Eficacia procesal en la casación: el modelo de Neuquén.

stj neuquen

La eficacia procesal es una forma de conducir los procesos judiciales que alcanza a todas las instancias.

Es un formato que persigue una respuesta de los tribunales acorde con la particular naturaleza de los derechos en juego en cada caso, brindada en tiempo razonable y que otorgue a quien la requiere una solución útil para el conflicto que lo aqueja[1].

Esa manera de conducirse es propia -y fundamental- de la primera instancia, ámbito donde se puede actuar con la mayor cercanía al origen del conflicto adoptando de inmediato las medidas más urgentes y necesarias según el caso. Pero ello no obsta a que también las instancias revisoras deban aplicar estas mismas pautas de eficacia.

En muchos de estos casos, es imprescindible contar con sentencias firmes para que sobrevenga la fase de ejecución y recién ahí obtener el tan ansiado cambio en el mundo que busca el litigante cuando acude al tribunal.

Recordemos que la Corte Interamericana de Justicia ha señalado que la vigencia de las garantías del proceso no concluye con el dictado de la sentencia del proceso de conocimiento, sino que deben seguir rigiendo durante toda la fase de ejecución. Y, además, que el tiempo que insume la ejecución -que presupone una sentencia de conocimiento firme- debe ser computado a los fines de analizar si el trámite (todo) se ha desenvuelto en plazo razonable[2].

Pues bien, en este marco, hace tiempo que hemos venido analizando las formas de dotar de eficacia a los trámites cuando transitan por la etapa casatoria.

En su oportunidad[3], hablando del sistema instaurado en la Provincia de Buenos Aires, hemos destacado las grandes ventajas que en este sentido aportó la figura de las FRS -Facultades de Resolución Simplificada- que fuera introducida en la legislación bonaerense mediante la reforma a la Ley 5827 Orgánica del Poder Judicial incluyendo en el art. 31 bis estos particulares mecanismos de respuesta a recursos extraordinarios, figura que -luego- terminó de ser perfilada por la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia local.

Con motivo de la visita que hace poco tiempo hicimos al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén[4], tuvimos la ocasión de conocer otro formato de trámite de recursos extraordinarios locales, el que contempla la ley 1406 y que, entendemos, sería de mucha utilidad en jurisdicciones donde el régimen es similar al que hoy se aplica en Superiores Tribunales como el de la Provincia de Buenos Aires ya que -estamos convencidos- habría de dotarlo de mayor eficacia.

En muy prieta síntesis, en los sistemas casatorios como el que regula el CPCCBA los recursos extraordinarios en materia civil, comercial y de familia se articulan ante la Cámara que dictó el fallo que se busca revisar. Este tribunal realiza un control de admisibilidad primario y, si encuentra cumplida una serie de recaudos, concede el recurso ante la Corte remitiendo los autos.

Arribadas las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, este control de admisibilidad vuelve a realizarse de modo oficioso y completo.

De esta nueva ponderación puede surgir que la admisibilidad fue bien abordada y solo queda o bien aplicar las reglas de trámite de la figura del art. 31 bis de la ley 5827 o, previa vista a la Procuración General cuando proceda, llamar autos para sentencia -providencia a la que seguirá un plazo para la presentación de memorias, cumpliéndose de ese modo la sustanciación- y así, luego, obtener la condigna respuesta del Tribunal, con formato de resolución -con fuerza de sentencia definitiva- en el primer caso o como sentencia definitiva en el segundo.

Por el contrario, si la Corte encuentra que el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad no fue bien controlado por la Cámara puede requerir actividad complementaria a las partes (por caso, aportar información para conocer el valor de los agravios, requerir integración de depósitos insuficientes, demostrar la obtención del beneficio de litigar sin gastos, etc.).

Y, en todos estos casos, sea en forma directa -cuando el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad no puede ser superado por actividad procesal posterior[5]– o como consecuencia del incumplimiento de la actividad solicitada a la parte por la Corte, puede sobrevenir una resolución declarando mal concedido el recurso extraordinario.

Desde otro ángulo, si fue la Cámara la que no concedió el recurso, el recurrente puede acudir a la Corte mediante un recurso de queja buscando que el Tribunal superior (el juez del recurso) controle ese análisis de admisibilidad hecho por el a quo.

En el marco de este recurso, la Corte realiza -revisando lo hecho por la Cámara- un nuevo e integral estudio de admisibilidad.

 

Ello es bien diferente en el sistema neuquino, donde impera un mecanismo que, a nuestro juicio, es más eficaz.

