábil siguiente si se trata de un día u hora inhábil). Es evidente como el sistema de la Nación es mucho más eficaz, considerando ahora el mandato de resolver causas en plazo razonable.

Frente a los inconvenientes a que puede dar lugar la implementación de estos mecanismos, en ambas jurisdicciones se cuenta con la posibilidad de solicitar una auditoría al sistema informático oficial a través del cual se producen estos actos procesales de comunicación. De este modo, se pueden disipar dudas acerca de cómo fueron realizados concretamente los pasos a cargo de los letrados de las partes y, frente a una inquietud respecto del cumplimiento de alguno de los recaudos –lo que podría poner en jaque la validez de la notificación electrónica- se cuenta con este tipo de informes que disipará todo tipo de incertidumbre.

Una cuestión a resolver –en este aspecto y en todos los demás del derecho procesal electrónico que observamos en esta etapa- es la falta de una adecuación sistémica de todo el proceso civil. Esto es, dentro de la matriz de un proceso tradicional o papelizado ya operan institutos procesales con formato digital que generan la necesidad de ajustar varios aspectos del trámite clásico que, frente a las nuevas realidades, quedan descolocados o directamente carentes de sentido.

En el caso de las notificaciones electrónicas, lo que queda claramente descolocado es la carga de las partes de generar la notificación digital. Desde el momento en que el sistema cuenta con los domicilios electrónicos de las partes cargados, la notificación electrónica de cualquier providencia debe ser hecha de oficio. O, empleando un giro propio del derecho procesal electrónico, notificación automatizada: es el propio sistema informático el que se debería encargar de anoticiar conociendo los destinatarios –sus casilleros virtuales- y el texto de la providencia.

Por supuesto –y siguiendo con la reflexión relativa a los ajustes sistémicos- la eliminación de los tiempos muertos que tradicionalmente insumía el trámite de generar las piezas a través de las que se cursaban notificaciones puede dar lugar a que se revisen los plazos para ejercer las cargas sucesivas (como, por ejemplo, apelar).

Para esta tarea –la de estudiar el fenómeno en su integralidad y proponer las reformas más adecuadas- encontramos los aportes del Derecho Procesal Electrónico, disciplina que no es otra cosa que una consecuencia del ingreso del proceso judicial a la dimensión digital que ya anida en la sociedad. En este marco, es pertinente traer las ventajas que ofrecen estos nuevos formatos y nuevas realidades para profundizar el objetivo señalado de la eficacia procesal.

En este sentido -y siempre aludiendo a la cuestión de los domicilios- uno de los obstáculos que hoy se siguen señalando para la plena despapelización es la imposibilidad de notificar digitalmente el traslado de la demanda, lo que da lugar a que ese tramo del proceso –que incluye una notificación mediante cédula tradicional a un lugar físico, el domicilio real de la parte, con copias también en papel- no pueda ser llevado adelante de modo electrónico. Al respecto hemos propuesto la notificación de esos casos a domicilios reales virtuales, concretamente a través de redes sociales para personas físicas y mediante los sitios web de las personas jurídicas[6]. Claro está, previa aceptación y generalización social de este nuevo paradigma de actuación forense.

Asimismo, tanto en la aludida cuestión –la de las notificaciones electrónicas- como, en general en estos contextos innovadores, la interpretación jurisprudencial debe ser prudente y balancear de adecuado modo, en cada caso que llega a los tribunales, los intereses en juego. Así, una aplicación literal de este tipo de normativa, en determinadas ocasiones puede sacrificar derechos de tanto o mayor rango que el que subyace a la aplicación absoluta de las pautas del proceso electrónico[7].

Ese balance habrá de nutrirse necesariamente de una mirada integral, completa, de todo el cuadro de intereses que se pone en juego en una litis determinada y frente a las vicisitudes que se generan con la incorporación de lo digital. Una vez más, el Derecho Procesal Electrónico es la disciplina que habrá de venir en auxilio de esta forma de argumentar, tanto de los letrados que buscarán en la revisión de lo decidido en su perjuicio no perder el derecho que se ha declarado caído como de los magistrados que quieran emitir una decisión razonablemente fundada que dé respuesta a los requerimientos de modernización del proceso pero sin sacrificar de modo desproporcionado otros derechos de igual o hasta mayor jerarquía[8].

 

Sistemas de gestión y consulta remota de causas.

Otro punto importante a observar es el funcionamiento de los sistemas de gestión judicial que conforman el soporte digital del futuro expediente electrónico y lo que se vincula directamente a ello: las mesas de entradas virtuales.

Con el arribo de la informática al trabajo judicial, hace ya varias décadas, aparecieron los sistemas de gestión judicial para ayudar a organizar la tarea de las diferentes dependencias. En su origen, eran diseñados –cuando no reproducían- los sistemas de gestión de estudios jurídicos.

Con el paso del tiempo, estos sistemas resultan ser el germen de los que hoy se emplean en los tribunales y que, frente al desafío del proceso electrónico, constituyen el continente digital del expediente electrónico. Este software que tenía las funciones de un procesador de texto combinado con bases de datos –en muy resumida descripción- y era utilizado para ordenar el cúmulo de información que se generaba en la oficina judicial, hoy, adaptado, permite incorporar documentos electrónicos externos, generarlos, firmarlos, comunicarlos, enviar requerimientos a otras dependencias judiciales y no judiciales –convenios mediante-, etc. Y, por supuesto, almacenar todos esos archivos en servidores públicos, administrados por el poder judicial.

He aquí, si bien aún no completo, el expediente digital.

Estos sistemas, cuando son diseñados en los poderes judiciales  -como ocurre en la provincia de Buenos Aires- evidencian ventajas respecto de aquellos que son adaptaciones de suites informáticas, concebidos originalmente con un objetivo distinto. Si bien ningún sistema es perfecto, aquellos desarrollados por cuadros informáticos del poder judicial son los que están en mejores condiciones para recoger los requerimientos de los operadores del sistema y, de esa manera, generar un software eficiente, amigable, más eficaz y ajustado a las reglas básicas del derecho procesal general que no por su digitalización habrán de perder vigencia.

Es crucial el diseño de este software para el éxito de esta empresa. Hoy, en la transición, se padecen muchos inconvenientes derivados de este proceso de adaptación de programas y sistemas de su anterior función (simple gestión de oficina judicial) a la nueva (marco o continente digital del expediente electrónico).

Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, donde una parte del expediente es digital –presentaciones, notificaciones, oficios, etc.- y otra continúa en formato papel –ciertas presentaciones y esencialmente, las providencias, resoluciones y sentencias-, es prioritario resolver la cuestión de la identificación de piezas (la vieja foliatura).

Otros inconvenientes se suscitan en lo que hace al traslado del tramo electrónico del expediente de una instancia a otra, donde por características del sistema que se ha instrumentado puede darse el caso de que archivos digitales presentados y debidamente incorporados a la causa no resulten visibles por el órgano revisor superior. Ello se agudiza en el fuero de familia, donde existe la reserva de las causas, reserva que si bien se dirige a que litigantes no puedan tener acceso digital a las actuaciones salvo cuando el tribunal lo autorice, hoy se extiende –impropiamente- a todo otro órgano de la administración de justicia bonaerense (los órganos superiores no puede conocer el contenido del trámite de la instancia inferir que deben revisar, a menos que se les conceda un permiso en cada caso).

Asimismo, es imprescindible amalgamar las diferentes herramientas que van surgiendo en este camino hacia la completa digitalización. Un caso notorio de esta falta de articulación de sistemas lo encontramos frente al empleo del sistema Cícero de videograbación de audiencias que se usa en la justicia bonaerense. Este sistema permite obtener un DVD con el registro de estos importantes actos procesales el cual se agrega –atado con un hilo- a la parte del expediente que aún se encuentra papelizado. Sin embargo, no existe aún la posibilidad de que ese material sea incorporado como un archivo más –en el caso, de audio y video- al expediente digital que se aloja en el sistema Augusta.

En todo este cambio es primordial contar con los recursos tecnológicos adecuados. Y no solamente en lo que hace a lo estrictamente informático como son servidores adecuados, con altos estándares de seguridad y confiabilidad atento a la importancia de la información que almacenan así como una planta de ordenadores acordes a estas nuevas exigencias sino también en lo atinente a elementos imprescindibles para una mejor experiencia en el uso del nuevo sistema, como podría ser monitores amplios que permitan la visualización a pantalla dividida (de un lado el texto de la presentación a despachar y de otro, el texto de la pieza judicial a producir) o bien, unidades de reserva de energía que resuelvan la cuestión del súbito corte de suministro eléctrico y la eventual pérdida de datos.

Una de las ventajas que primero se evidenciaron de esta nueva forma de trabajar fue la posibilidad de la consulta remota del estado del trámite. Las mesas de entradas virtuales cambiaron profundamente la forma del trabajo cotidiano del abogado. Ya no es necesario acudir a los edificios de los tribunales para conocer el estado procesal de las causas en las que se interviene. Esto es importantísimo, especialmente para los departamentos judiciales grandes, con mucha distancia hasta la sede de los tribunales.

Todo estos cambios derivados del impacto de la tecnología en la gestión judicial, como vimos, necesariamente hacen que el trámite procesal deba adaptarse. Ante esta realidad, el concepto que tenemos de lo que implica que a una parte se la tenga por constituido su domicilio en los estrados del juzgado –y la consiguiente notificación ficta- no es el mismo de antaño.

Si existe la posibilidad de que vía web el letrado consulte desde su estudio aquello que ocurre en los estrados del juzgado, aquel sentido sancionador que tenía la consecuencia de no cumplir con la carga de constituir domicilio procesal se desvanece.

Otro tanto habrá de ocurrir con las cargas relativas a las copias que regulan los Códigos Procesales. Todo documento digital (sea digital nativo o digitalizado) puede duplicarse automáticamente por el sistema para los usos que lo requieran y además está disponible (o debiera estarlo) para todas las instancias judiciales que intervengan en la causa. De allí que aquellas cargas que se basaban en el formato papel y que requerían que la parte que quería notificar algo a otra acompañara copias en papel bajo el terrible apercibimiento de tener por no presentado el escrito principal o bien las cargas de aportar copias por quien plantea una apelación que se habrá de conceder con efecto no suspensivo o bien articula un recurso de queja, carecen hoy de sentido si el documento original es visible en el sistema informático.

