El diario La Nación publicó los días 11 y 12 de enero de este año 2022 dos editoriales. En realidad, uno en dos partes. Allí se analiza la situación actual del Poder Judicial bonaerense. El título (“La justicia bonaerense en descomposición”), para quienes estamos orgullosos de formar parte de ese poder judicial desde hace casi 30 años, preocupa y duele.

Que la situación de los judiciales -la de todos nosotros, desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta el último auxiliar en el último escalafón- en nuestra condición de trabajadores del estado bonaerense es precaria, no es novedad.

Lo que sí puede verse como un fenómeno relativamente nuevo es el cada vez más notorio ataque y degradación que sufre el poder judicial (bonaerense en este caso, pero también de otras jurisdicciones) por parte del poder político, ya no solamente en lo que hace a las condiciones de trabajo y remuneración de sus integrantes sino ahora también desde el plano de la institucionalidad. La embestida proviene de los poderes ejecutivos en las diferentes jurisdicciones, muchas veces (cuando las mayorías en la conformación del cuerpo lo permite o las negociaciones entre agrupaciones partidarias arrojan buenos resultados) con el acompañamiento del poder legislativo.

Es decir, el “ala política” del Estado (los poderes ejecutivo y legislativo) contra el “ala no política” (el poder judicial). A muchos les gustará hablar aquí de los poderes “elegidos por el pueblo” contra el poder “no elegido por nadie”. Pero sobre eso, ya volveremos.

Los editoriales de enero, publicados en uno de los tres principales diarios argentinos (junto con Clarín y Página 12) llevaron al escenario nacional una cuestión de la que poco se sabe fuera de la provincia de Buenos Aires y, aún dentro de ella, fuera del círculo propio de los agentes judiciales. Surge evidente que lo buscado por La Nación es poner de relieve el estado del poder judicial bonaerense no tanto por su gravedad en sí, sino por el vínculo que el periódico -siguiendo su línea política por todos conocida- establece entre la situación judicial en la provincia y la injerencia del actual ejecutivo nacional, cargando las tintas en la figura de la vicepresidenta.

No es este el momento de analizar la lectura política que hace el editorialista de La Nación. Las especulaciones de este tenor corresponden al medio que las suscribe. Sin embargo, sí quiero rescatar la importancia de que se haya hablado del tema en un diario de gran tirada, no solamente por la visibilidad que ello le da a la problemática real del poder judicial de Buenos Aires sino porque entiendo que en las publicaciones se describe adecuadamente la situación objetiva por la que estamos atravesando todos los bonaerenses, tanto los judiciales como operadores del sistema de prestación de justicia como el resto de la población (¡que también incluye a los judiciales!) como usuaria del mismo servicio.

Se menciona allí la gravísima demora en la cobertura de muchas vacantes de cargos tanto de Administración de Justicia (jueces, en sus diferentes niveles, incluida los de la propia Suprema Corte) como del Ministerio Público (fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces). Existe una enorme cantidad de cargos vacante en ambos ámbitos. Ello desde hace mucho tiempo. El sistema de jueces suplentes previsto en la provincia en insuficiente. Un gran número de jueces y funcionarios deben atender además del despacho y audiencias de su propia dependencia, el trabajo de otra oficina judicial como subrogantes lo que conlleva múltiples desventajas que repercuten, todas, en la calidad del servicio de justicia.

Se alude a la falta de previsión presupuestaria para la creación de nuevos cargos a los fines de responder a un creciente aumento de los índices de litigiosidad, especialmente en fueros de particular importancia por estar vinculados con sectores de alta vulnerabilidad de la sociedad (me refiero a los fueros de familia, del trabajo y de la Justicia de Paz).

Se señala la tremenda brecha existente entre las remuneraciones del poder judicial de Buenos Aires (de todos sus escalafones) y las de la mayoría de las demás jurisdicciones argentinas, incluida -especialmente- la Justicia Federal. Poco se conoce del tema a nivel general de la sociedad toda, tanto bonaerense como argentina.

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Por igual tarea (o, quizás, más) y con igual categoría judicial, un magistrado o funcionario bonaerense -de cualquier rango- percibe un sueldo que no llega al 50 % del que cobra una persona con el cargo equivalente de la justicia federal.

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La segunda parte del editorial indica los inconvenientes que acarrea para el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia la falta de cobertura de tres cargos de los siete que la componen. En este sentido, se desvirtúa el sistema de rotación anual de la Presidencia del cuerpo (con cuatro integrantes, el ciclo completo es mucho más breve), se genera una situación disfuncional frente a la falta de coincidencia en los votos de los cuatro Jueces “naturales” debiéndose acudir a la integración del tribunal por magistrados ajenos al mismo (en el caso, los Jueces del Tribunal de Casación Penal, empezando por su Presidente que, además, es un juez distinto cada año) y se entorpece el normal desarrollo de las tareas del Jurado de Enjuiciamiento, cuerpo encabezado por el Presidente de esta Corte quien, con la integración raquítica, acumula trámites a su cargo cada cuatro años en lugar de cada siete. Los Secretarios Jurisdiccionales del tribunal observamos cómo el trabajo de la Corte (que no ha mermado en su ingreso) pasó de ser abordado por siete jueces a ser abordado por cuatro. Claramente cada vocalía duplicó la tarea a su cargo. Lo mismo ocurre con la actividad de gobierno del tribunal, que ocupa una gran parte de la agenda de la Corte.

¿Qué tiene que ver todo esto con la eficacia procesal?

Muchísimo.