 

En esa provincia el recurso, si bien se interpone ante la Cámara (art. 2, ley 1406), este órgano se limita a disponer la bilateralización (confiere traslado al “apelado” en ese momento, art. 3, ley 1406) y así, el expediente con el recurso más las piezas que se hayan presentado en cumplimiento del traslado dispuesto son remitidas al Tribunal superior (art. 4, ley 1406).

Aquí, en la sede casatoria, se produce el único estudio de admisibilidad, dictándose una resolución fundada al respecto luego de la actividad procesal pertinente que corresponda requerir a la parte que recurre (art. 5, ley 1406).

Si los recaudos de admisibilidad están cumplidos, previa vista al fiscal si corresponde, se pasa al dictado del fallo con el dictado de la providencia de autos.

Si la admisibilidad no se ha cumplido -sea originalmente o como consecuencia del incumplimiento de las intimaciones que se pudieran haber cursado- sobreviene una declaración de inadmisibilidad que, por ser dictada por el Superior Tribunal, sólo puede ser revisada mediante el recurso extraordinario federal.

 

Haciendo paralelismos y comparaciones y -especialmente- conociendo desde hace mucho tiempo la forma en que trabaja la Suprema Corte de Justicia aplicando el sistema que hoy regula el CPCCBA, estamos convencidos de que un sistema como el que prevé la ley neuquina en este punto tornaría más eficaz el tránsito del conflicto judicializado por la esfera casatoria.

Concretamente, se ahorraría tiempo al no duplicarse el análisis de la admisibilidad que, de este modo, queda en manos del tribunal en su condición de juez del recurso.

Tal duplicidad de análisis se produce en Buenos Aires, en los hechos, en todos los casos: tanto cuando la admisibilidad que hace la Cámara es correcta -ya que la Corte vuelve a revisar esos criterios para corroborar su acierto- como cuando la admisibilidad revisada por el a quo es controvertido por el recurrente, ahora mediante el recurso de queja.

De allí que la tarea que se encargaría al Superior Tribunal no genera una sobrecarga extra pues, en los hechos, ello ya viene realizándose desde antiguo. Se debería, eso si, controlar los tiempos en la Cámara desde que ese fallo se dicta para que todo el iter posterior -interposición del recurso, traslado y remisión del expediente- no se retrase.

Otra ventaja, ahora de la bilateralización temprana -esto es, antes del estudio de admisibilidad-, es el hecho de que el recurrido puede incluir en su pieza de responde argumentación contraria, justamente, a la admisibilidad del recurso puesto por su contraria.

Si bien es cierto que en este plano de análisis resulta aceptado que el tribunal analiza el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad sin necesidad de escuchar a las partes interesadas, no lo es menos que en el sistema de Buenos Aires el recurrido carece de toda ocasión formalmente prevista para manifestar lo que crea pertinente respecto de la admisibilidad del recurso antes de que se adopte una decisión al respecto. Esta posibilidad no solamente abastece de mejor modo la posibilidad de exponer argumentos a favor de la posición del recurrido -y reforzar la vigencia del principio de bilateralidad- sino que también puede ayudar al Tribunal en el abordaje del análisis de esta fase recursiva, especialmente cuando la admisibilidad muestra aspectos complejos[6].

 

En estos momentos donde se elaboran proyectos de reforma del CPCCBA, creemos que es oportuno señalar estos mecanismos que, productos del federalismo procesal, podrían sumar eficacia al trámite de la casación hoy vigente en otras jurisdicciones.

[1] Ver, entre otros aportes, Camps, Carlos E., “Eficacia como estándar hermenéutico para la validez de normas procesales: breves reflexiones sobre el caso del arbitraje en el Código Civil y Comercial”, Revista del Código Civil y Comercial, junio 2016, La Ley.

[2] Entre otros casos, CIDH, FURLAN Y FAMILIARES Vs. ARGENTINA, sentencia del 31 de agosto de 2012.

[3] Camps, Carlos E., “El mal llamado certiorari bonaerense y la eficacia del proceso en casación”, Jurisprudencia Argentina -Abeledo Perrot-, tomo 2012-II-03.

[4] Federalismo procesal y eficacia de las reformas.

[5] El caso de un recurso fuera de plazo, cuando la sentencia no es definitiva, en los casos en que se requiere analizar el monto del agravio éste no supera el mínimo legal, etc.

[6] Por caso, cuando la definitividad del fallo es discutible o el monto de agravio suscita dudas en su manera de computarlo o se alega la presencia de aspectos relativos a una cuestión federal, particularidad que, por la doctrina de la CSJN sentada in re “Strada”, “Di Mascio” y los fallos que siguieron esta senda, permite excepciones a las reglas de admisibilidad casatoria locales.

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