Por supuesto, en la transición, se enfrentan posibilidades técnicas que tornan absurdas muchas de estas previsiones que se sustentaban en otro paradigma, el secular del formato papel pero que, sin embargo, siguen vigentes en la letra de la ley positiva. Ante ello, se han suscitado casos donde el juez adopta medidas basadas en las posibilidades tecnológicas pero que desconciertan al litigante, que actuó en base a lo que señala la ley procesal. Como se dijo, en cada uno de estos casos habrá que analizarse cuáles fueron las consecuencias concretas de estas decisiones judiciales teniendo en cuenta los derechos y garantías procesales que se pusieron en juego. El Derecho Procesal Electrónico habrá de brindar pautas de hermenéutica específicas[9] para argumentar en pos de un intento revisor de tales conductas que, de acuerdo con el criterio de cada magistrado, ocurren en esta fase de transición.

 

Presentaciones de las partes, resoluciones judiciales y firma digital.

Luego, la cuestión de las presentaciones judiciales y un tema íntimamente relacionado: la firma digital.

Aquí, una vez más, encontramos una gran diferencia entre el plan de informatización del expediente en la Nación y en la provincia de Buenos Aires. El proyecto nacional se observa mucho menos ambicioso que el de la provincia. Como contrapartida, el de provincia genera mayores inconvenientes a la hora de la implementación y mayores incertezas derivadas de la aplicación. Nos referimos a que en el primero de los ámbitos no se ha decidido echar a andar la posibilidad –clave, entendemos, para la conformación del expediente digital- de que la regla en este tema sea la presentación electrónica, como sí lo es la Provincia de Buenos Aires a partir del acuerdo 3886 del 14 de marzo de 2018.

En la jurisdicción nacional, solamente pueden ser introducidos al proceso en formato digital escritos de mero trámite por parte de los letrados, tanto sean éstos apoderados como patrocinantes.

La referida acordada 3886 de la Suprema Corte de Buenos Aires, como se indicó, sentó la premisa basilar: por regla, las presentaciones judiciales serán digitales. Luego señala excepciones –que, por supuesto, desvirtúan el sistema pergeñado y debilitan el impulso dado al expediente completamente digitalizado-. Hacemos votos para que en el futuro próximo se escuchen las propuestas que desde la doctrina venimos efectuando para que esas excepciones desaparezcan y así lograr el tan aludido objetivo de la despapelización sin mengua de otros derechos y garantías básicos del proceso.

De eso se trata hoy. De gerenciar del mejor modo posible esta transición, profundizando las medidas que tiendan a la digitalización plena, a la eficacia procesal electrónica sin sacrificio de garantías procesales de rango constitucional y convencional.

Es así como ingresa la cuestión de la firma digital en el debate. Una de las problemáticas que más cavilaciones ha generado –y la última acordada de la Corte bonaerense habla a las claras de las dificultades para darle una solución- es el tema de la firma en escritos donde la parte actúa con abogado patrocinante. En estos supuestos, sabido es, la parte debe firmar junto a su letrado y resulta que la parte carece de firma digital.

En la jurisdicción provincial en un primer momento se optó por dejar de lado esta forma de actuar de los abogados (la figura del patrocinante), se acudió a facilitar el apoderamiento a los fines electrónicos mediante una “carta poder digital” que generó (por lo confuso de la figura) discusiones acerca de su alcance, posteriormente se buscó la forma de ampliar el elenco de los escritos de mero trámite y, finalmente y ante el fracaso de todos esos intentos, se acudió al recurso de hacer una excepción a la regla de los escritos digitales: en estos supuestos, donde el letrado no actúa como apoderado y la parte carece de firma digital, sobrevive el papel[10].

Ahora bien, otro plano de esta discusión se ubica en el tipo de firma con el que se suscriben estas presentaciones.

Desde hace tiempo, la Suprema Corte de Justicia –a través de convenios con los Colegios de Abogados departamentales- ofrece a los profesionales matriculados certificados de firma electrónica. Y a ella, a este tipo de firma, es a la que alude en sus acordadas cuando habla de firma electrónica/digital. Se genera así un sistema de validez intraprocesal de esta firma que, si bien no es la digital  a la que hoy alude el Código Civil y Comercial argentino, es una de las firmas contempladas en la Ley de Firma Digital nacional.

A partir del carácter obligatorio –como regla, según vimos- de la presentación judicial digital de las partes (y, en algunos casos, incluso antes de este momento) muchos han creído ver un aval de la Suprema Corte de Buenos Aires para el empleo de este tipo de firma en las diferentes resoluciones judiciales –incluso, en las sentencias de mérito-.

Entendemos que ello no es así.

No solamente porque la misma Suprema Corte de Justicia se ha encargado de indicar que la acordada 3886 de presentaciones electrónicas no se aplica a las resoluciones judiciales[11] sino por el hecho de que sólo recientemente la Suprema Corte local puede otorgar certificados de firma digital como la que menciona el Código Civil y Comercial en su art. 288 y que cumple con las condiciones de la Ley de Firma Digital[12].

Estos nuevos certificados –insistimos, de firma digital- recién han comenzado a distribuirse entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Provincia. Es sólo a partir de este momento cuando, contando con este certificado digital, un juez podría válidamente firmar una resolución judicial no ya por aplicación de la acordada de presentaciones electrónicas, sino haciendo operativa la clásica manda del Código Procesal Civil y Comercial que alude –para las providencias y sentencias- al requisito de la firma del juez, ello en conjunción con el mentado art. 288 del Código Civil y Comercial que remite a la firma digital –que no es otra que la describe la ley de Firma Digital- y que, ahora, es la que se encuentra alojada en los token judiciales que han recibido los nuevos certificados a partir de la intervención de la ONTI.

Por supuesto que a esa posibilidad se le pueden oponer variados obstáculos operativos. El principal, la vigencia de la acordada 2514 de la Corte de Buenos Aires que sigue regulando la forma papelizada de las resoluciones judiciales así como otro elemento importante: los Libros de Registro refiriéndose a ellos, claro, en soporte papel.

Si se utiliza la firma digital para firmar una sentencia, la sentencia será digital y lo más lógico sería que el Libro de Registro sea sustituido por una forma de almacenamiento seguro en el servidor oficial del Poder Judicial. Esto es, el Registro Digital.

Para el resguardo de la seguridad jurídica, bueno sería que estas iniciativas se vean coordinadas por normas que uniformen este modo de actuar. Hoy no contamos con estas normas uniformadoras y sí, por el contrario, operan en la realidad diferentes formas de actuar por parte de jueces con diferentes visiones respecto del fenómeno digital.

Los “tecno moderados” que no hacen más de lo que expresamente permiten las normas que emite la Corte, los “tecno resistentes” que en pos de la seguridad jurídica mantienen los formatos tradicionales hasta que exista una habilitación por parte del legislador al reformar el Código Procesal y, en las antípodas, los “tecno entusiastas” que con el objeto de llevar al máximo grado de rendimiento la digitalización del proceso, avanzan aplicando normas previstas para ciertos supuestos a otros casos o institutos, poniendo en jaque –muchas veces- derechos de fondo y prerrogativas procesales.

Como advertirá el lector, nada bien hace a la garantía procesal de la igualdad ni a los principios de previsibilidad, estabilidad y uniformidad de las soluciones jurisprudenciales esta variedad de miradas y actitudes judiciales frente al mismo fenómeno. Es imprescindible que se dicten reglas más claras –y, de ser posible, de rango legal- para que este vasto campo del derecho procesal (el electrónico) defina finalmente un perfil unívoco y consolidado mediante figuras eficaces y, al mismo tiempo, respetuoso de las garantías procesales básicas.

Finalmente, en esta recorrida por los aspectos salientes del impacto de las tecnologías en el proceso encontramos lo relativo a actos procesales concretos como son las audiencias -y su videograbación íntegra- y las subastas -y la posibilidad de ser desarrolladas de modo electrónico-. A ello deben sumarse convenios que permiten la realización de actos procesales de comunicación de modo electrónico, en particular con organismos de la administración pública (agencia de recaudación de impuestos, registros de la propiedad o de testamentos, bancos oficiales)[13].

 

Cierre.

En suma, el proceso electrónico ya está entre nosotros.

Ya existen todos los recursos tecnológicos para lograr el objetivo final en este proceso evolutivo. Sólo resta afianzar el uso de cada uno de estos subsistemas, modificando algunos diseños vigentes adaptando las figuras a partir de las experiencias recogidas.

En esta fase es necesario pasar en limpio las previsiones normativas que contemplan figuras del proceso electrónico que fueron puestas en funcionamiento. Habrá que mantener muchas de ellas, las que funcionaron con acierto y, especialmente, habrá que modificar muchas otras, aquellas que generaron -y generan- problemas operativos que restan eficacia al sistema y provocan, consecuentemente, inquietud y zozobra en los operadores aumentando así la resistencia al cambio que, por lo anunciado, ya es irreversible.

 

[1] El panorama tecnológico que observábamos hace más de cuatro años en nuestro aporte “El derecho procesal y la informática”, La Ley, 30 de abril de 2014, hoy se encuentra ya completado, consolidado y superado en cuanto a las previsiones originales.

[2] Camps, Carlos E., “El derecho procesal electrónico, la pretensión informática y la eficacia procesal”, Cap. I en Camps, Carlos E., -Director y coautor-, Tratado de derecho procesal electrónico, tres tomos, La Ley, Buenos Aires, 2015.

[3] Disciplina en desarrollo y a la que nos hemos dedicado en el Tratado de derecho procesal electrónico referido asi como en otras publicaciones, clases, disertaciones y, desde hace poco y junto a varios colegas preocupados por estos temas, en el espacio en la web http://www.e-procesal.com

[4] Concepto en el que, también, venimos trabajando desde hace muchos años para lograr su difusión y aplicación en nuestro medio: comenzamos en esa senda con motivo del análisis de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, en Camps, Carlos E., “La recepción constitucional de la protección al medio ambiente: operatividad y eficacia”, El Derecho, 21 de mayo de 1996. Hoy hablamos de eficacia procesal en el sentido y con el alcance que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de fallos donde ha condenado a la Argentina por trámites judiciales s ineficaces. Ver, entre otros, Camps, Carlos E., “Eficacia como estándar hermenéutico para la validez de normas procesales: breves reflexiones sobre el caso del arbitraje en el Código Civil y Comercial”, Revista del Código Civil y Comercial, junio 2016, La Ley.