Jamás podrá cumplirse adecuadamente y en todos los casos con el derecho humano al proceso eficaz si la estructura gubernativa que presta el servicio de justicia se encuentra en la situación que se describe en estos editoriales y que, a mi juicio, se ajusta a la realidad.

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Y aún más: creemos que un poder judicial en este estado, atacado y abandonado por el poder político, pone en grave riesgo la vigencia del sistema republicano de gobierno de la provincia más importante del país por su extensión territorial, demografía, niveles de litigiosidad, variedad de economías, etc.

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Nótese que absolutamente todos los problemas señalados encuentran solución en la actividad del poder ejecutivo y del poder legislativo. Son los “poderes políticos” los que se suceden en los diferentes períodos gubernativos sin procurar la mejora del poder judicial provincial, cuando está en sus manos hacerlo.

El editorial de La Nación se enfoca en la cuestión generada durante el actual gobierno (nacional y provincial), pero el problema no es de esta gestión. Data de mucho tiempo atrás, abarcando administraciones tanto del mismo signo político que el que hoy gobierna como del signo político opositor. Sí es verdad que en gobiernos como el que actualmente tiene a su cargo la conducción de la nación y la Provincia de Buenos Aires es más frecuente escuchar posiciones, discursos y teorías hostiles a aceptar una de las reglas básicas del republicanismo como es la independencia del poder judicial considerándoselo o bien un principio demodé o bien, una situación de privilegio inaceptable respecto de funcionarios estatales (los jueces) que no fueron elegidos directamente por la voluntad del pueblo. En tal contexto ideológico, cuesta mucho no vincular el abandono y postergación del poder judicial con la premeditada acción (y omisión) de los otros dos poderes del Estado. Sin embargo, dejando de lado las declamaciones doctrinarias y limitándonos a observar los hechos concretos, las cosas durante el gobierno de la alianza opositora tampoco fueron mejores.

Desde ningún extremo de este arco político han surgido medidas serias para sacar al poder judicial del atraso y debilidad en el que se encuentra.

Es decir, el Estado bonaerense, desde hace mucho tiempo, no se encarga de asegurar la correcta administración de justicia como lo manda la constitución nacional en su art. 5 y, por ende, expone a que nuestro país siga siendo condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con motivo de la violación al derecho humano al proceso eficaz, con base en los arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. No es casual que dos de las cuatro condenas a la Argentina por procesos no penales ineficaces provienen del poder judicial del que estamos hablando (los casos “Mémoli” y “Spoltore”).

En esta misma línea, podemos señalar que tanto el poder ejecutivo actualmente en el poder como el de la anterior gestión (de signos políticos antagónicos) nos han ofrecido, cada uno de ellos, un proyecto de reforma procesal civil y comercial.

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En ambos proyectos de regulación procesal encontramos una idea directriz común: debilitar la estructura judicial quitándole, de esa manera, la plenitud de los poderes que constitucionalmente le pertenecen para ejercer un rol fundamental en el resguardo de los derechos de la gente, muchas veces menoscabados por otros departamentos estatales.

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En el proyecto de la gestión anterior ello se lograba instaurando un sistema fordista de resolución de conflictos mediante la producción de acuerdos entre partes para cerrar el litigio y, cuando ello no fuera posible, de sentencias, con estricto control cuantitativo respecto de esta línea de montaje y que, en lo cualitativo, solo requería del formato de la oralidad.

La responsabilidad de cumplir con esta misión dentro de plazos acotados recaía en la estructura existente del poder judicial ya que no se consideraba necesario sumar nuevos organismos, todo a partir de una amañada interpretación de datos estadísticos combinada con una visión de laboratorio de lo que es la gestión judicial. De haber prosperado esa reforma, el colapso inexorable del sistema se encontraba asegurado, repitiéndose experiencias que ya tuvieron lugar varias veces en la historia judicial de la provincia.

En el proyecto de la gestión actual, con mucha más destreza técnica y un lenguaje en total sintonía con las vanguardias de la inclusión y la claridad, al amparo de la necesidad de mejorar la gestión judicial se instaura un sistema que priva al juez del control y manejo de parte sustancial del trámite y se lo entrega a un funcionario diferente, un “administrador general” de quien dependerán las diferentes oficinas donde se llevarán a cabo la enorme cantidad de actos procesales (de comunicación, de prueba, de documentación, etc.) que conforman el proceso dejando al juez con la única misión de tomar audiencias y dictar resoluciones y sentencias, bajo el atento seguimiento, control e informe al superior de este “administrador”. Se pretende “mejorar” la gestión a través de un sistema que no solo es ajeno a la idiosincrasia judicial bonaerense sino que, puesto a prueba en jurisdicciones muchísimo más pequeñas, no solamente no muestra grandes ventajas y sí exhibe, por el contrario, dificultades que, amplificadas por la dimensión del poder judicial bonaerense, permiten aventurar un nuevo colapso funcional.

A ello debe sumarse el salvaje recorte de competencias funcionales que se le realiza a la Suprema Corte de Justicia así como las limitaciones para la generación de la “doctrina legal” sin otro justificativo que no sea la animadversión del poder ejecutivo hacia la cabeza del poder judicial y al poder judicial todo al que ya hicimos referencia.

Ante este panorama, es muy difícil avizorar un futuro promisorio para la plena vigencia de la república en la provincia de Buenos Aires.

Mientras el poder político -del signo partidario que fuere- siga atacando y debilitando al Poder Judicial como lo viene haciendo desde hace varios años, la existencia de un proceso eficaz para todos será una quimera.