En los primeros días de enero leíamos la siguiente carta de lectores, publicada en el diario La Nación del sábado 6 de enero de 2018:

La feria judicial

A propósito de la nota «La injusticia de la feria judicial», quisiera señalar que en el Fuero Civil, al que pertenecemos y conocemos, durante la feria funcionan cuatro juzgados, tres de ellos con competencia en asuntos de familia (menores, alimentos, capacidad) que resuelven casos urgentes. Las seis horas diarias son de atención al público; la mayoría de los empleados, funcionarios y jueces continúan trabajando más allá del horario e incluso los fines de semana, como quienes escriben estas líneas. Creer que el acceso permanente a la Justicia, como derecho, se resuelve con un cambio de horario revela el desconocimiento del sistema. Para su buen funcionamiento requiere la creación de más juzgados, centros de mediación efectivos y recursos del Estado eficientes dirigidos a la niñez, adultos mayores, personas con capacidad restringida y personas de escasos recursos. Los judiciales (empleados, funcionarios y jueces) nos esforzamos día a día (y muchos de ellos más allá del horario) para brindar el mejor servicio de justicia, a pesar de los obstáculos mencionados, que no son los únicos, y esta es en parte la razón de por qué no ha colapsado aún el fuero. Creer que el sistema de Justicia va a mejorar con los cambios que propone el autor de la nota es ignorar el problema real.

José Abram Luján – DNI 17.786.903 – María Fernanda Dorador – DNI 23.221.255

He aquí la opinión de dos ciudadanos respecto de lo afirmado unos días antes en el mismo periódico, en una nota en la que se cuestionaba la permanencia de la feria judicial, proponiéndose su eliminación.

Ello se enmarca en un movimiento –cada vez con mayor repercusión mediática- por el que se intenta instalar la idea de que eliminando las ferias judiciales y poniendo a trabajar a los tribunales durante ese tiempo, la justicia habrá de mejorar.

Al igual que los autores de la carta referida, entendemos que “creer que el sistema de Justicia va a mejorar con los cambios que propone el autor de la nota es ignorar el problema real”.

Para mejorar la justicia de los fueros civil y comercial y asimilables -excluyendo la materia penal, con un procedimiento y prácticas particulares sobre el que nos abstenemos de opinar por ubicarse fuera del ámbito de nuestra especialidad- se debe ganar en eficacia.

Y la búsqueda de la eficacia procesal no se trata simplemente de eliminar ferias, reducir recesos o habilitar días y hora inhábiles. Es algo más complejo que eso. La sola medida propuesta de eliminar ferias no mejorará las cosas sino que, con seguridad, habrá de empeorarlas: un juzgado ineficaz pasará, ahora, a ser ineficaz full time.

El desafío es otro: lograr que el juzgado se vuelva eficaz.

Un juzgado eficaz, entre otras virtudes, se organizará de diferente modo, aplicará oralidad en los casos en que se justifique, tendrá la posibilidad de discriminar qué pretensión requiere de una respuesta inmediata y protectoria y la dispondrá cuando corresponda –aún de oficio si procede-, resolverá en tiempo razonable el resto de los trámites de acuerdo con los requerimientos derivados la complejidad del caso –siempre en la confianza de que se han tomado las decisiones de adelanto de tutela que el tipo de derecho en juego imponga-, etc.

Ello puede ser llevado a cabo perfectamente sin eliminar las ferias judiciales. Por el contrario, nada asegura que la mentada eficacia se logre con solo eliminar las ferias.

Las ferias judiciales como hoy están concebidas constituyen una forma de organización  del trabajo en los tribunales y, por vía indirecta, de los profesionales del derecho que ante ellos litigan.

Aún con ellas vigentes se debe exigir –insistimos- eficacia procesal. La protección y amparo que los ciudadanos necesitan de los tribunales debe ser eficaz.

El sistema debe funcionar de modo que las respuestas eficaces se brinden siempre, independientemente de los períodos de feria y más allá de ellas: son muy frecuentes –aunque nunca divulgadas- las tareas judiciales que se realizan por fuera del horario diario e, incluso, durante fines de semana y, en muchísimos casos, las ferias judiciales para dar esas respuestas eficaces a las que venimos aludiendo.

Como siempre ocurre, lo que es noticia y brinda argumentos para quienes proponen medidas como las que aquí nos ocupan, son los casos de demoras y respuestas judiciales ineficaces y frustratorias de derechos. Estos casos –que no son la mayoría dentro de los tribunales- evidencian una mala forma de gestionar. Y tales prácticas viciosas no se resolverán simplemente aumentando el tiempo laboral al eliminar ferias.

La clave está en la mejora de la calidad de la gestión.

Una correcta gestión tribunalicia deberá organizar cada una de las dependencias de modo de brindar el grueso de esas respuestas eficaces durante el tiempo hábil y prever –como hoy están previstos- mecanismos para que existan también respuestas eficaces y protectorias para los casos que las reclamen durante las ferias: jueces de turno, guardias judiciales, etc.

Con el advenimiento del derecho procesal electrónico, se desvanece otro de los argumentos que se utilizan para proponer la eliminación de las ferias, cual es la necesidad de contar con más tiempo con el juzgado abierto para la atención al público. En los tribunales, la atención al público se vincula –en su casi absoluta totalidad- a la presentación de peticiones y consulta de estados de trámite por parte de los letrados de las partes. Hoy todo ello puede hacerse de modo remoto durante todas las horas de todos los días del año desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de asistir al edificio donde funciona un tribunal abierto.

Por supuesto que la mejora de la gestión tribunalicia que busque la eficacia procesal es una tarea ardua que involucra no solamente a los actores principales –jueces y funcionarios judiciales- sino también –y de modo esencial- a los poderes judiciales de los que dependen, que deben proveer de políticas de acompañamiento y control de gestión donde se planifique debidamente –por agentes que conozcan a fondo el particular funcionamiento de una oficina judicial-, se fijen indicadores cualitativos y cuantitativos de trabajo judicial, se fijen metas de cumplimiento ajustadas estrictamente a la tarea de una dependencia concreta –ponderando tanto la masa de trabajo existente, como el tipo de tareas y la dotación de recursos humanos y de infraestructura con los que cuenta-, se monitoreen avances, se brinden las apoyaturas necesarias y, luego de toda esa batería de medidas y asistencia, se observen –y hasta sancionen- los incumplimientos y demoras injustificadas.

Quitar las ferias judiciales es una medida rápida y simple. De ese modo, todas las dependencias del poder judicial estarán abiertas más tiempo. Sin embargo, como dice la carta de lectores, ello no soluciona «el problema real». Ello, por sí solo, no logrará lo verdaderamente importante: que el poder judicial trabaje mejor al prestar un servicio de justicia más eficaz.

Los ciudadanos, todos, necesitamos en forma imperiosa de un juez comprometido con los mandatos de la eficacia procesal y que cuente con la preparación y los recursos suficientes para brindarla, no un juez que simplemente pase más horas sentado en su despacho.