[5] Ver el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de diciembre de 2016 CIV 738l5/20l0/l/RHl in re “Erskis, Gerardo Alberto el Clínica Estrada S.A. y otros si daños y perjuicios – resp. Prof. Médicos y Aux.” citado en nuestro post “El proceso electrónico y el derecho procesal electrónico” (https://carloscamps.com/2018/09/19/el-proceso-electronico-y-el-derecho-procesal-electronico/).

[6] Desarrollamos la idea en Camps, Carlos E., Notificaciones electrónicas, Un tomo. Erreius, Buenos Aires, 2017, p. 99 y ss.

[7] “Claros casos de adaptación de las respuestas jurisdiccionales a los nuevos tiempos y a los obstáculos o inconvenientes que inexorablemente aparecen en la implementación de los nuevos sistemas son los siguientes fallos: el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re ‘Micheloud de Irace, Nilda B. y otros c/ Obra Social del Personal de la Industria de la Alimentación y otros’, sent. del 06/02/2004 (‘debe revocarse la resolución que decretó de oficio la caducidad de instancia en un recurso de queja si, a raíz de un error en las fechas consignadas en el sistema informático de la mesa de entradas, se le informó al recurrente que el expediente continuaba a estudio en Secretaría’) y el de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, in re ‘Castro, Ángel Rogelio y otro c/ Fasciolo, Héctor Ernesto y otro’, sent. del 08/10/2009, publicado en: DJ, 07/04/2010, 906. Cita Online: AR/JUR/57731/2009 (‘debe considerarse que la contestación al traslado efectuada por el actor resultó temporánea, pues las consecuencias de que por error se hubiera subido el proveído al sistema informático de consulta de causas con una fecha posterior a la que figuraba en el expediente no deben ser soportadas por los litigantes, ni producirles perjuicio alguno, aun cuando la informatización del trámite no haya modificado el régimen de notificaciones vigente en el Código Procesal’)”. Camps, Carlos E., Notificaciones electrónicas citado, Un tomo. Erreius, Buenos Aires, 2017, p. 117, nota 26.

[8] Ver reflexiones generales sobre este concepto que incorpora el art. 3 del Código Civil y Comercial en “La sentencia ambiental razonablemente fundada”, Revista de Derecho Ambiental  N° 43 Julio/ Septiembre 2015. Abeledo Perrot.

[9] Camps, Carlos E., post “El proceso electrónico y el derecho procesal electrónico” (https://carloscamps.com/2018/09/19/el-proceso-electronico-y-el-derecho-procesal-electronico/).

[10] Siempre creímos –y lo hemos sostenido públicamente- que el problema de la firma de la parte que actúa por patrocinio encuentra solución, en lugares donde se busca dotar de validez a presentaciones que exceden el mero trámite, aceptándose escritos digitales hechos por el patrocinante donde se acompañe copia digital de escritos en papel firmados por la parte y que conserva en custodia en su estudio por un eventual desconocimiento.

[11] Ver las FAQ publicadas por la Suprema Corte de Justicia en http://www.scba.gov.ar/servicios/preguntasfrecuentes.asp

[12] Según surge de la acordada 3891 del 25 de abril de 2018, se produjo un cambio en la política inicial en cuanto a conseguir –vía trámites pertinentes ante la dependencia competente del Poder Ejecutivo nacional- la condición de autoridad certificante de firma digital: ahora –y mientras se consigue aquello- se obtuvo la condición de autoridad de registro del ONTI, que opera aquí como autoridad certificante.

[13] Para conocer más en detalle estos otros aspectos del proceso electrónico, remitimos –otra vez- a nuestro Tratado de derecho procesal electrónico.

Exceso ritual electrónico.

 

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Introducción: el derecho procesal electrónico y sus desafíos.

               El derecho procesal electrónico es, antes que electrónico, derecho procesal.

            Esta afirmación –que parece una verdad de Perogrullo-, cuando es desatendida, nos conduce hacia terrenos escabrosos.

            Si ante el fenómeno del proceso electrónico, el operador se encandila con las ventajas que el nuevo formato tecnológico puede aportar a la litis judicial y se queda en ese plano, es muy probable que las normas que se dicten estén más inspiradas en el logro de procedimientos digitalizados que en la observancia de reglas procesales básicas.

               Es muy posible, también, que en el diseño de estas nuevas formas de actuación en y ante los tribunales se priorice la voz del informático -que domina lo relativo al hardware y al software- antes que la del abogado –que sabe cuáles son las pautas de validez procesal que operan en un proceso judicial-.

            En ese mismo camino, si el intérprete –por caso, juez- se enrola en una postura fundamentalista de la digitalización del proceso, sus pautas hermenéuticas tenderán a dar preeminencia al funcionamiento pleno de los instrumentos de rito electrónicos vigentes e, incluso, en los casos de duda, integrará el sistema –y hasta extenderá soluciones- siempre en esa dirección: el cumplimiento extremo de las reglas de la informatización del juicio.

          Tal mirada, pues, que pone el acento en lo electrónico del derecho procesal electrónico corre el riesgo de desentenderse del derecho procesal. Se enfoca en una modalidad y deja de lado lo esencial del fenómeno.

                Y así, lo que parece obvio de la afirmación del inicio, ya no lo es tanto.

            El riesgo de esta tendencia tecno fundamentalista, operando en el desarrollo de una litis, es que puede dar lugar al sacrificio de basilares garantías procesales de raigambre constitucional y convencional en pos de una mal entendida modernización del trámite tribunalicio.

            Desde hace tiempo venimos reclamando que la mirada del fenómeno sea integral. Y, en esa línea de prédica, entendemos que una de las misiones fundamentales del derecho procesal electrónico hoy es brindar las herramientas argumentativas suficientes para que quienes resultan ser víctimas de normas o fallos tecno fundamentalistas, puedan superar -mediante las fases o instancias de revisión pertinentes- los casos donde se afecten seriamente derechos de las partes, sean éstos procesales o de fondo.

               Así, hoy nos ocuparemos del exceso ritual electrónico.

            Con esta denominación no hacemos otra cosa que aludir al clásico instituto del exceso ritual manifiesto, figura pretoriana con origen en antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que permite la revisión de sentencias ante ese tribunal mediante recurso extraordinario federal al configurar uno de los supuestos de sentencia arbitraria[1].

            Lo de electrónico -que se agrega al nombre- indica que esta anomalía, que este vicio, se produce ahora en el marco de la aplicación de normas o criterios relativos al derecho procesal electrónico. Es una referencia identificatoria del marco en el que se constata esta variante del exceso de rito, instituto que si bien conserva sus caracteres básicos, su fundamento y sus consecuencias –aquellas pautas esenciales que surgen del celebérrimo precedente “Colalillo”[2]– agrega, en el contexto digital, algunas circunstancias propias, a las que nos dedicaremos en en final de este aporte.

 

El exceso ritual electrónico en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

           La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misma que nos brindó esta magnífica herramienta de control de sentencias, ya se ha expedido sobre el exceso ritual electrónico. Ello ocurrió en el caso “Bravo Ruiz”, el que oportunamente anotáramos[3].

           Recordemos que el superior tribunal federal en los autos “Bravo Ruiz, Paulo César c. Martocq, Sebastián Marcelo y otros s/ daños y perjuicios”[4] dictó sentencia el 10 de mayo de 2016, remitiendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 20 de noviembre de 2015.

          Allí, frente al rechazo de una demanda por daños y perjuicios en primera instancia, el actor apeló y al fundar su recurso acompañó copias -en papel- para traslado de la expresión de agravios -también introducida al proceso en soporte papel- y no, en cambio, copias digitalizadas.

       Ante esta última omisión y con base en las reglas fijadas por la Corte federal mediante las acordadas de derecho procesal electrónico respectivas, la Cámara advirtió al actor de la omisión respecto de las copias digitalizadas mediante un proveído que fue notificado por nota atento a que no correspondía la notificación al domicilio electrónico. El actor no cumplió -ahora ante esa intimación- con la carga de adjuntar copias en formato digital de la expresión de agravios y, entonces, sobrevino la declaración de deserción del recurso.

       Frente a ello -el actor- intentó una revocatoria, reconociendo que omitió adjuntar copias digitalizadas pero señalando que aportó al proceso las copias en papel que menciona el art. 120 del CPCCN. Cuestiona -por desproporcionada- la sanción de deserción y considera que debió haber recibido noticia de la intimación a presentar copias digitalizadas a su domicilio electrónico.

       El tribunal de alzada rechazó la revocatoria. Contra ello la parte perjudicada articuló un recurso extraordinario que fue denegado.

       Es así como llega en queja ante la Corte Suprema. El dictamen de la Procuración -al que remitirá el Tribunal- es breve.

       Despliega su fundamentación en tres párrafos: en el primero se señala que si bien las resoluciones que declaran desierto los recursos de apelación no son impugnables mediante recurso federal, ello es así en tanto no se configure un caso de exceso de rito que frustre la garantía de la defensa en juicio; en el segundo se establece que la decisión que impide llegar por vía de apelación a la Cámara con el solo argumento de la deserción sin atender las circunstancias alegadas por el recurrente puede ser encuadrada en la categoría de sentencia arbitraria y, por ello, descalificable y en el tercero se indica que todo ello es lo que ha acontecido en la especie, frente al accionar de la Cámara que, al conducirse de tal modo, incurrió en exceso de rigor formal con afectación del derecho de defensa consagrado constitucionalmente.

       Es de destacar que la actuación del tribunal que emitió el pronunciamiento que, luego, habrá de ser privado de validez por la Corte federal se ajustó a la normativa aplicable en el momento en que se dictan las decisiones en crisis (incluso dando lugar a actuaciones procesales que no encuentran adecuado justificativo en la norma pero que buscaban evitar que el actor cayera en indefensión).

       A pesar de ello, la Corte Suprema –haciendo propios los argumentos del Ministerio Público- entendió presente el vicio de arbitrariedad por exceso ritual que, al dar en este particular contexto, se incluye en la categoría de electrónico[5].

       De los fundamentos utilizados se desprende que dado que el sistema procesal electrónico en el fuero federal se encontraba en sus inicios y para que no quedasen situaciones gravemente sancionadas en el marco de la normativa que todavía no resultaba suficientemente conocida o, lo que es igual, normas aún poco aplicadas y respecto de las cuales tampoco existía una asentada doctrina que permitiera pisar con firmeza en el terreno del proceso digital, es que cuando se constatara una consecuencia grave y disvaliosa como la aquí acontecida, procede dejar sin efecto las actuaciones previas para dar plena vigencia al derecho de defensa en el marco de una litis judicial.

             Consideramos acertado el criterio de la Corte Suprema[6].

      Veremos, a continuación, cual es la mirada de la Suprema Corte de Justicia bonaerense sobre una cuestión similar.

 

El exceso ritual electrónico en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

       El Superior Tribunal bonaerense, con fecha 3 de octubre de 2018 en los autos “Herrera, Ricardo Horacio y otro/a contra Herrera, María Aurora. Desalojo” –Causa C. 121.320- emitió un pronunciamiento en el que alude al exceso ritual electrónico. En la especie, se trató de un juicio de desalojo en el que la Cámara declaró desierto el recurso de apelación articulado por los demandados contra el fallo de primera instancia que hacía lugar a la pretensión incoada.

         Luego de todo el proceso de desalojo tramitado en la instancia inicial, se apeló el fallo favorable a los actores y se elevaron los autos al tribunal de Alzada.

        Una vez allí, el Presidente de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata dictó una providencia “señalando que las partes no habían constituido domicilio electrónico, por lo que hizo efectivo el apercibimiento dispuesto por el art. 41, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial y tuvo por constituido el domicilio electrónico de las mismas en los estrados de ese Tribunal. En el mismo acto, hizo saber la intervención en la causa de la Sala III e intimó a la parte demandada apelante para que exprese agravios en el plazo de ley, ordenando la notificación ministerio legis, con cita de los arts. 41 y 133 del Código de rito, según ley 14.142 y el art. 1 del Anexo Único del Reglamento para la notificación por medios electrónicos (. . . ). Transcurrido el plazo fijado, la Sala designada advirtió que los accionados no habían expresado agravios y a tenor de lo imperativamente dispuesto por el art. 261 del Código citado, declaró desierta la vía deducida”[7].

       Contra esa decisión los demandados llevan el caso ante la Corte bonaerense mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

           El recurso habrá de prosperar ya que “la Cámara al resolver del modo en que lo hizo  atento el marco regulatorio vigente y las particulares circunstancias de tramitación de la presente causa ha incurrido, conforme lo denuncian los recurrentes, en exceso ritual manifiesto”.

       Aparece aquí, ahora en la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el exceso ritual electrónico.

       En este caso, para llegar a esa conclusión, el Tribunal expone el largo derrotero por el que transitó el derecho procesal electrónico referido específicamente a la cuestión del domicilio electrónico y de la notificación electrónica. Se indican todas las Acordadas y Resoluciones del tribunal –reforma legal incluida- que evidencian las marchas y contramarchas del sistema que se buscaba implementar[8].

       Este racconto se detiene en la fecha de la decisión del Presidente de la Cámara Segunda de La Plata en base a la cual se dispuso la deserción del recurso. Se muestra contundentemente que el panorama normativo a esa fecha (hacia fines del año 2016, entre los meses de agosto y diciembre) lejos estaba de hallarse, a ese preciso momento, consolidado y claro.

       El mismo tribunal expresa “ese cambio de paradigma del papel a lo electrónico ha sido planteado de manera gradual y paulatina, intentando dar respuesta mediante acuerdos y resoluciones reglamentarias a los condicionamientos e inconvenientes que los distintos operadores jurídicos han señalado y que resultan inevitables en un proceso de tal envergadura”. Se alude de este modo a la necesidad de ponderar el peculiar contexto normativo en el que se adoptó la medida que motivó el recurso de casación.

       A ello se le sumará otro elemento de trascendencia: la confianza generada por la judicatura a los litigantes.

       La Corte indica que durante todo el trámite previo al arribo a la Cámara –en los autos principales e incidentes- las partes actuaron sin cumplir con la carga de constituir domicilio electrónico. Las notificaciones se cursaron a los domicilios físicos y en soporte papel, aún cuando muchas de ellas eran de las que, según la normativa, debían cursarse por vía electrónica.

       Y expresa el Juez que lleva la voz del Acuerdo “que, si bien la Cámara actuó ateniéndose a reglas que resultaban operativas al momento de recibir las actuaciones (ver en tal sentido noción incorporada en el párr. 6 del punto III del dictamen del procurador, relativo a la legalidad de las formas, reflexión que comparto plenamente), el apercibimiento aplicado a fs. 634 y la forma en que se notificó el requerimiento allí fijado resultó  -en el contexto de tramitación en el que venía desarrollándose el expediente- no menos que sorpresivo para los apelantes”.

       Se consolida, de esta manera, los dos rasgos que –en la especie- caracterizarán el exceso ritual electrónico: la falta de consolidación del marco normativo regulatorio de la materia y la confianza generada en el litigante respeto de una determinada manera de conducir el proceso[9].

       Dice la Suprema Corte bonaerense “Cabe señalar, al respecto, que tan disímiles aplicaciones de una misma reglamentación que ha sido objeto de sucesivas modificaciones y aclaraciones, todo ello en el marco de una materia novedosa, deben necesariamente conllevar una interpretación flexible y contextualizada, guiada por un criterio de razonabilidad, que evite encerronas o sorpresas procesales para los justiciables, pues ese no ha sido el espíritu que inspiró el dictado de dichas normas”.

       Reforzando su postura, evoca y cita el fallo “Bravo Ruiz” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También menciona el modo flexible con el que el propio Tribunal ha interpretado las mismas normas -actuadas rígidamente en el caso por el Presidente de la Cámara Segunda platense- “resolviendo intimar a las partes a subsanar las distintas falencias observadas, bajo apercibimiento de tener por no presentados los escritos electrónicos en proveimiento (causas A. 74.409, ‘Carnevale’, resol. de 8-II-2017; A. 74.707, ‘Gorosito’, resol. de 17-V-2017 y C. 121.482, ‘Díaz’, resol. de 21-VI-2017)”.

       En suma, la Corte concluye que “a la luz de las particulares circunstancias de la presente causa, la normativa aplicable al caso y las pautas interpretativas fijadas precedentemente, la Cámara ha actuado con excesivo rigor formal al declarar desierto el recurso de apelación, por haber tenido previamente por constituido el domicilio electrónico de los apelantes en los estrados del Tribunal y por notificados ministerio legis del requerimiento para expresar agravios. Ello pues, el apercibimiento fijado resultó sorpresivo y gravosamente desproporcionado para la parte recurrente, configurando una vulneración de su derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), en tanto se privó a los litigantes de la oportunidad de ser oídos o de hacer valer sus derechos mediante la vía apelatoria incoada frente a la condena de desalojo dictada en la instancia de grado”.

 

Cierre.

       Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Suprema Corte bonaerense han tenido la oportunidad de evaluar el contexto en el cual se dispuso la deserción de un recurso de apelación.

       Ambos altos Tribunales fueron colocados frente a la hipótesis de la firmeza de sentencias judiciales desfavorables a quien intentó recurrirlas.

       En ambos casos, la consecuencia disvaliosa se produjo por aplicación de normas del derecho procesal electrónico. En un caso, en lo relativo al incumplimiento de la carga de adjuntar copias digitales de un escrito. En el otro, en lo atinente al incumplimiento de la carga de constituir domicilio electrónico para ser allí notificado de la carga de fundar el recurso.

       En los dos supuestos, se observó configurado el exceso ritual electrónico. Y los superiores tribunales ponen las cosas en su lugar: priorizan el derecho procesal –mediante un análisis contextual de todas las normas, principios y garantías en juego a la luz de las circunstancias concretas obrantes en cada caso- y así dejan de lado una aplicación automática de lo electrónico para volver la mirada a la justicia del caso.

       Decíamos antes de ahora que, en materia de aplicación de nuevas tecnologías al proceso judicial, participamos de la necesidad de cambiar el paradigma. Pero también creemos que la tarea no es simple y que requiere de un tiempo de internalización de normas, prácticas, de una nueva generación de hábitos. El paso a la dimensión digital del proceso no puede ser concebido como una fuente de trampas arteras en la que se vean sacrificados -a partir de sanciones desproporcionadas- las básicas garantías del debido proceso[10].

       Pues bien, he aquí una de las “válvulas de escape” del sistema, una útil vía para buscar que las cosas vuelvan a su cauce frente al tecno fundamentalismo procesal: la declaración de sentencia arbitraria por exceso ritual electrónico.

[1] Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, segunda edición actualizada por Camps, Carlos E., cinco tomos,  Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017, t. III, p. 2046 a 2049.

[2] Fallos 238:550.

[3] Camps, Carlos E., “Copias digitalizadas para traslado y exceso ritual”, LA LEY 01/08/2016, 01/08/2016, 4 – LA LEY2016-D, 513, Cita Online: AR/DOC/2228/2016

[4] Fallos: 339:635.

[5] “Cabe recordar, en primer término, que la Corte  Suprema ha reiterado que las resoluciones que declaran desierto un recurso ante el tribunal de alzada no son, debido a su naturaleza fáctica y procesal, impugnables por la vía del articulo 14 de la ley 48, salvo que lo decidido revele un exceso ritual susceptible de frustrar la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 310:799,938; 329:997, 2265; 330:1072; 331:1660; entre muchos otros).

En efecto, la decisión que impide el acceso a la instancia de apelación con fundamento en la deserción del recurso sin atender las circunstancias alegadas por el recurrente, sólo satisface de modo aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, lo que autoriza a su descalificación sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (CSJ 1103/2013 (49-G)/CSl “Gómez, Bartolina Monserrat y Morinigo, Antonio de Jesús el Funes, Rigoberto Restituto si prescripción adquisitiva” sentencia del 3 de noviembre de 2015).

Considero que esa es la situación que se presenta en este caso, en tanto el a quo, previo a una simple notificación por nota de la necesidad de presentar copias electrónicas, tuvo por no presentada la expresión de agravios y ordenó su desglose para luego declarar desierto el recurso de apelación (. . .). Dicha sanción resulta desproporcionadamente gravosa y pone en evidencia que la Cámara incurrió en un exceso de rigor formal que afectó, en consecuencia, el derecho de defensa en juicio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional” (del dictamen de la Procuración al que remite y hace propio la Corte Suprema de Justicia).

[6] Camps, Carlos E., Notificaciones electrónicas, Erreius, Buenos Aires, 2017, p. 168.

[7] Pasajes textuales del fallo “Herrera, Ricardo Horacio” cit.

[8] El voto del juez preopinante del fallo “Herrera” dedica unos quince extensos párrafos a describir la situación normativa imperante al tiempo del dictado de la resolución puesta en tela de juicio, ello así para dejar bien en claro cuál era el exacto y preciso contexto en el que tuvieron lugar los hechos de autos.

[9] “Ello pues, resulta evidente que las nuevas prácticas relacionadas con la implementación de estos novedosos instrumentos procesales, no gozaban  en esa ocasión- de una generalización y unívoca interpretación que hiciera previsible la sanción dispuesta por el órgano jurisdiccional. Tanto es así que la misma Cámara dictó  con posterioridad al caso que nos ocupa- un acuerdo plenario (causa ‘Federación’, sent. de 23-II-2017) para superar divergencias entre las decisiones de las distintas salas que la conforman (art. 37, ley 5.827).

De allí que, a la luz de lo normado por el art. 254 del Código de rito y de la conducta desplegada por el órgano de grado, resultaba esperable para los apelantes que el requerimiento para expresar agravios se notificara mediante cédula al único domicilio constituido por ellos hasta ese momento  físico-, o bien se los intimara a constituir el domicilio electrónico, previo a decretar el apercibimiento reglado por el art. 41 del mismo cuerpo legal”.

[10] Camps, Carlos E., “Copias digitalizadas. . .  “ cit.

Proceso electrónico, eficacia y garantías: la posición de la Suprema Corte bonaerense.

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Recientemente, en el caso “Herrera” ( ver aquí C-121320) la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires nos brinda un muy buen ejemplo del modo en que corresponde analizar la validez de decisiones jurisdiccionales que, apegándose estrictamente a normas del derecho procesal electrónico y sin efectuar un análisis contextual -a la luz de las circunstancias particulares de la causa- y finalista, dan lugar a la pérdida de derechos de las partes.

 

La sentencia emitida -a la que habremos de dedicarle mayores reflexiones en un trabajo que ya se encuentra en prensa- contiene un claro caso de lo que ocurre cuando los institutos del proceso electrónico -aquí, el domicilio y la notificación electrónica- se aplican de manera rígida, evidenciando una postura que hemos denominado tecno fundamentalista: aquella que prioriza el empleo de los procedimientos tecnológicos y busca su optimización sin analizar el efecto que, en el caso concreto, ello pueda tener en los restantes principios y garantías del proceso [1].

 

Evocando la clásica figura del exceso ritual manifiesto, el precedente que mencionamos contiene una excelente pauta hermenéutica a utilizar en aquellos casos donde, por particulares circunstancias de hecho -como las que extensamente se describen en la sentencia “Herrera”- la aplicación a rajatabla de normas que -en abstracto- contribuyen claramente a la deseable eficacia procesal, en concreto provocan el condenable efecto de frustrar expectativas genuinas de las partes y, peor aún, sacrificar desproporcionadamente sus derechos y garantías procesales básicas.

[1] El proceso electrónico y el derecho procesal electrónico.

Eficacia procesal en la casación: el modelo de Neuquén.

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La eficacia procesal es una forma de conducir los procesos judiciales que alcanza a todas las instancias.

Es un formato que persigue una respuesta de los tribunales acorde con la particular naturaleza de los derechos en juego en cada caso, brindada en tiempo razonable y que otorgue a quien la requiere una solución útil para el conflicto que lo aqueja[1].

Esa manera de conducirse es propia -y fundamental- de la primera instancia, ámbito donde se puede actuar con la mayor cercanía al origen del conflicto adoptando de inmediato las medidas más urgentes y necesarias según el caso. Pero ello no obsta a que también las instancias revisoras deban aplicar estas mismas pautas de eficacia.

En muchos de estos casos, es imprescindible contar con sentencias firmes para que sobrevenga la fase de ejecución y recién ahí obtener el tan ansiado cambio en el mundo que busca el litigante cuando acude al tribunal.

Recordemos que la Corte Interamericana de Justicia ha señalado que la vigencia de las garantías del proceso no concluye con el dictado de la sentencia del proceso de conocimiento, sino que deben seguir rigiendo durante toda la fase de ejecución. Y, además, que el tiempo que insume la ejecución -que presupone una sentencia de conocimiento firme- debe ser computado a los fines de analizar si el trámite (todo) se ha desenvuelto en plazo razonable[2].

Pues bien, en este marco, hace tiempo que hemos venido analizando las formas de dotar de eficacia a los trámites cuando transitan por la etapa casatoria.

En su oportunidad[3], hablando del sistema instaurado en la Provincia de Buenos Aires, hemos destacado las grandes ventajas que en este sentido aportó la figura de las FRS -Facultades de Resolución Simplificada- que fuera introducida en la legislación bonaerense mediante la reforma a la Ley 5827 Orgánica del Poder Judicial incluyendo en el art. 31 bis estos particulares mecanismos de respuesta a recursos extraordinarios, figura que -luego- terminó de ser perfilada por la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia local.

Con motivo de la visita que hace poco tiempo hicimos al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén[4], tuvimos la ocasión de conocer otro formato de trámite de recursos extraordinarios locales, el que contempla la ley 1406 y que, entendemos, sería de mucha utilidad en jurisdicciones donde el régimen es similar al que hoy se aplica en Superiores Tribunales como el de la Provincia de Buenos Aires ya que -estamos convencidos- habría de dotarlo de mayor eficacia.

En muy prieta síntesis, en los sistemas casatorios como el que regula el CPCCBA los recursos extraordinarios en materia civil, comercial y de familia se articulan ante la Cámara que dictó el fallo que se busca revisar. Este tribunal realiza un control de admisibilidad primario y, si encuentra cumplida una serie de recaudos, concede el recurso ante la Corte remitiendo los autos.

Arribadas las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, este control de admisibilidad vuelve a realizarse de modo oficioso y completo.

De esta nueva ponderación puede surgir que la admisibilidad fue bien abordada y solo queda o bien aplicar las reglas de trámite de la figura del art. 31 bis de la ley 5827 o, previa vista a la Procuración General cuando proceda, llamar autos para sentencia -providencia a la que seguirá un plazo para la presentación de memorias, cumpliéndose de ese modo la sustanciación- y así, luego, obtener la condigna respuesta del Tribunal, con formato de resolución -con fuerza de sentencia definitiva- en el primer caso o como sentencia definitiva en el segundo.

Por el contrario, si la Corte encuentra que el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad no fue bien controlado por la Cámara puede requerir actividad complementaria a las partes (por caso, aportar información para conocer el valor de los agravios, requerir integración de depósitos insuficientes, demostrar la obtención del beneficio de litigar sin gastos, etc.).

Y, en todos estos casos, sea en forma directa -cuando el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad no puede ser superado por actividad procesal posterior[5]– o como consecuencia del incumplimiento de la actividad solicitada a la parte por la Corte, puede sobrevenir una resolución declarando mal concedido el recurso extraordinario.

Desde otro ángulo, si fue la Cámara la que no concedió el recurso, el recurrente puede acudir a la Corte mediante un recurso de queja buscando que el Tribunal superior (el juez del recurso) controle ese análisis de admisibilidad hecho por el a quo.

En el marco de este recurso, la Corte realiza -revisando lo hecho por la Cámara- un nuevo e integral estudio de admisibilidad.

 

Ello es bien diferente en el sistema neuquino, donde impera un mecanismo que, a nuestro juicio, es más eficaz.

 

En esa provincia el recurso, si bien se interpone ante la Cámara (art. 2, ley 1406), este órgano se limita a disponer la bilateralización (confiere traslado al “apelado” en ese momento, art. 3, ley 1406) y así, el expediente con el recurso más las piezas que se hayan presentado en cumplimiento del traslado dispuesto son remitidas al Tribunal superior (art. 4, ley 1406).

Aquí, en la sede casatoria, se produce el único estudio de admisibilidad, dictándose una resolución fundada al respecto luego de la actividad procesal pertinente que corresponda requerir a la parte que recurre (art. 5, ley 1406).

Si los recaudos de admisibilidad están cumplidos, previa vista al fiscal si corresponde, se pasa al dictado del fallo con el dictado de la providencia de autos.

Si la admisibilidad no se ha cumplido -sea originalmente o como consecuencia del incumplimiento de las intimaciones que se pudieran haber cursado- sobreviene una declaración de inadmisibilidad que, por ser dictada por el Superior Tribunal, sólo puede ser revisada mediante el recurso extraordinario federal.

 

Haciendo paralelismos y comparaciones y -especialmente- conociendo desde hace mucho tiempo la forma en que trabaja la Suprema Corte de Justicia aplicando el sistema que hoy regula el CPCCBA, estamos convencidos de que un sistema como el que prevé la ley neuquina en este punto tornaría más eficaz el tránsito del conflicto judicializado por la esfera casatoria.

Concretamente, se ahorraría tiempo al no duplicarse el análisis de la admisibilidad que, de este modo, queda en manos del tribunal en su condición de juez del recurso.

Tal duplicidad de análisis se produce en Buenos Aires, en los hechos, en todos los casos: tanto cuando la admisibilidad que hace la Cámara es correcta -ya que la Corte vuelve a revisar esos criterios para corroborar su acierto- como cuando la admisibilidad revisada por el a quo es controvertido por el recurrente, ahora mediante el recurso de queja.

De allí que la tarea que se encargaría al Superior Tribunal no genera una sobrecarga extra pues, en los hechos, ello ya viene realizándose desde antiguo. Se debería, eso si, controlar los tiempos en la Cámara desde que ese fallo se dicta para que todo el iter posterior -interposición del recurso, traslado y remisión del expediente- no se retrase.

Otra ventaja, ahora de la bilateralización temprana -esto es, antes del estudio de admisibilidad-, es el hecho de que el recurrido puede incluir en su pieza de responde argumentación contraria, justamente, a la admisibilidad del recurso puesto por su contraria.

Si bien es cierto que en este plano de análisis resulta aceptado que el tribunal analiza el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad sin necesidad de escuchar a las partes interesadas, no lo es menos que en el sistema de Buenos Aires el recurrido carece de toda ocasión formalmente prevista para manifestar lo que crea pertinente respecto de la admisibilidad del recurso antes de que se adopte una decisión al respecto. Esta posibilidad no solamente abastece de mejor modo la posibilidad de exponer argumentos a favor de la posición del recurrido -y reforzar la vigencia del principio de bilateralidad- sino que también puede ayudar al Tribunal en el abordaje del análisis de esta fase recursiva, especialmente cuando la admisibilidad muestra aspectos complejos[6].

 

En estos momentos donde se elaboran proyectos de reforma del CPCCBA, creemos que es oportuno señalar estos mecanismos que, productos del federalismo procesal, podrían sumar eficacia al trámite de la casación hoy vigente en otras jurisdicciones.

[1] Ver, entre otros aportes, Camps, Carlos E., “Eficacia como estándar hermenéutico para la validez de normas procesales: breves reflexiones sobre el caso del arbitraje en el Código Civil y Comercial”, Revista del Código Civil y Comercial, junio 2016, La Ley.

[2] Entre otros casos, CIDH, FURLAN Y FAMILIARES Vs. ARGENTINA, sentencia del 31 de agosto de 2012.

[3] Camps, Carlos E., “El mal llamado certiorari bonaerense y la eficacia del proceso en casación”, Jurisprudencia Argentina -Abeledo Perrot-, tomo 2012-II-03.

[4] Federalismo procesal y eficacia de las reformas.

[5] El caso de un recurso fuera de plazo, cuando la sentencia no es definitiva, en los casos en que se requiere analizar el monto del agravio éste no supera el mínimo legal, etc.

[6] Por caso, cuando la definitividad del fallo es discutible o el monto de agravio suscita dudas en su manera de computarlo o se alega la presencia de aspectos relativos a una cuestión federal, particularidad que, por la doctrina de la CSJN sentada in re “Strada”, “Di Mascio” y los fallos que siguieron esta senda, permite excepciones a las reglas de admisibilidad casatoria locales.

El proceso electrónico y el derecho procesal electrónico.

 

 

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El proceso electrónico es el conjunto de actividades que ocurre tanto en los tribunales como fuera de tal ámbito físico -los trámites y procedimientos de muy diversa fisonomía que llevan adelante abogados, empleados, funcionarios y magistrados judiciales- ahora, desplegados con intervención de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a través de las cuales se busca la eficaz resolución de los conflictos.

El derecho procesal electrónico se ocupa, entre otras cosas, del estudio y sistematización de la normatividad específica que se genera a partir de la utilización de tales tecnologías aplicadas al trámite judicial, sea de fuentes formales como de fuentes informales.

El derecho procesal electrónico, por ende, tiene como objeto de estudio al proceso electrónico. De allí que se encuentre en pleno desarrollo[1].

El desarrollo del derecho procesal electrónico -en este aspecto- sigue, en una gran medida, el desenvolvimiento en la realidad de los institutos del proceso digital. Y estos van apareciendo y entrando en funcionamiento en las diferentes jurisdicciones de manera paulatina.

En todo el país ya existen -en mayor o menor medida- muchas de las figuras propias del proceso electrónico. Nos hallamos, entonces, en plena fase de implementación y testeo del funcionamiento del proceso electrónico.

Superadas las etapas de intentos individuales o aislados por introducir este nuevo formato de trabajo y, luego, de las pruebas piloto, hoy podemos encontrar operativos todos los institutos necesarios para un proceso completamente electrónico o digital.

Contamos en la actualidad con sistemas de gestión, de almacenamiento oficial de datos, con interfaces de consulta e interacción remota, con firma digital, subsistemas de notificaciones y presentaciones electrónicas así como de videograbación de audiencias, subastas electrónicas, vías para generar actos de comunicación con organismos no judiciales, etc.

Toda esta parafernalia tecnológica ya está presente entre nosotros y su forma de funcionar ya impacta fuertemente en el proceso judicial.

Desde el plano de la teoría -a la que adherimos- este impacto no puede ser sino beneficioso. El desembarco de las TIC en los estrados de los poderes judiciales y en los estudios de los abogados, por definición, habrá de mejorar sensiblemente la calidad del servicio de administración de justicia.

Sin embargo, desde el plano de la práctica, la cuestión puede mostrar otro rostro.

En esta dimensión, la de los hechos concretos, juegan factores que hacen que la visión teórica e idílica del juicio digital se desdibuje. Aquí aparecen cuestiones relacionadas con los diseños normativos de los institutos, con la interpretación jurisprudencial de las normas en juego, con aspectos sociológicos vinculados a la resistencia a los cambios, con elementos de naturaleza presupuestaria o de planificación de los recursos -materiales y humanos- imprescindibles para implementar con éxito este gran cambio de paradigma, con la necesidad de que -a pesar de esta modificación de los formatos- continúe incólume -en los terrenos del proceso judicial- el respecto a garantías y reglas básicas de las personas que se ven envueltas en un proceso judicial, etc.

En esta situación nos encontramos hoy.

Superado el momento inicial donde hablábamos de un derecho procesal electrónico imaginando el futuro y con únicamente algunos institutos en fase experimental funcionando en la realidad, estamos ahora inmersos en los tiempos de un derecho procesal electrónico que incide en la vida profesional cotidiana de todos los operadores del sistema procesal, en particular de los de la Provincia de Buenos Aires.

Hoy es necesario conocer el derecho procesal electrónico para encontrar allí muchas de las reglas que operan en la realidad -aún cuando no estén ubicadas en la ley procesal- y, fundamentalmente, es necesario conocerlo para buscar las soluciones a los conflictos que se producen cuando el derecho procesal electrónico real da lugar a medidas reñidas con derechos y garantías básicas de los ciudadanos que provienen del derecho procesal a secas, aquél que tiene respaldo en principios y reglas constitucionales y convencionales.

Dicho de modo sencillo: las bondades y ventajas -en abstracto- del proceso electrónico no justifican que se echen a andar mecanismos rituales digitales que desconozcan las básicas garantías de defensa en juicio o que tornen el trámite menos eficaz.

De este modo, la función central -y vital- actual del derecho procesal electrónico es no sólo la de proveer el conocimiento completo, sistematizado y suficiente del fenómeno sino, especialmente, proponer las reglas de hermenéutica -y solución- a los conflictos que la nueva dimensión digital genere al desembarcar en el proceso judicial.

En esta tarea, es mucho lo que viene haciendo el derecho procesal electrónico a la luz de los conflictos concretos que se suscitan en las diferentes jurisdicciones.

Una de las primeras objeciones que se registran respecto de la evolución de esta nueva forma de desarrollar los juicios es la validez de las figuras reguladas por normas que se contraponen a otras de igual o superior rango. Tal ha sido lo acontecido en la jurisdicción nacional y -parcialmente- en la de la Provincia de Buenos Aires, donde los principales cambios al respecto se han plasmado mediante normas emanadas de los Superiores Tribunales sin reformar los respectivos regímenes procesales legales[2].

Si bien se registran intentos de cuestionamiento de esta forma de generar normatividad[3] mediante impugnaciones de la validez de tales acordadas planteados ante el mismo órgano que las emitió, los superiores tribunales se han mostrado renuentes a descalificar tales normas -creemos- en el convencimiento de que el cambio que introducen es positivo y, por ello, el progreso del nuevo sistema debe ser sostenido.

Mirando tal fenómeno desde la óptica amplia del derecho procesal electrónico, encontramos que junto al argumento de la prelación jerárquica normativa -al que se echara mano para intentar descalificar la regulación mediante acordadas contrariando la ley procesal vigente- encontramos otros argumentos que creemos prevalentes y que llegan desde el derecho procesal de raíz constitucional y convencional.

Nos referimos a los clásicos resguardos que brindan las garantías procesales de igualdad, defensa en juicio y debido proceso a los que podemos sumar, a partir de las elaboraciones de los últimos tiempos, la eficacia procesal.

Esta última, entendida del modo en que lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios de sus fallos y, especialmente, en aquellas sentencias donde condena a nuestro país por la forma en que se desarrollaron procesos no penales carentes de tal eficacia procesal (“Fornerón”, “Furlán” y “Mémoli”).

Según la regla aquí sentada, podemos sostener que la validez o invalidez convencional de una norma procesal -cualquiera fuera su ubicación en el sistema normativo de una determinada jurisdicción- dependerá de su eficacia, esto es, de la aptitud del instituto que consagra para brindar soluciones concretas a los litigantes acordes a los particulares intereses en juego y en tiempo razonable.

Por supuesto, el análisis de la eficacia presupone que ya existe el debido contralor de las garantías “clásicas” aludidas -igualdad, debido proceso y defensa en juicio-.

 

Trasladando ello al campo de la tecnología en los juicios, sólo si la figura del proceso electrónico contribuye a simplificar y acelerar el trámite en mayor medida que la figura del proceso tradicional podríamos decir que aquélla es válida. E, incluso, más válida y adecuada que esta otra. Todo ello independientemente del escalón jerárquico en que se ubique y, por supuesto -insistimos hasta el cansancio- sin que exista limitación de garantías procesales básicas.

De allí que en este terreno, sea fundamental conocer el grado de eficacia procesal de los institutos del derecho procesal electrónico. Con la certeza de que las garantías básicas del proceso están a buen resguardo, será preferible siempre la norma que regula el instituto más eficaz.

Y las del derecho electrónico tienen todas las chances teóricas de ser siempre las más eficaces.

La cuestión se torna compleja -como señaláramos- cuando los institutos son analizados en la realidad. Cuando observamos sus diseños normativos y, también, cuando estudiamos la forma en que se implementan concretamente estos sistemas y los tribunales terminan de dar perfil a las figuras específicas. Es así que en muchas ocasiones encontramos ahora que ciertas figuras poseen un diseño que no aporta tal mayor eficacia, desde su concepción. En otro caso, la menor eficacia de las figuras se deriva del modo en que se la implementa o bien, de la jurisprudencia que la integra.

Por traer un ejemplo concreto, en el caso de las notificaciones electrónicas reguladas en el ámbito de la justicia nacional, si bien es claro que se trata de una forma de anoticiamiento que contradice las formas previstas en el aún vigente CPCCN[4], lo cierto es que -más allá de inconvenientes técnicos menores y superables con la práctica- el sistema en sí ha demostrado ser más eficaz que la notificación vía cédula en papel. Aquí la eficacia se manifiesta en la reducción de actos procesales y de intervención de abogados y funcionarios, la simplificación del mecanismo y el ahorro de tiempo, con igual respeto de las garantías en juego e idéntica obtención de la finalidad buscada.

Nótese que en la provincia de Buenos Aires, el sistema de notificaciones electrónicas -aún cuando ha sido receptado en la ley procesal local- no abastece, a nuestro ver, las mayores posibilidad de eficacia al, por caso, excluir de los actos a notificar por este medio a las sentencias definitivas o al utilizar -para determinar el momento en que las notificaciones tienen efecto- el régimen de la notificación ficta (el día de nota siguiente al de la llegada del envío digital) en lugar de aplicar el de la cédula (el día de recepción del envío digital)[5].

Otro tanto ocurre con la cuestión de las presentaciones electrónicas, instituto basilar del proceso electrónico.

En la jurisdicción nacional, la problemática se ha circunscripto a la introducción en formato digital de escritos muy simples (mero trámite). Ello resuelve muchos de los inconvenientes que el tema acarrea en la Provincia de Buenos Aires donde la pretensión ha sido mucho mayor.

Concretamente, en el régimen nacional no existe el problema de la firma de la parte que actúa mediante letrado patrocinante (el derecho procesal general ha avalado siempre la posibilidad de que los escritos de mero trámite sean suscriptos solamente por el patrocinante) ni tampoco aparece allá el grave dilema que se plantea en la provincia cuando una parte desatendiendo el mandato de una acordada introduce en soporte papel una presentación que, por esa norma, debió haber sido hecha en formato digital.

No olvidemos que en la provincia de Buenos Aires estas presentaciones no son las simples y casi inocuas a las que aludíamos recién: aquí hablamos de recursos, impugnaciones, pedidos incidentales, sus contestaciones, etc. Esto es, aquí, en estas actuaciones, se ponen en juego claramente derechos trascedentes de las partes así como las basilares garantías del debido proceso y defensa en juicio.

Para tales hipótesis, la norma dictada por la Suprema Corte de Justicia local -luego de sentar la regla de que “los órganos judiciales no recibirán escritos en soporte papel” y mencionar, de seguido, las excepciones- reza “Si los órganos recibieran un escrito en formato papel que no encuadra en las excepciones antes mencionadas, se limitarán a señalar que el peticionario no cumplió con lo dispuesto en este Acuerdo”[6] (art. 3, Ac. 3886).

Vemos aquí un caso de diseño normativo deficitario: la manda, en estos casos, sólo habilita a “señalar” el incumplimiento. Nada más.

Es evidente la necesidad de integración de esta norma incompleta.

Es en momentos como éste donde aparece la necesidad de que el derecho procesal electrónico brinde la salida. Y es ahora donde la respuesta debe surgir de una mirada integral, donde los destellos de la tecnología no enceguezcan al intérprete y le hagan olvidar que el derecho procesal electrónico antes que electrónico, es derecho procesal.

Volviendo al ejemplo, una posición que podríamos denominar “tecno fundamentalista”, integraría la norma en cuestión disponiendo la invalidez (y, quizás, un “tener por no presentada”) de la pieza en papel ya que incumple con el objetivo de la digitalización, despapelización, etc. que persigue la instalación del proceso electrónico cuando la mirada se posa con exclusividad en el aprovechamiento del uso de las TIC.

Aquí, esta postura de “pura eficacia tecnológica” dejaría sin valor una apelación, una expresión de agravios, la impugnación a una liquidación, un recurso extraordinario, escritos que, por otro lado, fueron presentados en papel como lo manda el CPCCBA y acordadas de la propia SCBA aún vigentes.

Otra interpretación posible, a la que adherimos y que toma el derecho procesal electrónico como una disciplina jurídica antes que informática, habrá de atender a las garantías básicas del proceso que se verían gravemente menoscabadas con aquella posición (la “tecno fundamentalista”) que sólo atiende a la imposición de un mecanismo, de un formato nuevo.

Esta otra interpretación, que propiciamos, busca la forma de compatibilizar tanto uno como otro aspecto. En el ejemplo dado, quizás integrando la norma disponiéndose -luego de señalarse el incumplimiento de la acordada- una intimación a que en plazo breve se cumpla con el envío en formato digital -y con idéntico contenido- de la pieza que vino en papel bajo apercibimiento (ahora sí) de tenérsela por no presentada aclarándose que, para el caso de cumplimiento, se habrá de considerar válida la fecha del cargo del escrito en papel.

Vemos como en esta posición “armonizadora” se sacrifica solo un poco el objetivo de la inmediata y total digitalización en pos de conservar los derechos de fondo y procesales de los litigantes, justamente aquellos que sucumben de modo absoluto si opera la posición “tecno fundamentalista” a la que la norma, con su texto, da lugar.

He aquí un claro y concreto ejemplo de cómo el proceso electrónico -sus normas y prácticas- hoy necesita ser conocido, analizado e integrado.

Las pérdidas de derechos a las que nos referimos pueden estar ocurriendo ahora mismo, por lo cual este interés no es meramente especulativo.

El derecho procesal electrónico -como disciplina- será, entonces la fuente de argumentación tanto para efectuar pedidos ante la judicatura como para que ésta brinde respuesta a las peticiones de los litigantes.

También, tenemos la esperanza de que los principios y las soluciones que puedan generarse en el marco de este tipo de análisis (y, especialmente, a la luz de las prácticas, los resultados y las experiencias concretas que se vienen registrando) sean recogidos por quienes tienen a su cargo el diseño y la reforma de sistemas normativos positivos.

Normas de derecho procesal electrónico que, partiendo del conocimiento de las posibilidades tecnológicas disponibles, contemplen el adecuado modo de aplicarlas al proceso judicial para optimizar las prácticas existentes -reemplazando las ineficaces- sin mengua de las garantías básicas de todo ciudadano ante la justicia son las que marcarán la diferencia cualitativa en este proceso evolutivo que no se detiene.

Si contamos con ello, la transición hacia el proceso completamente electrónico será más simple y segura.

De lo contrario, seguirá siendo necesario el trabajo del derecho procesal electrónico para compatibilizar las normas del proceso electrónico que  se desarrolla en la realidad tribunalicia con los derechos constitucionales y convencionales en juego.

[1] Camps, Carlos Enrique -Director y coautor-, Tratado de Derecho Procesal Electrónico, 1ª. Edición, tres tomos, Abeledo Perrot, CABA, 2015.

[2] Excepción hecha de la cuestión relativa a los domicilios y las notificaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires, aspecto que sí ha sido receptado en el CPCCBA mediante una reforma parcial.

[3] Ver el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de diciembre de 2016 CIV 738l5/20l0/l/RHl in re “Erskis, Gerardo Alberto el Clínica Estrada S.A. y otros si daños y perjuicios – resp. Prof. Médicos y Aux.”

[4] Y aún cuando se emplee el argumento de la validez normativa que emanaría de la habilitación que contiene la ley 26.685.

[5] Ver nuestro análisis del art. 143 del CPCCBA reformado por la ley 14.142 en Camps, Carlos E., Notificaciones Electrónicas, Erreius, CABA, 2017, p. 181 y ss.

[6] La única posibilidad que se contempla de hacer algo diferente con un escrito que debiendo haber sido ingresado digitalmente lo fue en papel se da en el caso de urgencia (“peticiones que no admitieren demora en su proveimiento”).

 

Federalismo procesal y eficacia de las reformas.

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Recientemente hemos tenido la grata experiencia de compartir dos jornadas de trabajo con colegas de la Secretaría Civil del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén a partir de la amable convocatoria de esa Corte.

Allí, al conocer institutos y procedimientos de la casación neuquina -bien diferentes de aquellos que existen en la Provincia de Buenos Aires y a los que próximamente dedicaremos espacio en estas columnas- tuvimos la oportunidad de comprobar de modo empírico -una vez más- la importancia del federalismo procesal al que en tantas ocasiones hemos aludido[1].

Los diseños de los distintos sistemas procesales que rigen en las diferentes provincias albergan figuras muy interesantes para ser analizadas y, eventualmente, adoptadas en otras provincias argentinas.

Hace tiempo que venimos pregonando respecto de la importancia -en estas épocas de reformas procesales- de mirarnos a nosotros mismos al momento de buscar inspiración y mecanismos que permitan el diseño de una mejor y más eficaz administración de justicia.

Si bien es cierto que no siempre figuras de unas provincias habrán de ser eficaces en otras mediante un simple trasplante normativo, no lo es menos que un instituto que funciona adecuadamente en cierto ámbito de nuestro país tiene más chances de funcionar adecuadamente en otro ámbito de la Argentina -con las adaptaciones que sean pertinentes- que un mecanismo procesal proveniente del extranjero, ámbito al que suelen acudir con avidez -por lo común- quienes son encargados de llevar adelante los trabajos preparatorios de una reforma legal en este campo.

El derecho procesal extranjero ha cautivado siempre a quien ha sido llamado para elaborar proyectos de leyes rituales.

Daría la impresión de que su origen -foráneo- fuera, por esa sola circunstancia, garantía de calidad.

Inclusive, se suele promocionar la bondad del instituto evocando el éxito que el mismo evidencia en el contexto nacional del cual se lo importa.

Nada más errado.

La mejor prueba del error de esta “falacia extranjerizante” es, justamente, la posición filosófico-político-jurídica que subyace al federalismo procesal que luce en nuestra Constitución Nacional y que enseña, en muy sintética expresión, que cada realidad provincial debe poder contar con un proceso adaptado a sus particularidades.

Siendo entonces una prerrogativa constitucional de las provincias contar con una ley procesal autóctona, que responda a sus necesidades y realidad locales, si su legislatura adopta un instituto novedoso ello sólo puede hacerse a partir de un estricto test de pertinencia que tenga en cuenta el modo en que la figura habrá de desenvolverse en un concreto contexto social y cultural.

La funcionalidad de una figura nueva nunca puede ser admitida a priori. Mucho menos, por razones de origen. Y mucho menos aún cuando su origen se encuentra en países con historia, cultura e idiosincrasias muy diferentes a las nuestras.

Ello lo observamos con total evidencia cuando se promociona con entusiasmo la incorporación a nuestro derecho procesal de figuras propias del régimen procesal estadounidense sosteniéndose “las claras ventajas” de tales institutos.

Todo ese entusiasmo se desmorona cuando se conoce la forma en la que la sociedad estadounidense funciona en general y en particular, en lo que hace a su relación con el sistema de justicia.

Hace pocas semanas tuvimos la ocasión de ver en terreno este fenómeno -el del funcionamiento del proceso norteamericano y la interacción de ciudadanos, abogados y jueces de ese país- y lo que ya sabíamos surge corroborado de manera dramática: las diferencias que existen entre esa sociedad y la nuestra en lo que hace a la forma que tienen los ciudadanos de relacionarse entre sí, con los abogados y con sus jueces en un contexto de proceso judicial (por referir sólo a uno de los aspectos involucrados en este análisis) son abismales.

No hacemos en este momento un juicio de valor respecto de esas y estas conductas. Sólo destacamos -con énfasis- que son profundamente diferentes a nuestras conductas en igualdad de situaciones.

Ergo, mal haríamos en implantar en nuestro ámbito -tan diferente socialmente- mecanismos que resultan eficaces en aquel contexto.

Por supuesto, no propiciamos el “cierre de fronteras” procesal. Muy importantes son las experiencias legislativas de países y regiones que evidencian mayor proximidad sea cultural -por caso, España o Italia y, en general, latinoamérica-, sea geográfica -nuestros países limítrofes- que bien pueden ser tenidos en cuenta y, si aquel test de pertinencia es superado, pueden brindarnos figuras que habrán de ser utilizadas en nuestro ámbito.

Pero, insistimos, antes de buscar afuera, revisemos dentro de nuestra casa. Aún así -quizás- haya que hacer adaptaciones para ganar en eficacia, pero seguramente no serán tantos los cambios cuando los institutos provengan de una provincia hermana.

[1]Entre otros, Camps, Carlos E., “El federalismo procesal luego de la reforma del Código Civil y Comercial”, Revista del Código Civil y Comercial, mayo 2017, La Ley.

 

El lado oscuro de la eficacia procesal.

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La eficacia procesal -concebida como derecho humano- busca, por un lado, identificar cuáles son los particulares requerimientos, aquellos con urgencia, grave entidad o merecedores de especial protección, de la gente que acude a los tribunales y, por el otro, seleccionar, diseñar –si es necesario- y aplicar los procedimientos que más rápido y de mejor modo brinden una respuesta útil a ese reclamo.

En tal camino nos hallamos desde hace tiempo, proponiendo formas de análisis, argumentos y figuras que puedan servir para estos objetivos.

Partiendo de estas mismas intenciones –loables, por cierto- encontramos casos donde las figuras propuestas, por su diseño, desconocen innecesariamente derechos y garantías de sujetos intervinientes en los procesos, perjudicándolos e –indirectamente- perjudicando el trámite al dejar instalado el germen de la invalidez o nulidad de un trámite completo o de parte esencial de él.

Estas figuras son las que nos colocan en el lado oscuro de la eficacia procesal.

Citaremos aquí dos casos de institutos –de diferente origen y operatividad- que entendemos incluidos en esta categoría: la de figuras concebidas para ganar en eficacia pero que violan o desconocen principios también basales del proceso generando actos procesales endebles, claudicantes.

Uno de ellos es el caso de las denominadas medidas autosatisfactivas.

Se encuentren o no reguladas en normas rituales, el formato de respuesta judicial ante el solo pedido de una de las partes sin que la otra cuente con posibilidad de alegación y prueba antes o después de la adopción de la medida, es inválido por violentar -innecesariamente, insistimos- el basilar derecho constitucional y convencional de defensa en juicio, que tiene en la regla de la contradicción una de sus más prístinas manifestaciones.

El actor pide y el juez concede: el sujeto requirente, feliz. Satisfecho. Su abogado y el tribunal son, para él, la viva imagen de la eficacia. Ello así hasta que llega la noticia de que el trámite fue invalidado por una instancia judicial revisora. Y se debe devolver el dinero recibido[1]. O sucumbe –bajo el peso de la nulidad- la prestación médica obtenida autosatisfactivamente[2].

Creemos –y lo hemos dicho desde antiguo- que el argumento de la eficacia, con relación a la autosatisfactiva, es falaz: no es cierto que sea esa la única vía eficaz para proteger ciertas situaciones graves o urgentes. Con los mismos alcances y efectos protectorios y en el mismo tiempo[3] se consiguen medidas cautelares tradicionales, vinculadas siempre a un proceso de conocimiento principal en cuyo contexto se dará el debate pleno que brinda validez a la medida protectoria y provisoria obtenida con urgencia.

No es posible, en suma, construir la eficacia procesal sobre el desconocimiento del básico derecho de defensa de la contraparte. Ello agravia al demandado –en primer lugar- y también al actor, ya que lo que se consigue fácil y rápido autosatisfactivamente, del mismo modo puede caer por este grave vicio, quizás el más grave dentro del mundo del proceso judicial[4].

El otro caso de figura que busca la eficacia procesal pero desconoce otras garantías, también valiosas, es la del certiorari argentino incluida en el CPCCN en su art. 280.

No desconocemos la importancia de la eficacia procesal en la casación. Mucho menos en la casación federal: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cimero y señero tribunal argentino, debe poder gerenciar adecuadamente el cúmulo de causas que llegan a su decisión para poder dedicarse a ellas con la atención y detenimiento que su alta misión reclama. El atiborramiento, la sobrecarga atentan claramente contra la eficacia de esta fase del proceso.

La necesidad de resolver este problema –operativo- ha sido el factor motivante de la norma incluida en el art. 280 CPCCN. Sin embargo, creemos que del modo en que se concibió el instituto, el legislador ha otorgado a la Corte Suprema una autorización para dictar sentencias arbitrarias: el formato de respuesta que se brinda aplicando la figura del art. 280 CPCCN, creemos, no constituye derivación razonada del derecho vigente de acuerdo con las circunstancias comprobadas de la causa[5]. Mucho menos es una decisión razonablemente fundada, como hoy lo reclama el art. 3 del Código Civil y Comercial de la Nación[6].

Se trata, una vez más, de una figura que pudo haber sido eficaz en su objetivo de reducir el trabajo del Máximo Tribunal, pero que sacrifica innecesariamente la calidad de las respuestas vulnerando –entendemos- el derecho a una sentencia razonablemente fundada que indique, aunque sea escuetamente, los concretos motivos del rechazo de un recurso extraordinario federal que, para este momento, debió haber superado las vallas formales de la acordada 4/2007[7].

En suma, en estos tiempos en los que se trabaja en la reforma de normas procesales en todo el país, no debemos olvidar que para que la eficacia procesal nos muestre su rostro más diáfano debe construírsela sin sacrificar innecesariamente otros principios, reglas o garantías también protectorios.

De lo contrario, nos veremos envueltos en las penumbras de su lado más oscuro.

 

[1] Ver el ya antiguo caso “Kiper” (CS, causa “Banco de la Ciudad de Buenos Aires” sent. del 28/12/2001 [JA 2002-I-230])

[2] Saludablemente, cuando ello ocurrió en un caso del fuero de familia bonaerense, la SCBA reemplazó la inválida orden autosatisfactiva por una medida cautelar tradicional que coincidía en cuanto al contenido y alcance relativo a las prestaciones de salud que requería el paciente menor de edad (“C., M. y otra v. Osmecon Salud. Amparo”, causa Ac. 90868, sent. del 15/12/2004. Leerlo completo aqui: c90868).

[3] Y hasta quizás de oficio, de acuerdo con interpretaciones que pueden hacerse de la pretensión preventiva de daños que trae el Código Civil y Comercial unificado. Camps, Carlos C., “La pretensión preventiva de daños”, Revista del Código Civil y Comercial, número 2, agosto 2015. La Ley.

[4] La violación al derecho de defensa en juicio es una de las pocas, si no la única, razón que puede justificar una declaración de nulidad procesal de oficio. Véase el fallo “C.M.” citado en la nota 2 así como el caso que da lugar al fallo de la SCBA, causa C. 121.570, “Charlón, Emilio Alfredo. Incidente de nulidad” en autos “Asociación Médica de Lomas de Zamora S.A. Quiebra”, sent. del 8 de noviembre de 2017. Leerlo completo aquí: c121570.

[5] Concepto básico de sentencia arbitraria acuñado por la Corte nacional.

[6] Camps, Carlos E., “La sentencia ambiental razonablemente fundada”, Revista de Derecho Ambiental  N° 43 Julio/ Septiembre 2015. Abeledo Perrot

[7] Insistimos es que ello ocurre innecesariamente ya que, como explica Palacio, el trabajo de la Corte previo al dictado de una resolución en base al art. 280 es minucioso. Este tipo de providencias se adoptan –según este autor- luego del análisis del caso y ante la existencia de alguna circunstancia que lleva a su rechazo. Entendemos que muy poco costaría indicar esa o esas circunstancias –aún de modo  escueto- en el despacho de rechazo. Ello es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires cuando aplica la figura del art. 31 bis de la ley 5827. Camps, Carlos E., “El mal llamado certiorari bonaerense y la eficacia del proceso en casación”, Jurisprudencia Argentina -Abeledo Perrot-, tomo 2012-II-03.